¿Casi 30,000 comentarios complicarán aumento de tarifas migratorias de USCIS?
Defensores de inmigrantes acusan castigo a grupos vulnerables
Este lunes terminó el periodo para recibir comentarios públicos para la regla de nuevas tarifas de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y organizaciones civiles urgieron a personas, asociaciones y gobiernos a expresar su punto de vista, lo que derivó en casi 30,000 mensajes.
La Oficina de Regulaciones cerró el periodo y expuso que se recibieron 29,248 mensajes, los cuales deberán ser revisados por oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), quienes integrarán respuestas en la redacción de la regla final.
“Las agencias revisan todas las presentaciones (de comentarios); sin embargo, algunas agencias pueden optar por redactar o retener ciertas presentaciones (o partes de ellas), como las que contienen información privada o con registro de propiedad, lenguaje inapropiado o ejemplos duplicados… de una campaña de correo masivo”, indica la oficina de Regulaciones. “Esto puede generar discrepancias entre este recuento y los que se muestran al realizar búsquedas en el tipo de documento”.
No hay una fecha específica en que se den a conocer las nuevas tarifas, aunque se estima que esto ocurra durante el inicio de la primavera.
Hay varios comentarios que no fueron aceptados, aunque no se especifican los motivos, como la intención de ampliar el periodo para recibir opiniones del público sobre la regla.
Tampoco se aceptaron dos tablas con correcciones de redacción, precisiones en lineamientos y anexos sobre tarifas, entre otros.
Entre los políticos que emitieron comentarios están el representante Tony Cárdenas (D-California), quien destaca que el incremento afectará severamente los procesos de naturalización.
“El aumento propuesto por la agencia es una carga injusta impuesta a potenciales nuevos estadounidenses”, afirma en su mensaje a USCIS. “La propuesta inevitablemente tendría un precio cientos de miles, si no millones de personas elegibles para obtener la ciudadanía y otros beneficios de inmigración para los que califican”.
Organizaciones civiles y religiosas como el Centro St. Frances Cabrini de Asistencia Legal para Inmigrantes de Caridades Católicas de la Arquidiócesis de Galveston- Houston, apunta que la medida de USCIS afectará a inmigrantes vulnerables.
“Estamos preocupados por una cantidad de las tarifas y propuestas de políticas en el programa de tarifas publicado”, señala Zenobia Lai, vicepresidente de Servicios Legales de Inmigración. “Solicitamos a USCIS retirar todas las disposiciones que hacen que los beneficios de inmigración sean menos accesibles para personas de bajos ingresos y otros inmigrantes vulnerables”.
Rechaza que haya una tarifa para solicitantes de asilo, así como aumentos para los “dreamers” protegidos por la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), además del alza para naturalización y las modificaciones para exención de pagos.
Entre los incremento que más preocupan están la tarifa para aplicar a la ciudadanía que subiría a $1,170 dólares, así como la unificación del precio para el Formulario I-881, Solicitud de Suspensión de Deportación o Regla Especial de Cancelación de Expulsión, que actualmente tiene un costo de $285 dólares por una persona y de $570 dólares por familia. El nuevo precio sería de $1,800 dólares, que en el primer caso representa el aumento de 532% y en el segundo de 216%.
Abogados migratorios han hecho análisis de las propuestas y señalan que las nuevas tarifas no impactarán solamente al presentar un formulario, sino que se suman a varios procesos migratorios, como las presentaciones completas para Residencia Permanente, estimada en $1,225 dólares, ya que podría incluir documentos iniciales de Autorización de Empleo y libertad condicional anticipada, así como renovaciones mientras el caso de ajuste está pendiente con la agencia.
“La propuesta requeriría nuevas tarifas por separado para una Autorización de Empleo de $490 dólares y una ‘libertad condicional’ de $585 dólares, lo que elevaría el costo de presentar una solicitud a $2,195 dólares”, advirtió la firma Constangy Brooks Smith & Prophete LLP en un artículo de lexology.com.