Right to Democracy insiste en revocación de Casos Insulares de Corte Suprema que afectan a Puerto Rico, mientras esperan por respuesta de Justicia
Adi Martínez Román, cofundadora de la organización, y otros profesores plantean que un posible desenlace de una decisión de ese tipo sería el inicio de un proceso de autodeterminación para resolver el estatus de P.R. que no debería estar inclinado a ninguna opción
Exterior de la Corte Suprema de EE.UU. Crédito: Mariam Zuhaib | AP
Nueva York – La organización Right to Democracy y otros académicos insistieron en la necesidad de revocar la doctrina de los Casos Insulares de la Corte Suprema de Estados Unidos, ya que justifica el régimen colonial antidemocrático que afecta a territorios no incorporados como Puerto Rico.
De acuerdo con Adi Martínez Román, cofundadora de la organización creada el año pasado para atender el problema del colonialismo en los cinco territorios de EE.UU, revocar los Casos Insulares es el primer paso de reconocimiento por parte del poder judicial de los EE.UU. de que ha tenido colonias por 125 años.
La activista anticipó que un posible desenlace de una decisión de ese tipo por parte del máximo foro sería el inicio de un proceso de autodeterminación para resolver el estatus de P.R.
“Lo que llevaría la revocación de los Casos Insulares es que el tribunal tendría que decir, ‘esta doctrina que creamos hace 125 años, es inconstitucional’, y tiene que haber un proceso político de autodeterminación que va a tener que llevarlo a cabo el Congreso de EE.UU., porque es un asunto político. Esto es, obviamente, si los tribunales favorecen nuestro argumento de que se revoquen los casos, porque el tribunal pudiese decir, ‘no vamos a revocar’”, argumentó Martínez Román a El Diario.
Ese proceso de autodeterminación, según la profesora de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR), no debería estar inclinado hacia ninguna opción de estatus.
“No debería estarlo. El Congreso de EE.UU. tiene poderes plenarios sobre los territorios. Eso no cambiaría con la revocación de los Casos Insulares…Lo que cambiaría sería la legitimación, autorización o sello de aprobación, el visto bueno de la corte de que ellos nos mantengan así. Lo que procede, sea estadidad, independencia o libre asociación o algún estatus negociado, eso tiene que ser un proceso de autodeterminación con los territorios. No vemos en esta época de nuestra existencia que al Congreso le dé con hacernos estado a Puerto Rico de la noche a la mañana, de incorporarnos; eso requiere un proceso político que no lo vemos favorable”, insistió.
Por su parte, Neil Weare, también codirector de Right to Democracy, coincidió con Martínez Román en que la derogación de la jurisprudencia no conducirá automáticamente a un cambio de estatus en la isla, pero promoverá el debate.
“El derogar la doctrina de los Casos Insulares implicaría regresar al entendimiento que existía antes del 1898 de que la Constitución no permite a los EE.UU. adquirir territorios de ultramar y gobernarlos como colonias. Si eso eventualmente resulta en la estadidad, la independencia, o algún otro estatus, es otro asunto que se resolverá en la esfera política a través de un proceso de autodeterminación. Nada sucedería de manera automática, pero sí crearía presión en la ramas políticas para resolver la relación antidemocrática y colonial. Al igual que revocar a Plessy v. Ferguson ayudó a crear un nuevo espacio político para los movimientos de derechos civiles de las personas afro-americanas y otras minorías en los EE.UU., el anular los Casos Insulares crearía nuevos espacios políticos para los movimientos que buscan la democracia, la equidad y la autodeterminación”, abundó Weare.
La doctrina de los Casos Insulares, una serie de decisiones de la Corte Suprema del siglo pasado, estableció un marco legal que legitima la gobernanza colonial de los territorios insulares adquiridos por Estados Unidos después del 1898 (Puerto Rico, Guam, Filipinas, Samoa Americana y Hawaii). Los Casos Insulares definieron y diferenciaron entre “territorio incorporado” y “territorio no incorporado”. La idea era que estas demarcaciones no se convirtieran en estados.
En el caso de los territorios no incorporados, los residentes de estas jurisdicciones fueron identificados como “salvajes” e “incivilizados” bajo un concepto de raza en la que se les ve “extranjeros”. Bajo la misma doctrina, a los habitantes de dichos territorios no se le garantizan los mismos derechos constitucionales que a los de los incorporados.
Rafael Cox Alomar, profesor de Derecho en la Escuela de Derecho de la Universidad del Distrito de Columbia en Washington D.C., resaltó que esta dicotomía en particular quedaría sin efecto si se revocan los casos.
“Antes del 1901, no existía la distinción entre territorios incorporados y no incorporados. Por ende, revocar los casos no nos convertiría en ‘incorporados’, ya que esta categoría fue creada por los mismos casos que se revocarían. La categoría misma es una ficción”, expresó Cox Alomar según citado en un comunicado enviado por Right to Democracy.
La también profesora de Derecho, pero de la Universidad de Columbia en la ciudad de New York, Christina Ponsa Kraus, coincidió con la postura anterior.
“Lo que sostiene la doctrina de los Casos Insulares es una ficción jurídica que nos relega al estatus quo del colonialismo y que todos queremos superar. El eliminar dicha doctrina resultaría en la eliminación de las categorías de territorio incorporado y no-incorporado. No tendría un efecto de incorporarnos al cuerpo político de EEUU”, secundó Ponsa Kraus también de manera escrita.
El Diario ha estado abordando el tema de los Casos Insulares desde principios de año con análisis y posturas de distintas fuentes ligadas a la discusión dentro y fuera de Puerto Rico. En febrero pasado, la Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos (USCCR) liberó un memorando preliminar en el que expone el impacto de la jurisprudencia en los derechos civiles de los puertorriqueños en la isla.
El documento es un seguimiento a la audiencia pública que se realizó en San Juan, capital de la isla, el 10 de mayo de 2023, para ahondar en el tema.
Martínez Román representó a Right to Democracy como panelista en ese encuentro.
La organización además lideró los esfuerzos para que 43 congresistas enviaran una carta a mediados de este mes al secretario del Departamento de Justicia federal, Merrick Garland, en la que se le pide que condene el lenguaje racista de los Casos Insulares de la Corte Suprema y su impacto en territorios como Puerto Rico.
“Nosotros pensamos que tienen una oportunidad para hacerlo (condenar los Casos Insulares) en estos momentos”, consideró Martínez Román a preguntas de El Diario.
“El Departamento de Justicia dijo que hay aspectos repugnantes de los casos. Pero, entonces, ¿cuáles aspectos son buenos?…Estamos esperando que el Departamento de Justicia responda a esto, porque esto es un trabajo político, de presión; y que se den cuenta que esta es una oportunidad para arreglar un error histórico”, añadió la abogada sobre el trámite.
Sobre el efecto que podría tener el hecho de que el secretario reproche la doctrina, la entrevistada indicó: “Es parte de ese reconocimiento que se necesita en EE.UU. para mover la presión política hacia la autodeterminación, equidad y democracia de los territorios. Es reconocer que estas población ha sido violentada por 125 años”.
Demanda en camino para que Supremo revoque los Casos Insulares
Right to Democracy además ultima los detalles de una demanda que presentarán en los tribunales federales de Puerto Rico, Guam e Islas Vírgenes, respectivamente, para revocar los Casos Insulares.
El recurso, que sería presentado este verano, solicita una sentencia declaratoria de que los Casos Insulares son inconstitucionales y que le han causado daños dignatarios a los residentes de estos territorios. “Un reconocimiento del daño es una manera de reparar”, detalló la letrada.
Sin embargo, Martínez Román anticipó que para que un caso de este tipo llegue al máximo foro toma tiempo.
“Cualquier caso que se lleve ante el Tribunal Supremo, toma tiempo. Esto es un intento, una estrategia para desbloquear el estatus quo como está ahora. Ahora mismo, hay un proceso en el Congreso que se llama “Puerto Rico Status Act”, y eso, por lo que se ve, no tiene oportunidad real de ser aprobado…Nuestro intento es desbloquear esto por la vía jurídica, que sí toma tiempo…”, explicó.
Adicional, la entidad realiza gestiones para reunirse con personal de la Casa Blanca para discutir el tema, y realizar actividades educativas tanto en la Cámara como en el Senado federal.
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