Piden pasar ley que elimina tarifas judiciales predatorias y acabar así con la ‘criminalización de la pobreza’

Una coalición protestó para exigir que la Legislatura Estatal apruebe el proyecto legislativo ‘End Predatory Court Fees Act’

Piden pasar ley que elimina tarifas judiciales predatorias y acabar así con la ‘criminalización de la pobreza’
Peggy Herrera asegura que tuvo que usar hasta el cheque de estímulo para pagar las deudas judiciales de su hijo.
Foto: Cortesía

Al grito de “no precio a la justicia” y la “pobreza no es un crimen”, un grupo de activistas, legisladores estatales y personas afectadas, se congregaron este miércoles en las afueras de la Corte Criminal de Manhattan, para protestar y exigir que la Legislatura Estatal apruebe un proyecto de ley que eliminaría las altas multas y tarifas en los tribunales, que provocan que los neoyorquinos de más bajos ingresos no puedan salir del sistema judicial al no poder pagar esos montos, y sencillamente sea criminalizados por ser pobres.

Como parte de la campaña ‘No Price on Justice’, la coalición de organizaciones que luchan por la justicia económica y racial, grupos comunitarios y personas afectadas, insistió que ahora que los senadores y asambleístas ya aprobaron el presupuesto estatal, deben enfocarse en los dos meses que restan del periodo de sesiones legislativas en pasar el ‘End Predatory Court Fees Act’ (Ley para poner fin a las tasas judiciales predatorias), y así demostrar que en Nueva York la “pobreza no es un crimen”.

“Soy la madre de un hijo con problemas mentales y que debido a ello ha tenido varias confrontaciones con policías, que me han obligado a pagar fianzas. Y cuando le dije al juez que no la podía pagar, me persuadió para que usara una tarjeta de crédito, y ahora sigo pagando esas deudas”, dijo Peggy Herrera, agregando que en algunas ocasiones “he tenido que decidir entre si pagar la renta o pagar por mi hijo”.

La desesperada madre, quien es miembro del ‘Center for Community Alternatives’ y líder de la campaña ‘No Price on Justice’, explicó que hasta este día, “ya mi hijo está de vuelta en casa pero debo trabajar horas extras para pagar esas deudas, multas y tarifas de la corte, y hasta el reciente cheque de estímulo que me dio el Gobierno lo usé en estas deudas. Ellos siguen cobrando esos montos para mantener a sus jueces, a costa de nuestra dignidad y creando más pobreza”.

Actualmente muchas de las actividades que se realizan en las cortes dependen de los ingresos financieros que se obtienen a través de cobro de tarifas y multas a las personas que están envueltas en procesos judiciales, muchas de las cuales son de bajos ingresos que al no poder pagar esos costos, no pueden salir del ‘círculo vicioso’ del sistema judicial.

Qué propone el proyecto de ley

La propuesta de ley para poner fin a las tasas judiciales predatorias y encontrar formas más equitativas de financiar las cortes, busca eliminar los cobros que se hacen en trámites como los de libertad condicional y probatoria, varias multas mínimas obligatorias en los tribunales, eliminaría el encarcelamiento basado en esas multas y tasas no pagadas, y frenaría el embargo de las cuentas de aquellos que entran en el sistema judicial.

En septiembre del año pasado la campaña ‘No Price on Justice’ anunció la presentación del proyecto de ley que fue acompañado por los resultados de un informe publicado por el ‘Ferguson Problem of New York’, que demostró cómo la dependencia del Estado de los ingresos por multas y tarifas fomenta la vigilancia judicial con fines de lucro, criminaliza la pobreza y pone en peligro las vidas de negros e hispanos.

La senadora estatal Julia Salazar, quien es una de las patrocinadoras del proyecto de ley, participó de la protesta y mostrando una bolsa de basura negra con símbolos de dólar para ejemplificar las altas tarifas se cobran en los tribunales, enfatizó en lo errado que es el sistema de la Ciudad “que le impone estas tarifas a personas que ya vienen enfrentando dificultades para sobrevivir, pateándolos cuando están en el piso, lo que exacerba el número de personas que retornan a prisión, como resultado de la criminalización de la justicia, por estos cobros de estas tarifas que les imponen”.

La misión de la campaña ‘No Price on Justice’ es poner fin a esas tarifas del sistema judicial y encontrar formas más equitativas de financiar el Gobierno. Y precisamente el contralor municipal Scott Stringer, encargado de ‘vigilar’ las finanzas de la Ciudad, dijo en la manifestación que la mejor evidencia de la ‘criminalización de la pobreza’ es cómo ahora mismo “nuestro Gobierno y el sistema hace imposible que personas que ya están en las cárceles, puedan escapar de las predatorias tarifas estatal y municipal que les quita hasta el último centavo, y lo que al final asegura que sigan atrapadas en este opresivo sistema judicial”.

Striger enfatizó: “Estas tarifas y multas están allí con un propósito, el asegurar que las familias e individuos, muchas personas que sufren de serios problemas mentales, no pueden escapar el sistema de justicia. Y ya llegó la hora de eliminar de una vez por todas esos cobros, como, por ejemplo, el tener que pagar 33 centavos por mandar un email”.

Nueva York impone tarifas judiciales automáticas a cada condena, incluidas las multas de tráfico, y por lo general el costo de estos honorarios judiciales, las multas mínimas obligatorias y las tarifas de libertad condicional y probatoria caen desproporcionadamente en las comunidades pobres, negras y latinas.

Como contexto, los activistas recordaron que el año pasado, California aprobó las reformas de eliminación de tarifas de mayor alcance hasta la fecha, poniendo fin al cobro de 23 tarifas cobradas a las personas en el sistema de justicia penal, como tarifas para defensores públicos, tarifas de registros locales y tarifas de libertad condicional y probatoria, y perdonando $16 mil millones en deuda judicial. Se está construyendo un impulso en numerosos estados para reformas similares.

La protesta de este miércoles fue organizada por el Center for Community Alternatives, New York Communities for Change y el Fines and Fees Justice Center como parte de la campaña ‘No Price on Justice’.