Cámara integra perdón de deportación a indocumentados y permiso de trabajo en nuevo proyecto de ley presupuestal

La Cámara de Representantes acordó integrar un perdón a la deportación para indocumentados que llegaron al país antes del 1 de enero del 2011; también tendrían autorización de trabajo y permiso de viajar al extranjero; la reforma debe ser avalada por la parlamentaria Elizabeth MacDonough

Los demócratas avanzan con una protección a indocumentados, pero sin camino a la ciudadanía.

Los demócratas avanzan con una protección a indocumentados, pero sin camino a la ciudadanía. Crédito: Paul Morigi | Getty Images

Aunque las negociaciones entre congresistas continúan, este miércoles, la Cámara de Representantes dio a conocer una nueva redacción sobre una posible protección a inmigrantes indocumentados, la cual sería aprobada bajo el proceso de Reconciliación.

Tras intensas negociaciones con senadores, los representantes aceptaron integrar el plan que otorgaría el perdón a la deportación o ‘parole’, además de Autorización de Empleo que podría beneficiar a 7.1 millones de personas, pero no les abre el camino a la ciudadanía.

El documento especifica que el perdón de la deportación será por un periodo de cinco años o hasta el 2031, lo que ocurra primero.

Esas personas deberán cumplir con los requisitos de elegibilidad, es decir, aprobar las verificaciones de antecedentes penales y de seguridad pública, como lo marca la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).

Esa protección a la deportación permitirá al beneficiario laborar y viajar al extranjero, así como solicitar una identificación, incluida la llamada REAL ID, indica el documento con el que se impulsa la agenda Build Back Better (Reconstruir Mejor).

Los inmigrantes que serán beneficiados son aquellos llegaron al país antes del 1 de enero del 2011, ya sea como indocumentados o que ingresaron con una visa que luego expiró.

De este modo, los representantes demócratas se alinean al plan que se impulsa en el Senado, el cual sigue bajo evaluación de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), pero que será presentado a la parlamentaria Elizabeth MacDonough.

El Caucus Hispano habría estado negociando directamente con los senadores que lideran, incluidos los senadores Bob Menéndez (Nueva Jersey), Alex Padilla (California) y Catherine Cortez Masto (Nevada), quienes reconocieron una protección sobre inmigración debe integrarse al proyecto de ley presupuestal.

“Mientras que continúan las negociaciones sobre texto legislativo de reforma migratoria, debemos seguir avanzando nuestro objetivo compartido de lograr una reforma migratoria humana y significativa a través del proceso de reconciliación”, consideraron. “No podemos mantener a las comunidades inmigrantes esperando y tenemos un imperativo moral de lograr este cambio”.

La nueva propuesta también contempla medidas para utilizar remanentes de ‘green card’, para que sean aplicados en permisos laborales y solicitudes familiares.

La fecha límite

Aunque no existe una fecha en particular de cuándo debe aprobarse alguna reforma migratoriael Congreso mantiene ciertos días como clave para avalar el paquete Build Back Better (Reconstruir Mejor).

Ahora la “fecha límite” es el 30 de noviembre, cuando anteriormente se había marcado el 31 de octubre como tal.

La razón es que los congresistas deben tomar en cuenta una ley de transporte del 2015 que requiere una extensión expresa, a fin de evitar la falta de fondos del Departamento de Transporte para carreteras.

El Congreso acordó la extensión al 3 de diciembre, apoyada por el presidente Joe Biden, pero los legisladores deberán aprobar el paquete presupuestal, que incluye la Ley de Infraestructura de $1.2 billones de dólares antes de esa fecha, por ello se marca el 30 de noviembre como un límite.

Esa ley incluye $550,000 millones de dólares para carreteras y autopistas, agua, banda ancha y otra infraestructura.

El Caucus Progresista había indicado que no votará la Ley de Infraestructura si no se aprueba tiempo el proyecto de ley presupuestal de gasto social de $1.75 billones de dólares, donde estaría incluida una protección a indocumentados.

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