Corte Suprema rechaza que estadounidenses puedan reclamar negación de visas a parejas migrantes
Los jueces del Máximo Tribunal rechazaron que estadounidenses puedan reclamar al Departamento de Estado por la denegación de visa a sus parejas, como el caso de una mujer y su esposo de El Salvador
La Corte Suprema dictaminó el viernes que los estadounidenses no tienen el derecho constitucional de impugnar la denegación de solicitudes de visa conyugal por parte del Departamento de Estado.
De este modo, los jueces rechazan el intento de Sandra Muñoz de reclamar al Gobierno federal por rechazar la Green Card para su esposo Luis Asencio-Cordero, originario de El Salvador, acusando que fue discriminado por sus tatuajes.
La opinión votada 6-3 fue escrita por la jueza Amy Coney Barrett expone que los cónyuges estadounidenses no tienen un interés “único” para que su cónyuge sea admitido en Estados Unidos.
De este modo, el Máximo Tribunal respalda la negación de las visas para los cónyuges de ciudadanos estadounidenses, incluso si eso significa que la pareja no puede vivir junta en el país.
Muñoz vive en Los Ángeles y se casó en 2010 con Luis Asencio-Cordero, por lo que buscaron obtener una Green Card para él ante la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).
Aunque USCIS aceptó la petición de Muñoz y Asencio-Cordero viajó al consulado en San Salvador para solicitar una visa, después de realizar varias entrevistas, un funcionario consular denegó su solicitud, bajo argumentos de seguridad pública.
“Citando una disposición que vuelve inadmisible a un no ciudadano a quien el funcionario [el funcionario consular] ‘sabe, o tiene motivos razonables para creer, que busca ingresar a los Estados Unidos para participar única, principal o incidentalmente en ciertos delitos específicos o cualquier otra actividad ilegal’”, cita la opinión de la Corte Suprema.
Sandra Muñoz acusó que el oficial consular había actuado contra su esposo, debido a sus tatuajes.
El argumento central
El argumento de la jueza Barrett es que un estadounidense, por el simple hecho de serlo, no tiene un derecho intrínseco de que su cónyuge extranjero sea aceptado con una visa de inmigrante en EE.UU., es decir, debe haber un proceso de admisibilidad.
“Según la doctrina de la no impugnación consular [sobre visas], la decisión de un funcionario ejecutivo de -admitir o excluir a un extranjero’ ‘es definitiva y concluyente’ […] y no está sujeto a revisión judicial en un tribunal federal”, destaca la jueza en su opinión.
Los jueces a favor apoyan que hay casos donde la denegación de una visa supone una carga para los derechos constitucionales de un ciudadano estadounidense, pero no siempre es el caso, como el de Sandra Muñoz y su esposo salvadoreño.
“En ese caso, la Corte ha considerado si el funcionario ejecutivo dio una ‘razón aparentemente legítima y de buena fe’ para denegar la visa”, dice la opinión. “Asencio-Cordero no puede invocar la excepción por sí mismo, por lo que Muñoz debe afirmar que la denegación de la visa de su marido violó sus derechos constitucionales, permitiendo así la revisión judicial”.
Los jueces consideran que en este caso no se violó el “debido proceso” contra Muñoz y su esposo.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) respaldó la petición de Muñoz y presentó un documento “amigo de la corte” a su favor, por lo que criticó la decisión de la Corte Suprema.
“La Corte Suprema dice que un ciudadano estadounidense no tiene ningún derecho protegido en vivir con su cónyuge no ciudadano en su propio país. Estamos totalmente en desacuerdo. Como mínimo debería tener derecho a un proceso justo”, expresó Daniel Galindo, abogado principal del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU.
¿Quién es Sandra Muñoz?
En octubre de 2022, la Corte de Apelaciones para el Noveno Circuito consideró que el Departamento de Estado violó los derechos constitucionales de Muñoz. La Administración Biden apeló la decisión ante la Corte Suprema.
La pareja está separada desde el 2015, por lo que tampoco pueden compartir vivienda con la hija de ambos, quien es ciudadana estadounidense.
Sandra nació y creció en el este de Los Ángeles, es hija de un veterano de la Segunda Guerra Mundial y un trabajador de almacén.
Ella estudió en la escuela secundaria Garfield y es abogada en derechos civiles.
Luis ingresó como indocumentado a EE.UU. en 2005 y se casó con Sandra en 2010, tres años después Sandra lo patrocinó para que él obtuviera una Green Card, pero la Ley de Nacionalidad e Inmigración (INA) establece que los indocumentados deben realizar su entrevista en un consulado estadounidense de su país de origen, a fin de tener un ingreso legal a EE.UU.
Aunque el proceso en general fue positivo para la pareja, incluso que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) hizo una verificación de antecedentes y determinó que Luis no es una amenaza, el oficial consular tomó una decisión negativa en 2015.
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