Fiscales republicanos piden al Supremo bloquear demandas sobre cambio climático presentadas por varios estados

La inusual demanda de los republicanos ante la Corte Suprema se produce cuando varios estados y gobiernos locales han hecho demandas alegando que las empresas de combustibles fósiles engañan al público sobre los riesgos de sus productos contribuyan al cambio climático

El Supremo tiene la potestad de rechazar una solicitud de jurisdicción original.

El Supremo tiene la potestad de rechazar una solicitud de jurisdicción original.  Crédito: Pablo Martinez Monsivais | AP

Los fiscales generales republicanos de 19 estados han solicitad al Tribunal Supremo de Estados Unidos que impida que varias entidades gobernadas por demócratas presenten demandas por cambio climático contra la industria del petróleo y el gas en sus propias cortes estatales.

La extraña petición se produce cuando decenas de estados y gobiernos locales han realizado demandas argumentando que las compañías de combustibles fósiles engañan al público sobre los riesgos de que sus productos empeoren el cambio climático.

Las demandas exigen miles de millones de dólares en daños causados por tormentas severas, incendios forestales e incremento del nivel de mar.

Por su parte, la acción de los republicanos busca específicamente parar las demandas presentadas por California, Connecticut, Minnesota, Nueva Jersey y Rhode Island, aunque otros estados, tribus, condados y ciudades también han presentado querellas.

El equipo legal del Partido Republicano sustenta que solo el gobierno federal puede regular las emisiones de gases interestatales, y que los estados no tienen poder para aplicar sus propias leyes a una atmósfera global que se extiende más allá de sus fronteras.

El expediente judicial sostiene además que las demandas vinculadas con el clima podrían ir en aumento los costos de la energía en otros estados, incluyendo la electricidad general a partir del gas natural.

“No tienen autoridad para dictar nuestra política energética nacional”, dijo el jueves el fiscal general de Alabama, Steve Marshall, en un comunicado al anunciar la demanda en 19 estados. “Si la Corte Suprema les permite continuar, California y sus aliados pondrán en peligro el acceso a energía asequible para todos los estadounidenses“.

La oficina del fiscal general de California denunció la solicitud republicana ante el Supremo como infundada y prometió seguir su caso contra las empresas petroleras y gasíferas, informó AP News.

Asimismo, William Tong, fiscal general de Connecticut, se burló de ello tildándolo de “puro teatro político partidista”. Y el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison denominó de “absurda” la iniciativa republicana y apuntó que la Corte permitió que el caso del estado procediera en un tribunal de Minnesota.

Por lo general, las demandas inician en los tribunales de distrito antes de llegar al Tribunal Supremo en apelaciones. Sin embargo, la Constitución permite que algunos casos empiecen en el tribunal superior cuando hay varios estados involucrados. El Supremo tiene la potestad de rechazar una solicitud de jurisdicción original.

La petición de los fiscales republicanos es “muy inusual” y se emplea con más frecuencia en querellas estatales sobre derechos de agua, no “como un intento de cerrar demandas de otros estados”, manifestó el director del Centro Sabin para la Ley de Cambio Climático en Universidad de Columbia en Nueva York, Michael Gerrard.

Los estados que se unieron a la solicitud de Alabama incluyen Alaska, Florida, Georgia, Idaho, Iowa, Kansas, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, Dakota del Norte, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Utah, Virginia Occidental y Wyoming.

La Corte Suprema podría intervenir en las demandas por cambio climático mediante otros medios. Ya está pendiente ante el tribunal superior una petición separada de los demandados de la industria petrolera para derogar una decisión de la Corte Suprema de Hawaii que permitió que una demanda sobre el cambio climático presentada por Honolulu avanzara en una corte estatal.

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