La moratoria de desalojos en Nueva York no protege a indocumentados

Las moratorias se paran si se prueban las dificultades derivadas del COVID-19, algo que para muchos es difícil

NEW YORK, NY - MAY 1:  A banner reading "Cancel rent Cuomo" hangs on a building on May 1, 2020 in the Crown Heights neighborhood in the Brooklyn borough in New York City. Tenants rights groups trying to persuade the government to halt rent and mortgage payments for as long as the economy is battered by the coronavirus.(Photo by Stephanie Keith/Getty Images)

NEW YORK, NY - MAY 1: A banner reading "Cancel rent Cuomo" hangs on a building on May 1, 2020 in the Crown Heights neighborhood in the Brooklyn borough in New York City. Tenants rights groups trying to persuade the government to halt rent and mortgage payments for as long as the economy is battered by the coronavirus.(Photo by Stephanie Keith/Getty Images) Crédito: Getty Images

La normativa para la moratoria de desalojos en Nueva York que se convirtió en ley la semana pasada — el Tenant Safe Harbor Act–, no es suficiente para proteger a los más vulnerables como los trabajadores de la gig economy y sobre todo los indocumentados. Así lo expusieron el martes, decenas de personas que se manifestaron en Brooklyn y en El Bronx para demandar, una vez más, la cancelación de la renta y la extensión de la moratoria de desalojos hasta finales de año para todos los inquilinos.

El problema de la ley es que aunque protege con una moratoria de desalojo hasta el fin de la emergencia por el coronavirus, cuando esto ocurra, los caseros aún pueden llevar a los inquilinos a la corte. Si estos pueden demostrar que están haciendo frente a dificultades en los pagos por la situación generada por la pandemia, entonces no serán desalojados. Pero los trabajadores de la economía en la sombra, y entre ellos los indocumentados, no pueden probarlo por lo que quedan a merced de las sentencias y los posibles desalojos.

Se estima que hay unas 50,000 demandas de desalojo a la espera de ser tramitadas por los tribunales. Los participantes en la marcha pidieron al Gobernador, Andrew Cuomo, que acabaran estos procedimientos por desalojos que sufren sobre todo las comunidades latina y negra, que también son los más afectados por la crisis de salud.  

Los activistas que organizan estas marchas recuerdan los estragos del desempleo en la ciudad y el hecho de que muchos trabajadores no han recibido ninguna ayuda. No tienen ni derecho al seguro de desempleo ni al cheque de alivio que mandó el Gobierno pese a que pagan impuestos.

El esposo y el hijo de Renalda Iciano de El Bronx acudieron a la marcha. Ella tiene un daycare y puede demostrar la situación económica golpeada por una pandemia que ha cerrado centros como el suyo. Aunque ella esté protegida por la ley cree que todo el mundo tiene que tener la misma protección. “Todos somos seres humanos”, explica.

Dice que es la primera vez que debe al casero la renta de un apartamento con una habitación que comparte con su esposo, su hijo y últimamente con otra hija que es madre de un bebé.

Sabe que hay otros que deben más meses que ella en un edificio del que tiene quejas. “Hay mucha delincuencia y prostitución. Las cámaras recogen todo lo que pasa”, dice antes de hablar de evidencias de drogadicción y prostitución en zonas comunes. “Nos hemos quejado al casero pero no pasa nada”. “Ahora”, lamenta, “el super no viene más que a media jornada”.

Los participantes en la marcha hicieron oír sus quejas sobre cómo la peor parte de la pandemia la están llevando las comunidades latinas y afroamericanas y cómo esta situación es un legado de la situación de desventaja histórica que les deja mucho más vulnerables.

La mayor parte de los neoyorquinos son inquilinos y desde estas organizaciones se explica que no se puede dejar sin escuchar a la mayoría de los ciudadanos.

En sus demandas, estos inquilinos también interceden por los pequeños caseros que también precisan de apoyo en el pago de sus obligaciones y tienen problemas para hacerles frente por el efecto dominó que está teniendo en la economía el frente de inactividad económica con el que se quiere parar el avance del COVID-19.

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