Nueva York refuerza derechos de las personas con discapacidades

En conmemoración del 32.º aniversario de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, la gobernadora Kathy Hochul aprobó un paquete legislativo para defender y fortalecer los derechos de los neoyorquinos con discapacidades.

Este paquete legislativo servirá para mejorar la autonomía a través de un Acuerdo de toma de decisiones, y planea educar al público sobre las innumerables formas en que las personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo contribuyen significativamente a sus comunidades y reducen el estigma y los estereotipos dañinos.

“Con los proyectos de ley que estoy firmando (martes 26 de julio), el estado de Nueva York honra el legado de la ADA ampliando los derechos de las personas con discapacidades y combatiendo el estigma para que las personas con discapacidades puedan vivir una vida rica y plena. Para hacer realidad el sueño de Nueva York, continuaremos haciendo que Nueva York sea inclusivo, integrado y accesible para todos”, mencionó la funcionaria en un comunicado.

“Las personas con discapacidades tienen los mismos derechos que todos los demás y hace 32 años, la Ley de Estadounidenses con Discapacidades fue un paso fundamental para garantizar que las personas con discapacidades pudieran ejercer esos derechos”, expresó el vicegobernador Antonio Delgado. “Hoy, Nueva York está dando un paso más al permitir que las personas con discapacidades tomen decisiones con apoyo para garantizar que las personas puedan y tomen sus propias decisiones y reciban el apoyo adecuado para hacerlo”.

De su lado, la comisionada de la Oficina para Personas con Discapacidades del Desarrollo, Kerri E. Neifeld, manifestó: “La OPWDD se compromete a proteger y promover los derechos de las personas con discapacidades del desarrollo a vivir y trabajar en las comunidades de su elección y a estar libres de discriminación”.

Toma de decisiones

Entre las propuestas presentadas destaca la legislación (S.7107b/A.8586b) reconoce la toma de decisiones asistida como una alternativa menos restrictiva a la tutela que promueve la autonomía de las personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo y les permite tomar un papel activo en la toma de decisiones sobre sus propias vidas. Históricamente, cuando las personas con discapacidad alcanzan la edad adulta, la tutela ha sido la vía principal para la toma de decisiones.

La toma de decisiones asistidas cambia el panorama al empoderar a las personas para que tomen sus propias decisiones con el apoyo de una persona de confianza en sus vidas, al tiempo que garantiza una atención centrada en la persona y maximiza los derechos civiles individuales.

La nueva ley formalizará el proceso legal mediante el cual una persona con discapacidades intelectuales y del desarrollo y las personas de confianza en su vida pueden llegar a un acuerdo por escrito (un “Acuerdo de toma de decisiones con apoyo”) que describe los entornos en los que la persona desea apoyo, los tipos de apoyo que quieren de cada persona de confianza y cómo quieren recibir ese apoyo. También creará obligaciones y la correspondiente inmunidad de responsabilidad para que terceros honren y efectúen decisiones respaldadas tomadas utilizando un Acuerdo de Toma de Decisiones Apoyadas.

Las nuevas leyes

• Legislación (S.7107-B/A.8586-B) relacionada con la toma de decisiones asistida por personas con discapacidades intelectuales, del desarrollo, cognitivas y psicosociales.
• La legislación (S.6300-C/A.7356-C) establece una campaña de concientización pública para combatir el estigma y los estereotipos de las personas con discapacidades del desarrollo.
• La legislación (S.6789-A/A.7882-A) reemplaza ciertos casos del término “retrasado mental” o variaciones de dicho término con el término “discapacidad del desarrollo” o variaciones de dicho término.
• La legislación (S.6195-B/A.7443-C) reemplaza ciertas referencias a personas con “retraso mental” o “enfermos mentales” por el término “individuos con una discapacidad del desarrollo”.
• La legislación (A.7652/S.9335) elimina el requisito de residencia estatal para los beneficiarios designados en el programa ABLE de Nueva York.