El feminicidio que consterna a Puerto Rico: mujer es asesinada por criminal sentenciado a cadena perpetua que logró salir en libertad por parapléjico

Nueva York – Al tiempo que defendió el desempeño de Ana Escobar Pabón, secretaria del Departamento de Corrección de Puerto Rico (DCR), el gobernador Pedro Pierluisi aseguró que su Administración investiga a fondo el caso del feminicidio de Ivette Joan Meléndez Vega a manos de Hermes Ávila Vázquez, sentenciado a cadena perpetua por el asesinato de otra mujer reportado en el 2005.

“Esa secretaria ha hecho una labor ejemplar. Ahora tenemos esa situación de ese caso que ya arrancó esa investigación. Se está investigando a saciedad; se están requiriendo los documentos necesarios para entonces determinar quién falló…Aquí hubo evaluaciones médicas, pues hay que evaluar si se llevaron a cabo correctamente. Hay que evaluar si cualquier funcionario de ese departamento no actuó correctamente, todo eso está bajo evaluación administrativa. El resultado de esa investigación va a llegar a manos del Departamento de Justicia”, sostuvo Pierluisi este jueves.

A insistencias de la prensa sobre la responsabilidad de Corrección en el caso al dejar en libertad a un convicto peligroso, Pierluisi respondió: “Eso es lo que se está investigando”.

El gobernador insistió en que se repartirán responsabilidades a medida que avancen las indagatorias.

“Hay una investigación que la dirige y la supervisa la secretaria, y va a terminar el asunto cuando termine la investigación en manos del Departamento de Justicia. Aquí todo se investiga y se refiere donde se tiene que referir”, aseguró.

Los detalles del asesinato de Ivette Joan Meléndez Vega

Meléndez Vega, de 56 años, fue asesinada el domingo 21 de abril, a eso de las 4:29 a.m., en la carretera PR-686, cerca de la playa Los Tubos, en Manatí, según reportó la Policía de Puerto Rico.

El cuerpo de la víctima, que procreó dos hijos, presentaba heridas en el cuello y la cabeza que le habrían provocado la muerte instantánea.

El sospechoso, presuntamente, interceptó a Meléndez Vega luego de que el hombre salió de un negocio en Vega Baja.

El imputado enfrenta cuatro cargos de feminicidio, portación y uso de arma blanca, destrucción de prueba y apropiación ilegal de un vehículo.

Al acusado se le impuso una fianza de $4 millones y fue reingresado a la cárcel.

El caso ha puesto en la mirilla al Departamento de Corrección, así como a la compañía privada Physician Correctional, que facilitó el proceso para que Ávila Vázquez quedara en libertad.

Hermes Ávila Vázquez violó y degolló a otra mujer en el 2005

Ávila Vázquez, de 52 años, se encontraba en la libre comunidad desde el 2023 a pesar de haber sido sentenciado en el 2005 a 122 años de prisión tras declararse culpable por el asesinato en Caguas de Celia López García, de 28 años y madre de dos niños.

En esa instancia, el criminal convicto violó a la fémina antes de asesinarla. El cuerpo presentaba heridas de arma blanca en el cuello. Ávila Vázquez también figura como sospechoso en otros casos de asesinatos de mujeres, reportó Primera Hora.

La Ley 25-1992 bajo la que el convicto salió en libertad

A pesar de su voluminoso expediente criminal, el convicto logró salir en libertad cobijado bajo la Ley 25-1992, conocida como la “Ley para el Egreso de Pacientes de SIDA y de otras Enfermedades en su Etapa Terminal que están confinados”. El estatuto permite la excarcelación de confinados con enfermedades en etapa terminal.

En el caso de Ávila Vázquez, este presentó una solicitud al DCR por su padecimiento de paraplejia.

La ley dispone que toda persona hombre o mujer, adulto o menor, que esté confinado en una Institución Penal de Puerto Rico o que esté ingresado en una Institución Juvenil, a quien le haya sido diagnosticado el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), en su etapa terminal o cualquier otra enfermedad en su etapa terminal será egresado de la Institución Penal o de la Institución Juvenil de que se trate, si cumple con requisitos como que familiares genuinamente quieran hacerse cargo de él o ella y dispongan de los medios y las facilidades para hacerlo.

Además, una evaluación médica del solicitante debe realizarse por un panel médico designado por el secretario del Departamento de Salud de la Facultad Médica del Programa de Servicios de Salud al Confinado de dicha agencia, entre otros requerimientos.

Departamento de Corrección inició pesquisa administrativa

En respuesta a la indignación pública por el desenlace de la liberación del asesino, la secretaria de Corrección indicó este viernes mediante un comunicado que empezó el proceso de revocación del pase extendido bajo Ley 25 a Ávila Vázquez. El trámite consistió de una vista inicial en la institución Bayamón 705 ante un oficial examinador de la División Legal – oficina de disciplina de confinado – y un técnico sociopenal de Programa de Desvío, detalló la encargada del DCR.

Adicional, la funcionaria dijo que comenzó la investigación administrativa por parte de la Oficina de Investigaciones del Sistema Correccional (OISC), cuyos resultados deben estar disponibles en un término de 30 días.

“Con relación al caso de Hermes Ávila Vázquez, queremos informar que hemos conformado un equipo de trabajo con la Oficina de Investigación del Sistema Correccional para que, en un término de 30 días presente los hallazgos de esta y poder referirlos al Departamento de Justicia, tomar medidas correctivas y fijar responsabilidades, entre otras acciones”, declaró Escobar Pabón.

Como parte de las gestiones, se evaluará “la copia fiel y exacta” del expediente médico del confinado para una auditoría por parte de UTICorp.

“Una vez concluya la investigación estaremos en la posición de aplicar sanciones disciplinarias contra cualquier funcionario público o contratista a quien se le impute negligencia en el cumplimiento de su deber o haya incumplido con las regulaciones para atender este privilegio”, agregó Escobar Pabón.

Familia de la víctima podría demandar

Por su parte, la abogada Mayra López Mulero, quien representa a la familia de la víctima, evalúa la posibilidad de radicar demandas tanto a nivel estatal como federal por el manejo del caso de Ávila Vázquez.

“Esta familia está devastada. Estamos en una etapa de explicarle los trámites de este proceso. Están consternados por esta situación, por lo que por ahora la prioridad es de carácter humano. Hay una familia que está exigiendo explicaciones, con razón”, dijo López Mulero según citada por NotiCel.