Puerto Rico: DDEC confirma suministro de información al IRS por pesquisa a extranjeros con decretos bajo Ley 22
En entrevista con El Diario de NY, el secretario del DDEC, Manuel Cidre, dijo que le han suministrado a la oficina federal la información requerida como parte de las indagatorias por supuesta evasión de impuestos
Edificios en San Juan, Puerto Rico. Crédito: Carlos Giusti | AP
Nueva York – El secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico (DDEC), Manuel Cidre, dijo que el Servicio de Rentas Internas (IRS) no les ha pedido información adicional sobre la investigación que realizan a un centenar de estadounidenses con decretos de exención contributiva bajo la Ley 22.
Cidre argumentó que no es inusual que el IRS le haga requerimientos de información como el relativo a los beneficiarios de la “Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico”.
“Eso es ‘business as usual’. Hoy es para el tema de Ley 22; en el pasado era para temas de exenciones contributivas. El IRS es un custodio de los ingresos y de la estructura de soberanía americana y tiene todo el derecho de investigar, y de tiempo en tiempo investiga. Hay investigaciones que se completan y culminan con algún tipo de procesamiento. Hay investigaciones que comienzan y terminan”, planteó a preguntas de El Diario de NY.
El entrevistado aseguró que cualquier información adicional que necesiten las autoridades federales como parte de las indagatorias se las harán llegar.
“Lo importante de todo esto es que Puerto Rico al igual que los Estados Unidos es un país de ley, un país de orden. Aquí todo está de cara al sol, y cualquier información que ellos necesiten de cualquiera de nuestros decretos tenientes en el Departamento de Desarrollo Económico estamos ávidos siempre de dársela”, añadió.
DDEC alega que ha aumentado el número de revocaciones por incumplimientos con la ley
Cidre defendió la labor de la agencia para fiscalizar a los Ley 22 bajo el argumento de que ha habido un incremento en la revocación de decretos en los últimos años.
“En el 2021 se revocaron 29 decretos. Entre 2021 y 2024 van 400. Así que definitivamente el aumento ha sido considerable porque nos hemos enfocado en agilizar los procesos, hemos fortalecido la Oficina de Incentivos Contributivos, hemos fortalecido la cuestión de la supervisión porque obviamente somos un país de ley y orden. Esto no es un simplemente un paraíso fiscal donde (los extranjeros) hacen lo que les da la gana. Hay un decreto y tienen que cumplir”, planteó.
En lo que va de año, el DDEC ha revocado 90 decretos, según el funcionario.
Reportes previos sobre esa gestión apuntaban a que la agencia había anulado 311 decretos. Sin embargo, un informe en septiembre pasado del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) alertó que esa cifra era la misma provista en agosto de 2022; y que entre esos casos, cuatro habían quedado sin efecto, y en otros 29, la revocación no había sido final. Las cifras anteriores salen de estadísticas del DDEC hasta febrero de 2023 cuando el Gobierno había otorgado unas 2,000 exenciones.
Sobre los motivos de las revocaciones, Cidre rechazó que “la mayoría” estén relacionadas con actos criminales.
Según Cidre, los decretos fueron invalidados porque los beneficiarios o no presentaron sus informes anuales o sus estados financieros.
“El tema de las exenciones contributivas y los decretos son ventajas que tiene Puerto Rico, pero también con la misma fuerza y la misma energía que los otorgamos, con la misma fuerza los supervisamos y con la misma fuerza los renegamos si no están correctos”, insistió.
“Yo no siento que estamos desplazando a nadie”
Sobre los cuestionamientos relativos a la gentrificación y el desplazamiento de locales que no pueden competir en igualdad de condiciones con los extranjeros acaudalados en la compra de viviendas, Cidre planteó: “Yo creo que es un disparo a las gradas…el segundo grupo que más contribuciones paga en Puerto Rico son precisamente los contribuyentes de Ley 22, pagan $190 millones, eso es número 1. Número 2, los residentes de Dorado que vendieron sus casas, no la vendieron porque le pusieron un revólver en el cuello, lo vendieron porque le debieron dar un montón de dinero, y con ese dinero compraron otra residencia en San Juan”.
“Yo no siento que estamos desplazando a nadie. Al contrario, yo creo que estamos desarrollando áreas que tenían un alto potencial, y que por años no se hizo. Áreas como Miramar, Río Mar, Palmas, Rincón, Dorado, definitivamente, están en mejor posición”, sostuvo.
El DDEC es la agencia que se supone fiscalice a los recipientes de la Ley 22.
La Ley 22 forma parte a su vez del Código de Incentivos Contributivos o Ley Núm. 60-2019 que incluye otros incentivos, decretos y subsidios fiscales.
La Ley 22 establece que las exenciones serán efectivas hasta el 31 de diciembre de 2035.
Bajo la Ley para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico se exime a los beneficiarios del pago de impuestos de dividendos, intereses, acciones y ganancias de capital a cambio de que estos extranjeros se establezcan en la isla, inviertan y creen empleos.
El estatuto establece que los “inversionistas” cobijados bajo la Ley 22 deben ser residentes “bona fides” de la isla y permanecer en el territorio por un período de 183 días al año.
IRS confirmó pesquisa a millonarios evasores de impuestos
En julio del año pasado, el IRS confirmó en una entrada en su página web que investigaba a unos 100 recipientes de los decretos por alegadamente mentir sobre su estancia en la isla para evitar pagar impuestos en EE. UU. sobre los ingresos de origen estadounidense.
“En los últimos meses, nuestro equipo de Investigación Criminal ha cerrado una larga lista de casos en los que contribuyentes adinerados han sido condenados por evasión de impuestos, lavado de dinero y presentación de declaraciones de impuestos falsas. En lugar de pagar impuestos, estos evasores gastaron el dinero adeudado al gobierno en apuestas en casinos, vacaciones y la compra de artículos de lujo. Por ejemplo, en un solo caso se ordenó a la persona que pagara más de $6 millones en restitución”, lee la entrada bajo el subtema “Persiguiendo a evasores de impuestos millonarios”.
Seguido del encabezado “Estrategia de fraude en Puerto Rico”, el IRS añade como asunto destacado lo siguiente: “Recientemente, identificamos alrededor de 100 personas de altos ingresos que reclaman beneficios en Puerto Rico sin cumplir con las reglas de residencia y fuente relacionadas con las posesiones de los EE. UU. Estas personas adineradas están tratando de evitar los impuestos de los EE. UU. sobre los ingresos de origen estadounidense, y esperamos que muchos de estos casos procedan a una investigación penal”.
Días antes, un reporte de Bloomberg había alertado de la pesquisa. En el Congreso de EE.UU., representantes demócratas del ala más progresista presionan para que el IRS agilice la divulgación de los resultados de la pesquisa.
En noviembre pasado, 13 representantes enviaron una carta al IRS para pedir que la agencia recaudadora de impuestos acelerar la evaluación de una solicitud bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA) presentada por una coalición de organizaciones en Puerto Rico y en EE.UU.
“El paraíso fiscal que la Ley 22 ha creado en Puerto Rico ha proliferado el uso de alquileres a corto plazo (“STRs”), incrementando las ventas de propiedades en efectivo y la especulación en el mercado y ha causado el desplazamiento de los puertorriqueños”, plantea la misiva del pasado 12 de noviembre. Por consiguiente, nosotros consideramos esencial entender hasta qué punto el IRS y el Departamento de Hacienda de Puerto Rico están monitoreando a estos estadounidenses y negocios que reclaman beneficios bajo la Ley 22 a medida que el número de beneficiarios de la Ley 22/Ley 60 continúa creciendo exponencialmente”, añadieron los suscribientes.
Los congresistas además plantearon que el estatuto ha causado pérdidas sustanciales en los ingresos tanto del gobierno de P.R. como el federal. “Análisis del gobierno de Puerto Rico estiman que la isla perderá unos $4,500 millones en ingresos relacionados con la Ley 22 entre el 2020 y el 2026. El IRS además reveló que entre 2012 y 2019, 647 estadounidenses a los que se les otorgaron beneficios, pagaron en conjunto $557,978,112 en impuestos federales en los cinco años previos a su relocalización en Puerto Rico. Aunque la data sobre la extension del impacto de la Ley 22 sobre la base impositiva (tributaria) de EE. UU. es severamente limitada, este cálculo ofrece un vistazo en los fondos críticos que EE.UU. está perdiendo debido al esquema de evasión de impuestos creados por la ley”, puntualizaron.
Algunos grupos de la diáspora boricua por su parte han reclamado acciones legislativas para atajar la laguna legal que creó la sección 933 del Código de Rentas Internas de Estados Unidos para que los extranjeros en Puerto Rico paguen impuestos.
El ingreso recibido de fuentes de Puerto Rico está exento de impuestos en EE.UU. bajo la sección 933 del Código de Rentas Internas de los EE.UU. (U.S. Internal Revenue Code), excepto salarios y pensiones recibidas como empleado civil o militar del gobierno de EE.UU.
“El objetivo de muchos de estos grupos es que se presente un proyecto de ley en el Congreso que le cobre impuestos a los 22 o que la exención contributiva sea solamente para los residentes de Puerto Rico y sus descendientes, y no para estos extranjeros que están viniendo, viviendo 183 días al año, supuestamente, y no están creando suficiente actividad económica. Así que ese es el prospecto. Obviamente, esto va a tomar tiempo. Esto es una campaña que apenas comenzó el año pasado…”, explicó el portavoz de la campaña “Losing Puerto Rico”, Federico De Jesús, en entrevista previa con El Diario.
