ONG de Venezuela denuncia traslado de detenidos en protestas a un destino desconocido
Foro Penal, alertó que familias desconocen al sitio donde los llevará, al no informar a dónde serán llevados en una violación a la ley de Venezuela
La ONG venezolana Foro Penal denunció el traslado en el estado Nueva Esparta (insular) de detenidos durante las protestas poselectorales, sin que los familiares de estas personas conozcan “el lugar dónde los llevan”, lo que constituye -afirmó la organización- una “violación” a la Constitución.
“Familiares desconocen el lugar donde los llevan (a los detenidos). Indican avión preparado para traslado fuera de la isla de Margarita. Recordamos que las autoridades, al no informar a los detenidos y a sus familiares a dónde los van a trasladar, están incurriendo en violación (…) de la Constitución“, alertó el Foro Penal a través de X.
Asimismo, la ONG sostuvo que a los detenidos se les ha impedido que “nombren como defensa a abogados de su confianza”, una práctica -dijeron- que ha venido sucediendo en “la mayoría de los casos de detenciones en el contexto postelectoral”.
La organización registra 1,780 detenidos -de los cuales 1,550 son hombres y 230 mujeres- durante las protestas contra el resultado expresado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) chavista de las elecciones presidenciales del 28 de julio, en el que las autoridades electorales proclamaron la victoria de Nicolás Maduro, algo que la mayor coalición opositora considera como “fraude” y que cuestiona buena parte de la comunidad internacional.
Asimismo, el bloque antichavista asegura que su abanderado, Edmundo González Urrutia, es el presidente electo según el “83,5 % de las actas electorales” que dicen haber reunido a través de testigos y miembros de mesa la noche de la elección, para sustentar su denuncia de fraude en las presidenciales, documentos que el Gobierno tacha de “falsos”.
Según cifras oficiales del régimen de Maduro, durante las protestas poselectorales se registraron más de 2,400 detenidos y 25 muertes, de las cuales el Gobierno responsabiliza a la oposición, mientras que órganos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha denunciado el “uso arbitrario de la fuerza” por parte del Estado.
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