Autoridades federales en Puerto Rico condenan a dos hombres por explotación sexual de menores

El primer individuo, de 53 años, es un líder religioso de Cayey que sedujo, a través de medios electrónicos, a dos varones de 15 años para que participaran de actividades sexuales

DHS y casos de exploración de menores

En el Laboratorio de Identificación de Víctimas del DHS en Fairfax, Virginia, laboran agentes de la Unidad de Investigaciónde Explotación de Menores.  Crédito: Jacquelyn Martin | AP

San Juan – Las autoridades federales de Puerto Rico informaron este sábado que dos hombres fueron condenados por explotación de menores.

El primer individuo, de 53 años, es líder religioso en el municipio de Cayey, en el norte de la isla, y fue sentenciado el 27 de febrero por el juez presidente Raúl M. Arias, a 240 meses de prisión por dos cargos de producción de pornografía infantil.

De acuerdo con las autoridades, el hombre utilizó un teléfono celular, así como servicios de mensajería instantánea de Internet, para persuadir y coaccionar a sabiendas a dos menores varones de 15 años de edad a participar en actividades sexuales, un delito penal que incluye la producción de pornografía infantil según se define en el Título 18 del Código de los Estados Unidos.

Además, empleó, utilizó, persuadió, indujo, atrajo y coaccionó a sabiendas a un menor e intentó participar en conducta sexualmente explícita con el propósito de producir cualquier representación visual de dicha conducta.

Por otro lado, un hombre del municipio de Salinas, en el sur de Puerto Rico, fue condenado por el juez superior Francisco A. Besosa el 9 de febrero de 2024 a 51 meses de prisión seguidos de 5 años de libertad condicional por posesión de material de explotación infantil.

Según documentos judiciales, una investigación de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés) sobre salas de chat que utilizaban la aplicación de chat Viber para intercambiar pornografía infantil identificó a los miembros del grupo.

Los números de varios usuarios estaban afiliados a teléfonos de Puerto Rico y fueron remitidos al HSI de San Juan para que prosiguiera la investigación.

Una búsqueda en una base de datos de código abierto reveló que uno de los números de teléfono móvil identificados como miembro conocido de esas salas de chat estaba siendo utilizado por uno de los hombres condenados.

El fiscal federal para Puerto Rico, W. Stephen Muldrow, y Rebecca González Ramos, agente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional, hicieron el anuncio.

Homeland Security Investigations se encargó de investigar el caso. 

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