Frente de lucha contra plan de Hochul para revertir las reformas penales y ley de fianzas en Nueva York

Faltan menos de dos semanas para que la Legislatura Estatal y la Gobernación aprueben el presupuesto que regirá los destinos de Nueva York para el próximo año fiscal. Y en una acción muy criticada por defensores de inmigrantes y comunidades vulnerables, que trató de impulsar a puerta cerrada y que salió a la luz la semana pasada, la gobernadora Kathy Hochul sigue enfilando motores para que Albany la secunde y antes del 1 de abril, le haga cambios a las reformas penales, como la llamada Ley de Fianzas y la Ley de Edad de Responsabilidad Penal.

La avanzada de la mandataria estatal, que va en contravía del ala progresista de la Legislatura Estatal que tras años de lucha logró aprobar el fin de las fianzas para que procesados por delitos no violentos con juicios pendientes no esperen encarcelados, pretende, entre otras cosas, promover una serie de cambios como que los jueces fijen de nuevo fianzas para ciertos cargos adicionales y para reincidentes.

Aunque hace unos meses la gobernadora Hochul había dejado ver que defendería las reformas a las leyes de fianzas, su nuevo plan de seguridad de 10 puntos intenta reevaluar algunos cambios, que entraron en vigor en enero del 2020 y modificar normativas al aumento de la edad de responsabilidad penal de 18 años, que comenzó a regir desde octubre del 2018, generando un frente de oposición que este lunes comenzó una serie de manifestaciones en frente de la sede de la Gobernación, en Manhattan.

Activistas, exreclusos, defensores de la reforma penal y familiares de internos de las cárceles alrededor del estado de Nueva York, no solo pidieron a la gobernadora Hochul y a la Legislatura Estatal que mantengan vivos los cambios que se hicieron a las leyes de fianza y de responsabilidad penal, sino que de inmediato ordenen el cierre de la prisión de Rikers Island.

“Es inconcebible e inmoral que la Gobernadora siga queriendo acabar con avances que se han logrado para dar un trato más justo a nuestras comunidades y que sigan arrestando a gente y la tengan en la isla de la tortura (Rikers Island) que solo destruye vidas. Tienen que cerrar a Rikers ya mismo”, dijo Víctor Pate, codirector de la campaña Halt Solitary Campaign, lamentando la muerte de un tercer recluso ocurrida la semana pasada en ese penal, que elevó la cifra a tres internos que han perdido la vida este 2022, en hechos reportados como “materia de investigación”.

El activista, quien estuvo preso varios años en el sistema penal del estado de Nueva York, criticó la postura asumida por la Gobernadora, quien se alineó con políticos como el alcalde Eric Adams, quienes señalan que la reforma penal ha tenido incidencia en el aumento de la criminalidad, por lo que exigen revisiones.

“Las personas están siendo descuidadas y abusadas. Hay una crisis humanitaria. El informe del monitor federal ordenado por la corte la semana pasada señala la disfunción continua de las cárceles y el descuido de las necesidades de salud de las personas encarceladas”, dijo Pate.

“Esto es demasiado. La gobernadora Hochul y nuestros oficiales electos no deben empeorar esta crisis enviando a más personas a las cárceles mortales mediante la eliminación de la fianza, el descubrimiento y las reformas de aumento de edad. Lo que necesitamos que hagan nuestros elegidos es liberar a la gente. Necesitamos tratamientos, no cárceles”, enfatizó el activista.

Vuelta a criminalizar de la pobreza

Los críticos al plan de la gobernadora Hochul repudiaron que su paquete de seguridad pública incluya que más delitos sean elegibles para fianza en Nueva York, lo que daría a los jueces más discrecionalidad para ordenar la libertad imponiendo pagos y detenciones, volviendo a la época de discriminación y criminalización de la pobreza, afectando desproporcionadamente a latinos y negros. El temor también es que delitos que actualmente no están sujetos a arresto, sean incluidos y que la policía pueda negarse a dar multas de comparecencia, y en vez de ello generen arrestos.

Con carteles y arengas denunciando la crisis humanitaria que viven las cárceles en Nueva York, los manifestantes insistieron en exigir a la Gobernadora que retire su plan para acabar con la reforma de fianzas, el descubrimiento y el aumento de las reformas de edad penal y pidieron que promueva planes de desencarcelamiento.

“Nuestro mensaje no solo es para la Gobernadora sino también para el alcalde Adams: tienen que cerrar Rikers Island, porque es evidente que no está sirviendo de nada para nuestra comunidad. El año pasado hubo 16 muertos allí y apenas estamos en marzo y ya van tres personas muertas en un sistema que no está funcionando”, aseguró Edwin Santana, miembro de la organización Freedom Agenda, quien a los 15 años ya estaba en el sistema penal tratado como adulto. “Cambiar las reformas otra vez no está bien y meter a las corporaciones para que entren a la cárcel a dar trabajo a la gente sin pagar salarios justos, es como una esclavitud”.

Santana aprovechó para hacer un llamado a los neoyorquinos que coinciden con la gobernadora Hochul y el alcalde Adams en que es necesario cambiar la ley de fianzas y la edad de responsabilidad penal, y les pidió que no caigan en la “desinformación”.

Defensores de las reformas penales destacaron que la basta mayoría de acusados de delitos que esperan sus procesos fuera de las cárceles no cometen actos violentos en libertad. Estadísticas muestran que de casi 100,000 detenidos en 2020 que fueron liberados provisionalmente, sin pago de fianza, tan solo el 4% volvió a ser detenido por delitos violentos cometidos tras salir de prisión. El porcentaje de criminalidad posterior entre liberados sin fianza antes y después de que la ley entrara en vigencia, se ha mantenido casi intacto, pasando del 95.44% de liberados en 2019 sin cometer nuevos delitos a 96.14% sin delitos en el 2020.

“Horrorizados por lo que pasa en Rikers Island”

Bill Martin, de la organización Justice and Unity for the Southern Tier, aseguró que el día a día en las cárceles neoyorquinas son películas de terror que deben parar ya.

“La gente del norte del estado está absolutamente horrorizada por lo que está pasando en Rikers Island. Lo que escuchas en Rikers sucede en todas las pequeñas cárceles del condado en el norte del estado. Caso tras caso de gente muriendo. Jóvenes con discapacidad desnudos, golpeados y recluidos en régimen de aislamiento”, dijo el activista.

Laura Whitehorn, de la campaña ‘Release Aging People in Prison‘, destacó que las prisiones son generadores de mayor violencia y le pidió a la mandataria estatal que actué con base en la realidad.
“Gobernadora Hochul, es su turno de abrir los ojos. No legisle sembrando miedo. Legislar de hecho. En las prisiones estatales, una persona muere cada tres días, a la edad promedio de 58 años (…) no nos quedaremos de brazos cruzados mientras usted hace retroceder el pequeño progreso realizado para detener el terror, la tragedia y la muerte, y el nivel de encarcelamiento permitido en este estado”, dijo la defensora. “Es hora de mantener el progreso. No nos detendremos hasta que veamos más avances”.

La organización ‘Legal Aid Society‘ también criticó la movida cerrada de la gobernadora Hochul y advirtió que si Albany desmantela la reforma penal, significaría un retroceso del Estado de Nueva York, que desharía reformas históricas.

“El Ave María de última hora de la gobernadora Hochul para deshacer reformas críticas para la fianza, el juicio rápido, el descubrimiento y Raise The Age, es vergonzoso y cínico. Erosionar estas reformas condenará a miles de nuestros clientes a jaulas en instalaciones peligrosas y mal supervisadas en toda la ciudad de Nueva York”, dijo Legal Aid Society. “Los retrocesos de Hochul a la ley de aumento de la edad de responsabilidad penal negará a los niños un trato apropiado para su edad, obligándolos a enfrentar las consecuencias de los adultos cuando no son adultos”.

La organización defensora de los derechos de los internos, aseguró que el plan de seguridad pública de 10 puntos de la gobernadora Hochul sigue políticas de los años 90, basadas en temores.

“Este no es un plan de seguridad pública, es un plan de encarcelamiento, y es una bofetada en la cara de todos los neoyorquinos afectados que esperaron pacientemente hasta que los funcionarios electos finalmente promulgaron estas reformas tan esperadas”, agregó Legal Aid.

“Nueva York probó un enfoque de ‘mano dura con el crimen’ durante décadas y fracasó. La propuesta de la gobernadora Hochul solo logrará enjaular a más neoyorquinos negros y latinos, arruinando una oportunidad histórica para promover la seguridad pública al priorizar las comunidades, no las jaulas”, finalizó la organización de defensores.

La respuesta de la Gobernadora

Tras los reclamos hacia la Gobernadora, una vocera de su oficina aseguró que la mandataria no se referirá al tema de manera pública, pues está en medio de negociaciones con los legisladores.

“Como la Gobernadora ha dicho consistentemente desde que se convirtió en Gobernadora, ella no negocia en público. Esperamos continuar trabajando con la Legislatura para entregar un presupuesto que sirva a los neoyorquinos”, dijo Hazel Crampton-Hays.