Arrestan a 14 en Manhattan durante protesta para que se incluyan planes de viviendas asequibles en el presupuesto 2023

Centenares de organizaciones presionarán toda esta semana para que se adicionen protecciones a los neoyorquinos más vulnerables en el plan de inversiones del Estado que debe estar listo el próximo 1 de abril

Manifestantes habían cerrado el acceso vehicular en la Tercera Avenida este lunes en el primer día de protestas planificado para esta semana.
Manifestantes habían cerrado el acceso vehicular en la Tercera Avenida este lunes en el primer día de protestas planificado para esta semana.
Foto: Ramón Frisneda / Impremedia

Se agota el tiempo para que este viernes 1 de abril la gobernadora Kathy Hochul y los miembros de la Legislatura Estatal terminen su ‘baile’ de negociaciones sobre qué incluirá y qué dejará por fuera el presupuesto fiscal del 2023 de Nueva York, por $216,300 millones de dólares.

Ya en la ‘agonía’ de estas discusiones, centenares de organizaciones anunciaron que se movilizarán en varios puntos del estado en lo que resta de la semana, para que en esa ‘danza de millones’ se incluyan beneficios para los neoyorquinos cada vez más vulnerables por la inflación, la crisis de vivienda accesible y un clima de recuperación pandémica que se perfila muy cuesta arriba, particularmente para los inmigrantes. Y, más aún, si son indocumentados.

Ya en las primeras acciones que se iniciaron este lunes en los alrededores de la oficina de la mandataria estatal en el 633 de la Tercera Avenida, en el cruce peatonal de la calle 40 en Manhattan, 14 activistas de la coalición Vivienda para Todos, que se sentaron en esa arteria vial impidiendo el acceso vehicular, fueron arrestados en medio de la manifestación de “llamado de atención” a la autoridad estatal.

Los manifestantes exigían enérgicamente que se cambie el modelo de exención fiscal 421-A, para promotores inmobiliarios a cambio de unidades asequibles, que ha sido descrita en un análisis compartido por 72 organizaciones como “un regalo a los más ricos”, mientras continúa la crisis de vivienda y el desplazamiento de los más pobres de sus vecindarios.

“Este es un programa, que en general, ha sido un fracaso para la clase trabajadora. Le estamos diciendo a la Gobernadora que no hay tiempo que perder. Y tenemos la esperanza que este sea el año en donde se termine con este modelo de vivienda poco justo. Exigimos cambios y modelos más sustentables climáticamente”, aseveró Alice Hu, organizadora de Comunidades por un Cambio (NYCC). 

“¿Y las viviendas asequibles?”

Como se especificó en una carta dirigida a la gobernadora Hochul, a los promotores inmobiliarios a través de la ley 421-A “se les ha eximido solo el último año, más de $1.7 mil millones en pago de impuestos. Estos han sido ingresos fiscales no percibidos para la ciudad de Nueva York”. 

En las últimas tres décadas, dice la comunicación, el precio del programa ha aumentado un 402% y le ha costado a la Ciudad más de $22,200 millones. 

“Esto es más que cualquier otro gasto de vivienda individual, incluida la vivienda pública, los vales de inquilino o el desarrollo de nuevas viviendas subvencionadas”, destacaron.

Mientras tanto, a juicio de los activistas, después de 50 años cuando arrancó el  plan de exención de impuestos 421-A, “como se ha visto, solo aumentó el costo de los inmuebles en la Gran Manzana y no produjo viviendas realmente asequibles”.

Los activistas rececordaron que incluso con múltiples intentos de reforma, la gran mayoría de las unidades residenciales bajo el programa 421-A, están a precio de mercado. 

Desde 2017, en gran medida no existen regulaciones reales, y la mayoría de las unidades supuestamente “asequibles” están dirigidas a hogares que ganan el 130% del ingreso medio del área. 

“Esto es más que los sueldos o salarios del 75% de los residentes de la ciudad de Nueva York. Los subsidios públicos no deberían producir supuestas ‘viviendas asequibles’ que sean más caras que las del mercado en la mayoría de los vecindarios”, especificaron los activistas en la misiva.

Entre desalojos y aumento de renta sin control 

Pero la crisis de la vivienda en la Gran Manzana tiene implicaciones que se expanden no sólo a quienes no han tenido opción de entrar en el estrecho embudo de las rentas controladas, sino es una onda expansiva que ha movido el piso de miles, que en este instante, prácticamente tienen un “pie en la calle”. Y otro grupo, que se encuentran en un callejón sin salida, por la renta que aumenta sin ningún control.

Hay que recordar que desde principios de año se puso un punto final a las órdenes ejecutivas pandémicas, que evitaron por meses que los caseros iniciaran procesos de desalojo por moratoria.

En paralelo, otras familias padecen aumentos sorpresivos y elevados de la renta, que en algunos casos alcanzan entre el 30 y 50% en la renovación de contratos residenciales de unidades de renta no controlada.

En este sentido, activistas y defensores comunitarios alertaron que en el escenario presupuestario estatal, hasta la fecha, no hay nada claro que se pueda interpretarse como un alivio a corto plazo para miles de trabajadores que se retrasaron en sus rentas residenciales, como consecuencia de los cierres causados por el COVID-19 entre 2020 y 2021.

Pero sí hay algunas iniciativas legales que podrían poner a futuro un freno a los aumentos desproporcionados y los desalojos para quienes no están retrasados en sus pagos.

Le ecuatoriana Betty Mendía asegura que a miles de inquilinos los están echando de sus casas. (Foto: Ramón Frisneda)

“Dan ventaja es a los ricos”

A las peticiones de ayuda, en los alrededores de la oficina de la gobernadora en Manhattan, se unió la ecuatoriana Betty Mendía, quien recordó que durante la pandemia muchos sobrevivieron al cierre de posiciones de trabajo. Y hoy viven al filo de los desalojos.

“La Gobernadora nos debe cumplir, porque con la pandemia muchos nos quedamos sin trabajo, y nos dijeron que nos ayudarían con la renta. Al día de hoy tenemos a los caseros que nos están mandando papeles para que nos salgamos de nuestras casas. Ahora, no tenemos apoyo. Nos pueden echar fácilmente”, teme la inmigrante.

Entre tanto, el mexicano José Lamegos, miembro de NYCC, recordó que las ayudas financieras aprobadas a través del Fondo de Trabajadores Excluidos, el año pasado, fue un gran avance, aunque no fue suficiente para cubrir las necesidades de quienes son considerados una fuerza laboral esencial.

“Protestamos para que nos ayuden a cancelar el gas y todos los demás servicios que han subido, y sobre todo la renta. Ya hasta hemos ido a Albany, y aunque parece que sí se ha logrado algo, todavía no es suficiente. Por eso estamos aquí presionando a la Gobernadora”, esbozó José en medio de decenas de manifestantes. 

“Le dan ventajas a los ricos para que no paguen impuestos, pero a nosotros la clase trabajadora, incluyendo a muchos de los excluidos, sí pagamos ‘taxes’ y nos niegan la ayuda”, reclamó.

El mexicano José Lamegos activista de Comunidades por un Cambio de NY: “dan ventajas es a los ricos”. (Foto: Ramón Frisneda)

Por edificios sin gas

La coalición Vivienda para Todos presionará aún más a Hochul y a los legisladores estatales para que en el próximo presupuesto estatal no solo deroguen el esquema que libera a desarrolladores inmobiliarios de pagar millones en ‘taxes’, sino que aprueben un paquete de protección a inquilinos de renta estabilizada y otras iniciativas que abriría la puerta de viviendas más accesibles para los más pobres o ingresos medios.

Además, inquilinos, organizadores y dirigentes comunitarios alientan a los legisladores que peleen para que se incluya en el próximo presupuesto la Ley de Edificios Eléctricos, lo cual eliminaría el uso de gas en edificios nuevos en construcción, reduciendo drásticamente las emisiones de efecto invernadero.

De hecho, los riesgos del cambio climático fue lo que movió a la calle este lunes a la salvadoreña Patricia Avendaño de Comunidades por un Cambio NY: “Estamos todos aquí en la lucha para presionar a la Gobernadora para que nos ayude y haga verdaderos cambios. Hay muchos problemas con el cambio climático y si no actuamos ahora… ¿qué va a pasar con nuestro país en el futuro?¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos”, destacó.

La salvadoreña Patricia Avendaño se mueve por las calles por acciones contra el cambio climático. (Foto: Ramón Frisneda)

Vivienda asequible como punto de honor

De acuerdo con portavoces de la oficina de la Gobernadora la “vivienda asequible juega un papel importante en el primer presupuesto que en este momento es negociado con los legisladores”. Y que eventualmente sería también puesto en práctica si es electa como gobernadora este año.

En esta petición en particular, Hochul propuso un reemplazo del plan 421-A por el programa 485-W, que hace algunos ajustes a la exención fiscal actual. 

La gobernadora Kathy Hochul en sus ideas presupuestarias para el próximo año, anunció la concesión de $991 millones en bonos y subsidios para construir o conservar 3,242 viviendas asequibles, sostenibles y de apoyo en todo el estado.

Los desarrollos impulsarán otros $379 millones de financiación privada, lo que creará una inversión global de casi $1,400 millones para fomentar los esfuerzos de desarrollo económico local y reducir el número de personas sin hogar.

Fuentes de la Asamblea Estatal informaron a El Diario que parte de la bancada demócrata está presionando para que apruebe la Ley de Desalojos por una Buena Causa y el Fondo de Ayuda a Trabajadores Excluidos.

“Tanto asambleístas como senadores, han incluido en resoluciones presupuestarias, fondos de alivios de alquiler para ayudar a los propietarios e inquilinos, así como quienes luchan por los atrasos en los servicios públicos acumulados durante la pandemia. Pero hoy a la fecha, no hay nada claro. Lo que sí parece muy poco probable, es que se apruebe un nuevo fondo a los trabajadores excluidos”, destacó un portavoz.

La pelea por cambios estatales que garanticen viviendas asequibles inició este lunes y no tendrá pausas hasta el próximo jueves. (Foto: Ramón Frisneda)

¿Qué se espera del presupuesto 2023 para aliviar la crisis de vivienda?

  • Un nuevo fondo de trabajadores excluidos de $3.1 mil millones que beneficiaría a la fuerza laboral indocumentada excluida de las redes de seguridad estatal existente, como una forma de ayudar a las economías familiares devastadas por meses de renta residencial atrasada.
  • Derogar el plan 421-A que exime a corporaciones inmobiliarias que crean viviendas asequibles y sustituirlo por un paquete de leyes como la A-8899 que protege a los inquilinos con renta estabilizada y que califican por ingresos en edificios 421-a que están por vencer.
  • La aprobación de la propuesta legal A641 que protegería adicionalmente a los inquilinos que califican por ingresos en edificios 421-A que vencen contra cláusulas de arrendamiento inexactas.
  • Aprobar el anteproyecto de Ley Desalojos por una Buena Causa que protegería a los inquilinos de aumentos de alquiler exorbitantes y que se les niegue injustamente una renovación del contrato de arrendamiento.
  • Aprobar la Ley de todos los edificios eléctricos que exige una prohibición de gas en construcciones nuevas a partir de 2024.
  • Una semana de presión:

    • 100 organizaciones lideradas por Housing Justice for All, el Centro de Alternativas Comunitarias (CCA), VOCAL-NY y Comunidades de Nueva York para el Cambio (NYCC) se concentrarán este martes 29 de marzo, a partir de las 11 a.m. en las escaleras del Capitolio estatal en Albany, para que pongan fin a la exoneración de impuestos titulada 421-A, que beneficia a promotores inmobiliarios de la Gran Manzana. Esta acción también va dirigida a repudiar supuestos cambios en la reforma de la ley de fianzas. 
    • 14,590 peticiones firmadas a la gobernadora fueron enviadas por miembros de la coalición New York Connecting Family instándola a asignar $21.6 millones en el presupuesto del estado para hacer que la comunicación entre prisiones y cárceles sea gratuita.
    • 30 organizaciones comunitarias y de defensa legal de los derechos de los inmigrantes exigieron a través de un amplio comunicado, divulgado este lunes,  a que no se continúe con el plan estatal para revertir la reforma de las fianzas, advirtiendo que la expansión del encarcelamiento aumentará el daño a los afroamericanos y latinos.