Puerto Rico: Junta de Control Fiscal aprueba contrato para compra de generadores eléctricos

Se supone que los equipos, instalados con el fin de estabilizar el sistema en caso de apagones, continúen operando hasta diciembre de 2025

Trabajadores de energía eléctrica en Puerto Rico

Brigadas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en Puerto Rico reparan una línea averiada. Crédito: Ramón Espinosa | AP

Nueva York – La administración del gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, informó que la Junta de Control Fiscal (FOMB) aprobó el contrato para la compra de generadores temporeros para las centrales eléctricas de Palo Seco y San Juan.

Los sistemas fueron instalados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos (USACE) tras el paso del huracán Fiona en septiembre de 2022.

Mediante un comunicado, La Fortaleza, residencia del primer ejecutivo, oficializó el anuncio de la compra de los generadores de emergencia que, según el gobierno federal y estatal, ayudarán a estabilizar la red eléctrica, particulamente, en caso de apagones.

Estos generadores, que proveerán sobre 300 megavatios, son necesarios para continuar fortaleciendo nuestra resiliencia energética en momentos en que aumente el consumo de energía, lo que tiene resultados positivos en la calidad de vida de nuestro pueblo y el desarrollo económico de nuestra Isla”, expuso Pierluisi en las declaraciones escritas.

Para la compra de los generadores, FEMA obligó más de $335 millones de dólares.

La asignación de estos fondos federales permitirá que los equipos continúen operando hasta diciembre de 2025.

El director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), Manuel A. Laboy Rivera, manifestó, por su parte, que, a la par con el proceso de compra y transferencia de los generadores, se desarrollan proyectos de reconstrucción y mitigación de riesgos en la red eléctrica.

Personal de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) y de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) también participaron de las gestiones para mantener operando los equipos.

Por medio de una carta anoche, la Junta, ente federal que controla las finanzas de Puerto Rico bajo la Ley PROMESA, autorizó la enmienda presupuestaria de más de $30 millones para el pareo de fondos con la AEE.

Tras la adquisición inicial de las unidades generatrices después del huracán Fiona, el gobierno de Puerto Rico le solicitó al Departamento de Energía federal y a FEMA la extensión del uso, antes de que esta última oficina aprobara la transacción.

Con la entrada de Genera PR y Luma Energy a administrar los procesos de generación y transmisión de energía eléctrica, respectivamente, la AEE, antes una corporación pública, prácticamente ha quedado bajo el control de esas dos empresas privadas.

Precisamente, la compañía matriz de Genera PR,  New Fortress Energy (NEF), es la que suplirá con gas natural las plantas generatrices como resultado de un nuevo contrato.

El director ejecutivo de AAPP,  Fermín Fontanés Gómez, indicó hoy a El Nuevo Día que, aunque seis empresas mostraron interés en participar de la licitación, fue NFE la única que sometió una propuesta formal y en cumplimiento con los requisitos establecidos.

A pesar de la insistencia de las autoridades gubernamentales en Puerto Rico y de FEMA sobre la necesidad de mantener los generadores para estabilizar el sistema de energía eléctrica mientras se avanza en la transformación a energía renovable, no todos están de acuerdo con esa premisa.

La semana pasada, 20 organizaciones e individuos firmaron cartas que fueron enviadas al Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno federal (GAO) y a la del Inspector General de la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA) para pedir que se investigue tanto a EPA como a FEMA por supuestas violaciones de ley en los procesos para instalar y operar los generadores temporeros.

Los suscribientes de las misivas, en poder de El Diario, alegan que las entidades están violando leyes como la Stafford, la de “Política Ambiental” (NEPA) y la de “Aire Limpio” (CAA) al impulsar unidades “sucias”, “peligrosas” y “poco confiables” en lugar de priorizar alternativas limpias como energía solar en techos.

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