IRS realiza auditorías de último minuto a millonarios bajo Ley 22 en Puerto Rico ante pesquisa de comité del Senado de EE.UU.
Un reportaje este viernes en Bloomberg Tax reveló que el plan de auditorías de la oficina de impuestos surgió en anticipo a reuniones de representantes de la agencia con miembros del comité de Finanzas de la Cámara alta
El senador demócrata de Oregon, Ron Wyden, dirige el comité de Finanzas de ese cuerpo legislativo. Crédito: Mariam Zuhaib | AP
Nueva York – Luego de que legisladores en el Senado de Estados Unidos comenzaran a ejercer presión sobre el Servicio de Rentas Internas (IRS) para que agilizara la investigación por evasión de impuestos a extranjeros multimillonarios con decretos bajo Ley 22 en Puerto Rico, la oficina destinó más recursos para realizar las auditorías.
Un reportaje este viernes en Bloomberg Tax reveló que el plan de auditorías diseñado para altos funcionarios de la oficina de impuestos surgió en anticipación a reuniones del grupo con investigadores del comité de Finanzas de la Cámara alta.
El artículo cita a un oficial del IRS con conocimiento directo de la decisión, quien señala que la agencia planifica desplegar un equipo de agentes adicionales y abrir más auditorías a estadounidenses a los que se le exime del pago de impuestos en la isla como resultado de la aplicación de la Ley 22 que forma parte del Código de Incentivos de Puerto Rico (Ley 60).
La movida del IRS también se da en respuesta a una carta enviada por un informante anónimo de la entidad a senadores en la que señala que la pesquisa por evasión fiscal a ciertos recipientes del estatuto aprobado en el 2012 apenas se ha traducido en un 1 % de extranjeros auditados.
La información provista por la fuente familiarizada con las indagatorias provocó a su vez la investigación oficial del comité senatorial, reseñó el periódico The New York Times a finales del mes pasado.
“Tengo entendido que no se han realizado evaluaciones por ninguna oficina a nivel nacional para una campaña que ha estado abierta por tres años”, lee la misiva.
La carta además señala que la respuesta del IRS a este fraude es “lamentablemente improductiva” y es considerada una “payasada” o “show de payasos” por parte de estadounidenses reclamando inmunidad de impuestos estadounidenses.
Algunos de los senadores que recibieron la carta fueron el presidente del comité de Finanzas Ron Wyden, demócrata de Oregon, y el miembro de alto rango, Mike Crapo, republicano de Idaho.
Los integrantes del comité planean reunirse con personal del IRS más tarde este mes como parte de un seguimiento a la pesquisa, de acuerdo con la información que maneja Bloomberg.
“Aparentemente, un número significativo de evasores de impuestos pudientes decidieron que ellos comprarían algunas propiedades en las montañas o en la playa en las afueras de San Juan, visitar de cuando en vez, y abusar de la Ley 22 de una manera que estafan tanto a contribuyentes en Puerto Rico como a los de territorio continental”, indicó Wyen el jueves en declaraciones escritas. “A este punto, ellos han apostado que pueden mantenerse delante de cualquier esfuerzo de las autoridades, y ese enfoque les ha valido la pena”, argumentó el senador.
La evaluación del IRS sobre beneficiarios de Ley 22 inició en el 2021. La investigación busca determinar si beneficiarios de los decretos de exención contributiva han mentido sobre su estancia en la isla para evitar pagar impuestos en EE. UU. sobre los ingresos de origen estadounidense.
En una entrada en la página web del IRS en el verano pasado, la agencia señala que está trabajando para garantizar que los contribuyentes de altos ingresos paguen los impuestos que deben.
“Antes de la Ley de Reducción de la Inflación, más de una década de recortes presupuestarios impidieron que el IRS siguiera el ritmo del conjunto de herramientas cada vez más complicado que los contribuyentes más ricos usan para ocultar sus ingresos y evadir el pago de su parte. El IRS ahora está tomando medidas rápidas y agresivas para cerrar esta brecha”, lee parte de la información en irs.gov con fecha del 14 de julio.
“En los últimos meses, nuestro equipo de Investigación Criminal ha cerrado una larga lista de casos en los que contribuyentes adinerados han sido condenados por evasión de impuestos, lavado de dinero y presentación de declaraciones de impuestos falsas. En lugar de pagar impuestos, estos evasores gastaron el dinero adeudado al gobierno en apuestas en casinos, vacaciones y la compra de artículos de lujo. Por ejemplo, en un solo caso se ordenó a la persona que pagara más de $6 millones en restitución”, añadieron desde el IRS.
Bajo el subtema “Estrategia de fraude en Puerto Rico”, el IRS divulgó lo siguiente: “Recientemente, identificamos alrededor de 100 personas de altos ingresos que reclaman beneficios en Puerto Rico sin cumplir con las reglas de residencia y fuente relacionadas con las posesiones de los EE. UU. Estas personas adineradas están tratando de evitar los impuestos de los EE. UU. sobre los ingresos de origen estadounidense, y esperamos que muchos de estos casos procedan a una investigación penal”.
Varios representantes demócratas han tronado desde el pleno contra la presunta evasión fiscal por parte de beneficiarios de la Ley 22.
Una de las primeras fue Delia Ramírez, demócrata de Illinois. En entrevista con El Diario en enero pasado, la congresista se reafirmó en su postura de que la ley es un factor clave en el desplazamiento de locales que no pueden competir con extranjeros en la adquisición de viviendas.
Además, insistió en el impacto que tiene para las comunidades en EE.UU. la evasión de impuestos federales de beneficiarios de Ley 22 en el territorio.
“Se asume que solo a cierto grupo de congresistas le importa lo que pasa en Puerto Rico. Es importante que mis colegas y los estadounidenses y las comunidades entiendan que la capacidad de Puerto Rico de salir adelante nos debe importar a todos nosotros. Yo fui criada en Humboldt Park, mayormente una comunidad puertorriqueña… Hay una idea de que si tú no eres puertorriqueño o si tú no eres guatemalteco, o si tú no eres esto, no te puede importar una situación. Y para mí es muy importante que, primero, se entienda que la comunidad puertorriqueña tiene cada vez más y más personas que quieren un mejor porvenir para Puerto Rico; que entienden la conexión entre la diáspora y la gente en la isla”, aseguró.
“Y si no te importa Puerto Rico en la manera en que me importa a mí, te debería importar la cantidad de estadounidenses que no quieren pagar impuestos en tu distrito y cómo eso está afectando la inversión en educación en tu distrito, el cuidado de salud y la solvencia en los programas sociales. Eso no se está pagando porque lo que está pasando en Puerto Rico, estamos dejando que pase”, putnualizó.
Esta semana, el representante demócrata Ro Khanna, del ala más liberal del partido, también se pronunció contra los efectos de la Ley 22, al tiempo que destacó la necesidad de un proceso de descolonización en la isla.
“Yo estoy comprometido en trabajar directamente con los puertorriqueños en este asunto. No nos toca a nosotros decirles a ellos lo que deben elegir, pero debemos terminar con políticas públicas dañinas como la Ley 22, que permite la evasión de impuestos por parte de los ricos a expensas de Puerto Rico, y terminar con la falta de soberanía alimentaria en Puerto Rico”, planteó en su turno de 1 minuto en el hemiciclo de la Cámara.
Otros representantes demócratas enviaron una carta en noviembre pasado al IRS pidiendo información sobre el curso de la pesquisa contra recipientes de la Ley 22 a raíz de una solicitud bajo la Ley de Libertad de Información (Freedom of Information Act – FOIA).
En marzo de este año fue cuando oficiales de la entidad contestaron a la misiva firmada por 12 legisladores en la que se emplaza al IRS a agilizar la divulgación del resultado de las auditorías.
Sin embargo, el documento no incluía detalles del alcance de la pesquisa y se limitaba a indicar que continuaba activa.
La Ley 22 exime del pago de impuestos por dividendos, intereses y ganancias de capital a los extranjeros que se instalen en Puerto Rico durante al menos 183 días al año. La expectativa es que estos inviertan en el territorio, creen empleos e incentiven la economía. Sin embargo, a juicio de los detractores de la ley, los privilegios a este grupo de adinerados ha llevado a P.R. a convertirse en un paraíso fiscal.
