¿Por qué más de 100,000 beneficiarios del Seguro Social fueron removidos del programa SSI?

Reportes que citan estadísticas de la Administración del Seguro Social (SSA) indican que, desde el año pasado hasta el presente, 119,395 personas dejaron de recibir pagos mensuales del programa

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Por lo general, la Administración del Seguro Social distribuye los cheques de SSI el primero de cada mes.  Crédito: Jonathan Weiss | Shutterstock

La Administración del Seguro Social (SSA) no ha explicado por qué más de 100,000 beneficiarios de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) fueron removidos del programa.

Medios como Newsweek reportaron esta semana que, desde el año pasado hasta el presente, esa cantidad de personas dejó de recibir pagos mensuales bajo SSI.

SSI proporciona fondos a personas con discapacidades como ceguera que tienen pocos o ningunos ingresos o recursos.

El programa aplica a adultos de 65 años o más, así como a personas de cualquier edad, incluyendo niños, siempre y cuando carezcan de recursos económicos.

Los reportes de la remoción de beneficiarios hacen referencia a las propias cifras del Seguro Social.

En específico, 119,395 recipientes fueron removidos del sistema entre mayo del 2023 y el mismo mes pero de este año. La diferencia es de 7,380,737 versus 7,261,342.

Algunos estados reportaron más de 15,000 personas que ya no estaban registradas al programa federal. California, con la cifra más grande de reclamaciones por SSI en Estados Unidos, registró una baja de 18,344 en el referido periodo, o 708,695 versus 690,351.

Texas registró 14,587 recipientes menos para mayo pasado, o 591,710 versus 577,123. En el caso de Nueva York, la diferencia es de 9,555 o 568,777 versus 559,222.

En estados como North Dakota la cantidad de remociones es mínima, o de 17 personas, 7,923 versus 7,906.

SSA anunció cambios en la adjudación de solicitudes a programas

El mes pasado, la SSA anunció cambios en la manera en que adjudicaría las solicitudes no solo para el programa SSI, sino para el de Seguro por Incapacidad del Seguro Social (SSDI).

La agenca presentó el cambio como una manera de simplificar el proceso de evaluación por discapacidad.

“La regla final anuncia actualizaciones que mejorarán el proceso de solicitud de beneficios por incapacidad y reducirán el tiempo que los solicitantes esperan por una decisión. La nueva regla simplifica el cuarto paso del proceso, que evalúa si una persona que solicita beneficios por incapacidad puede desempeñar alguno de sus ‘trabajos relevantes anteriores’”, indicó la entidad en un comunicado de prensa.

Según la regla final, que entró en vigor el 22 de junio de 2024, al determinar el trabajo relevante anterior, la agencia solo revisará cinco años de historia laboral. Previo al cambio, la SSA le requería a las personas proporcionar información detallada sobre 15 años de historial laboral, lo que, en algunos casos, complicaba el suministro de información y se traducía en informes incompletos o incorrectos. Adicional, la agencia ya no considerará trabajos que comenzaron y terminaron en menos de 30 días calendario.

La nueva regla hace que sea más fácil para las personas que solicitan beneficios, ya que pueden enfocarse en su actividad laboral relevante más reciente, y, al mismo tiempo, proporcionar suficiente información para continuar tomando determinaciones correctas”, dijo la SSA.

También en junio, la SSA actualizó la lista de ocupaciones utilizadas en el proceso de evaluación para determinar discapacidad.

“La agencia ha identificado 114 ocupaciones en el DOT (solo disponible en inglés) con empleos que existen en cantidades muy limitadas, si es que existen del todo, en cada una de las nueve divisiones del Censo de los EE. UU. en el país. Basado en estos hallazgos, la agencia no utilizará estas ocupaciones para respaldar el proceso de evaluación para determinaciones de incapacidad al encontrar que «no hay una incapacidad» en el último paso de la evaluación””, explicó la oficina en su sitio web.

El Seguro Social además identificó 13 ocupaciones en el DOT en las que los tribunales federales han cuestionado la evidencia que respalda el hallazgo de que una persona “no tiene una discapacidad. La agencia está implementando requisitos de evidencia adicionales para estas ocupaciones.

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