Arrestan a 11 líderes comunitarios de NYC durante protesta para exigir un camino a la ciudadanía para los indocumentados

Un total de once líderes de Make The Road Nueva York (MRNY) una de las las centenares de organizaciones que presionan por un camino a la ciudadanía para 11 millones de indocumentados en el país, terminaron siendo arrestados este jueves en la Gran Manzana en medio de una acción nacional que se replicó en 11 ciudades, para exigir al Congreso que apruebe una reforma migratoria integral en el paquete de reconciliación presupuestaria.

!Sin papeles pero sin miedo! Gritaron decenas de trabajadores esenciales e inmigrantes que rodearon la oficina del líder de la mayoría demócrata en el Senado, Charles Schumer, en el 780 de la Tercera Avenida con la calle 48 de Manhattan. 

Como parte de esta movida nacional, cerca del mediodía, un grupo de manifestantes desplegó una pancarta gigante que rezaba !Ciudadanía ya! en frente del despacho del legislador, obstruyendo el tráfico vehicular en esa arteria vial por más de 50 minutos. 

En medio del estruendo de conductores atrapados en el tráfico, oficiales del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) exhortaron amablemente al grupo a retirarse del pavimento. Ante su negativa, terminaron siendo arrestados. Sin forcejeos ni situaciones violentas.

En todo el país, coaliciones participaron en actos de desobediencia civil, mítines, caída de pancartas y bloquearon el tráfico como parte de la creciente presión sobre los líderes demócratas para mantener su compromiso con las comunidades inmigrantes.

“No queremos permisos de trabajo”

“No queremos un permiso de trabajo, queremos una reforma verdadera que lleve a estas familias trabajadoras a un camino a la ciudadanía. El senador Schumer tiene todo el poder para hacer estos cambios. No nos sigan tratando como ignorantes”, gritó airada la mexicana Ana Ramírez, portavoz de la organización Comunidades por un Cambio NY.  

Esta iniciativa de presión nacional es solo un capítulo de la secuencia de movilizaciones de centenares de organizaciones y activistas que piden a los líderes demócratas que ignoren las opiniones consultivas y hagan valer su poder dentro del Congreso para incluir modificaciones integrales que otorgue un estatus legal a 11 millones de indocumentados.

“Estamos en un momento clave. Ya hemos logrado que se cambie el lenguaje para referirse a nosotros. Y se ha avanzado en eliminar reglamentos antiinmigrantes aprobados por la Administración de Donald Trump. Ahora nuestra pelea es clara: no queremos más soluciones temporales”, explicó la ecuatoriana Eliana Fernández, organizadora de Make The Road NY (MRNY).

Fernández, quien llegó a Nueva York hace 20 años, es beneficiaria de la Acción Diferida de los LLegados en la Infancia (DACA) y es portavoz de una de las organizaciones que lideraron este jueves la exigencia al Congreso y la Casa Blanca para que den un paso que termine en un “verdadero alivio”.

“Desde hace 35 años no hay una reforma migratoria en este país. Nuestra meta es que aprueben la propuesta del registro que abra la puerta a la ciudadanía a millones de nosotros. No más permisos temporales como lo que significan el DACA o el Estatus de Protección Permanente (TPS)” aseveró la inmigrante.

Forcejeo en el Congreso

En este instante las negociaciones entre congresistas continúan en Washington. La Cámara de Representantes dio a conocer una nueva versión sobre una posible protección a inmigrantes indocumentados, la cual sería aprobada bajo el proceso de Reconciliación.

Los representantes aceptaron integrar el plan que otorgaría el perdón a la deportación o ‘parole’, además de Autorización de Empleo que podría beneficiar a 7.1 millones de personas, pero como han interpretado miles de activistas, la verdad es que esta opción no les da una opción cercana a la ciudadanía.

La propuesta especifica que el perdón de la deportación será por un periodo de cinco años o hasta el 2031. Los inmigrantes que serán beneficiados son aquellos que llegaron al país antes del 1 de enero del 2011, ya sea como indocumentados o que ingresaron con una visa que luego venció.

“Estamos a tiempo para que tanto el senador Schumer y la vicepresidenta Kamala Harris cumplan con sus promesas. Ellos tienen todo el poder para aprobar un alivio migratorio real y justo para miles de personas que demostraron ser esenciales durante la pandemia”, agregó Fernández.

En realidad no existe un plazo específico de cuándo debe aprobarse alguna reforma migratoria, el Congreso mantiene ciertos días como clave para avalar el paquete Build Back Better (Reconstruir Mejor). Ahora la fecha límite es el 30 de noviembre, cuando anteriormente se había definido el 31 de octubre.

Asimismo, Zuleima Domínguez, beneficiaria de DACA y organizadora de Make the Road New York lamentó que al igual que su caso hay miles de jóvenes que “permanecen en un limbo” porque no tienen ninguna opción de legalización migratoria.

“Ese miedo de ser separado de tus seres queridos es algo inhumano, especialmente para familias que solo trabajan de manera honesta”, acotó.

“Queremos progresar”

El estudiante salvadoreño Denis Ibarra, de 22 años, en medio de la manifestación que rodeó el rascacielos en donde se encuentra el despacho del senador Schumer en Manhattan, relató que llegó a este país con su familia “cruzando ríos y montañas” cuando tenía 11 años. 

Ahora, el joven inmigrante, solo quiere progresar. Pero el hecho de no tener papeles “le frena todos sus sueños” de servir a esta nación.

“Yo solo quiero convertirme en un psicólogo para ayudar a inmigrantes a superar estos traumas. Este sistema aún cuando quieres hacer todo bien, te pone frenos muy dolorosos. Es difícil decir en tu escuela que no puedes optar a financiamiento para alguna universidad porque eres indocumentado”, compartió Denis.

Las organizaciones civiles y comunitarias que luchan por una reforma migratoria desde la ciudad de Nueva York que se calcula es el hogar de más de 500 mil inmigrantes indocumentados, no es primera vez que ponen en su radar acciones de presión que llamen la atención al senador de Brooklyn, Schuck Schumer una pieza clave en estas negociaciones de conciliación presupuestaria, que podría llevar a nuevas reglas migratorias.

“Ya hemos hecho huelgas de hambre para que se nos reconozcan como trabajadores esenciales, hemos dormido en las puertas de la casa del senador. Seguiremos en esta lucha. Nosotros pusimos la mayoría de los muertos durante la crisis del COVID-19, ahora estamos dispuestos a todo por cambios que beneficien a nuestros hijos”, destacó la vendedora ambulante mexicana Lupita Castañeda, con 31 años residiendo en Queens.

El dato:

11 ciudades que representan a los 11 millones de indocumentados se unieron en esta iniciativa de presión nacional.