Presionan a la Legislatura Estatal para que apruebe ley que limitaría que policías de Nueva York colaboren con ‘La Migra’

Solo falta un día para que terminen las sesiones en Albany y más de 100 coaliciones presionan hasta el último minuto para que asambleístas pasen la iniciativa

Presionan a la Legislatura Estatal para que apruebe ley que limitaría que policías de Nueva York colaboren con ‘La Migra’
El Concejo de NYC inicia el análisis de tres iniciativas locales para frenar las deportaciones en la Gran Manzana
Foto: Cortesía / ICE

A solo horas de que se ponga punto final a las sesiones legislativas en la Asamblea Estatal este jueves, más de un centenar de organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes, se unieron para exigir la aprobación de la ‘Ley Nueva York para Todos‘, la cual prohibiría a las agencias gubernamentales estatales y locales, incluidas la Policía y los alguaciles, colaborar o facilitar información al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La asambleísta Karine Reyes, representante del Distrito 87 de El Bronx, principal patrocinadora de este anteproyecto de ley, se unió este miércoles al clamor de diversas coaliciones activadas en todos los rincones del estado, cuando el tiempo se acaba para que esta iniciativa legal pueda ser votada por ambas cámaras en Albany.

”Nuestras comunidades de inmigrantes, nuestros vecinos, también tienen derecho a vivir en tranquilidad, pero cuando las fuerzas del orden público locales y estatales conspiran con La Migra, esto no es posible. Lamamos a la Legislatura a apoyar esta Ley”, expresó la asambleísta de origen dominicano.

Esta norma garantizaría que las personas bajo custodia reciban un aviso de sus derechos antes de ser entrevistadas por ICE.

El texto legal pondría fin a las disposiciones de la Ley Estatal de Corrección que requiere que las cárceles recopilen y hagan pública información sobre el lugar de nacimiento de los detenidos, y que permite que las instalaciones correccionales compartan con las autoridades federales de inmigración la información sobre los inmigrantes detenidos.

Además, el anteproyecto subraya que funcionarios federales de inmigración no puede acceder a áreas no públicas de propiedad gubernamental sin una orden judicial.

El Diario no pudo conocer si la Ley Nueva York para Todos se encontraba en la agenda plenaria para las próximas horas, al igual que otras leyes que entran en el aro de reformas de la justicia penal, como las iniciativas para modificar la dinámica de la Libertad Condicional en el estado.

“Hasta este miércoles, se encontraba atascada en el Comité de Códigos de ambas cámaras a pesar de la presión de agrupaciones de la bancada demócrata y de coaliciones”, compartió una fuente de la Asamblea Estatal.

Tranca a la maquina de deportación

A juicio de los legisladores, la aplicación de leyes de inmigración en conexión con cuerpos policiales locales en los últimos años ha hecho que muchos inmigrantes neoyorquinos vivan con el temor de que cualquier interacción con las autoridades, como una simple parada por una infracción de tráfico, pueda terminar en un camino tortuoso: detención, deportación y separación familiar.

“Nueva York no puede seguir siendo cómplice de la crueldad de La Migra, ya que separa a las familias y perfila racialmente a nuestras comunidades. La Ley Nueva York para Todos permitirá que todos los neoyorquinos lleven vidas más libres. Las agencias de gobiernos locales, como sus policías, no deben estar incluidas en la maquinaria de la deportación”, replicó Donna Lieberman, directora ejecutiva de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York.

Entre tanto, Rosa Cohen-Cruz, asesora de Políticas de la Práctica de Inmigración en ‘The Bronx Defender‘ destacó que en el caso específico de la Gran Manzana este recurso normativo evitaría que del Departamento de Correcciones (DOC) y el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) sigan colaborando con las agencias federales de inmigración.

“Es hora de terminar con esta agenda racista y antiinmigrante. Nadie debería preocuparse en una ciudad santuario que la interacción con las fuerzas del orden puedan llevar a la separación familiar. Debemos terminar con este terror”, demandó la activista.

El Concejo en NYC hace su parte

En paralelo, este miércoles en la ciudad de Nueva York el Comité de Inmigración del Concejo Municipal liderado por el concejal Carlos Menchaca, no solo exhortó a la Asamblea Estatal que pase esta iniciativa legal, sino que inició una serie de interpelaciones para terminar de dar forma a tres anteproyectos locales que enmendarían el código administrativo de la ciudad de Nueva York, para normar, revisar y limitar la comunicación del Departamento de Corrección (DOC) y las autoridades federales.

“Hemos registrado incidentes en nuestros vecindarios que son inaceptables y dolorosos. Aquí hay más de 3 millones de personas que son inmigrantes. Hay muchas batallas por delante, entre ellas concretar que las agencias de la Ciudad no contribuyan bajo ninguna circunstancia en separar a nuestras familias”, razonó el concejal de origen mexicano.

El nombre del joven hondureño Javier Castillo Madariaga, de 29 años, resonó muchas veces en una audiencia virtual del Concejo celebrada este miércoles, en donde testificaron docenas de líderes de coaliciones de inmigrantes para analizar las conexiones actuales entre ‘La Migra’, NYPD y DOC, a pesar de los códigos administrativos legales que lo prohíben en la Gran Manzana.

Javier quien había llegado a Nueva York cuando tenía nueve años, fue arrestado por oficiales del NYPD por “cruzar imprudentemente” en una calle de El Bronx. Luego fue entregado a ICE y detenido durante casi 15 meses. El inmigrante no había renovado su solicitud de Acción Diferida de Llegados en la Infancia (DACA).

El hondureño estuvo en centros de detención de ‘La Migra’ durante los meses más duros de la pandemia, luchando para evitar su deportación que fue programada tres veces.

En medio de la presión de activistas, líderes electos de Nueva York y abogados, finalmente fue liberado.

Una investigación interna del Departamento de Corrección encontró que la transferencia errónea de Javier a manos de ICE, fue responsabilidad de un solo empleado. También se tomaron otras medidas para protegerse contra “errores similares en el futuro”, dijeron en su momento portavoces de la Ciudad.

De acuerdo a las leyes locales, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de Nueva York no deben entregar a las personas a ICE o retenerlas en nombre de la agencia federal.  Hay excepciones para aquellos que han sido condenados por delitos violentos o graves o que han sido identificados como posibles personas coincidentes que figuran en una base de datos de detección de terroristas.

20 personas entregadas a ‘La Migra’

En los 12 meses que comenzaron en julio de 2019 hasta marzo de 2021, según muestran los registros oficiales, el DOC entregó directamente a 20 personas a ‘La Migra’. De todos ellos, Javier era el único que no tenía antecedentes penales, ni había sido condenado por un delito violento o grave.

Heidi Grossman, portavoz de asuntos legales del Departamento de Correcciones de la Ciudad, enfatizó que respetan irrestrictamente las leyes locales, asegurando que la comunicación con agencias federales está sujeta a circunstancias legales muy específicas.

“Nosotros seguimos actuando con mucha transparencia”, acotó la funcionaria al Comité de Inmigración del Concejo.

En resumen: Ley Nueva York para Todos

  • El anteproyecto Nueva York para Todos (S.03076 / A.02328) prohíbe ampliamente a los oficiales estatales y locales hacer cumplir las leyes federales de inmigración, canalizar a las personas a la custodia de ICE y compartir información confidencial.
  • Limitaría a La Migra a acceder a instalaciones públicas sin una orden judicial, preguntar sobre el estado migratorio, la nacionalidad o el país de origen de una persona.
  • Prohibiría que las personas bajo custodia sean entrevistadas por ICE, sin previo aviso de sus derechos.
  • Las agencias estatales y las agencias locales de aplicación de la ley también deberían registrar e informar sobre sus interacciones con ICE y hacer públicos los informes anuales.
  • El proyecto de ley deroga las disposiciones de la Ley de Corrección que permite compartir con las autoridades federales de inmigración la información sobre los inmigrantes detenidos.