Grupo de la diáspora pide a gobernadora de Puerto Rico que se preocupe más por derechos de migrantes y menos por fondos federales
La Mesa Boricua de Florida tronó contra recientes declaraciones de Jenniffer González en las que defendió los operativos de ICE en el territorio
Vista aérea de Santurce, Puerto Rico, donde agentes federales arrestaron a varios migrantes el domingo pasado. Crédito: Ricardo Arduengo | AP
Nueva York – Miembros de la diáspora boricua en Florida cuestionaron que la gobernadora Jenniffer González supuestamente priorice el discurso de los fondos federales para la isla en lugar del de los derechos humanos al momento de expresarse sobre los recientes operativos de las autoridades federales contra migrantes en Puerto Rico en respuesta a las órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Donald Trump.
“Exigimos que la gobernadora Jenniffer González Colón rectifique su postura y que priorice la protección de los derechos humanos de las comunidades inmigrantes, en lugar de ceder a amenazas de corte de fondos federales. Asimismo, hacemos un llamado a todas las organizaciones y aliados de derechos humanos a unirse en esta lucha por la equidad, la justicia y la dignidad de todos los residentes de Puerto Rico, independientemente de su estatus migratorio”, indicaron los integrantes de la Mesa Boricua de Florida mediante un comunicado.
En respuesta a la intervención de efectivos de agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Barrio Obrero, Santurce, el pasado domingo, la primera ejecutiva sostuvo que, como cualquier otra jurisdicción de Estados Unidos, Puerto Rico debe cumplir con los mandatos antimigratorios del presidente.
En ese sentido, los activistas cuestionaron que, poco antes de los arrestos, que impactaron principalmente a migrantes dominicanos, González había dicho a la comunidad que no tenían que preocuparse por las deportaciones masivas porque Puerto Rico no era México ni Texas.
“En el caso de Puerto Rico, ha habido deportaciones ya, de gente que llega en yola, pero no debería de haber esa preocupación en el caso de la isla, porque no estamos hablando de México ni de Texas”, había afirmado la gobernadora en una entrevista por Telemundo.
La entidad interpretó la postura de González como el preámbulo a una limitación mayor de derechos para los migrantes en el territorio.
“La Mesa Boricua de Florida expresa su rechazo absoluto a estas acciones y a la preocupante respuesta de la gobernadora Jenniffer González Colón. No solo había asegurado de manera errónea que Puerto Rico no se vería afectado por las nuevas políticas migratorias, sino que ahora su administración está evaluando medidas que podrían limitar aún más los derechos de las comunidades inmigrantes en la Isla, incluyendo el acceso a servicios de salud y licencias de conducir. Esta decisión responde directamente a la amenaza del presidente Trump de cortar fondos federales a Puerto Rico si no coopera con su directriz antiinmigratoria”, expusieron los miembros de la organización.
En esa dirección, la Mesa Boricua resaltó las expresiones de la gobernadora de que revisará el alcance de derechos en áreas como cuidado de salud, licencias de conducir y otros servicios esenciales para personas con estatus migratorio no definido. “Esto, a pesar de que leyes federales y estatales, como la Ley 194 del 2000 y el Emergency Medical Treatment & Labor Act (EMTALA), garantizan el acceso a servicios médicos de emergencia para todas las personas, sin importar su capacidad de pago o estatus migratorio. Además, cualquier intento de eliminar el beneficio de licencias de conducir provisionales, concedido bajo la Ley 97 del 2013, requeriría la derogación de esta ley, un acto que afectaría drásticamente la calidad de vida de miles de inmigrantes que ya enfrentan múltiples barreras”, alegaron desde el grupo.
La organización además denunció el “trato inhumano” de las autoridades federales, mediante los operativos policiales desproporcionados, caracterizados por el uso excesivo de la fuerza, armas y equipos tácticos.
“Estas acciones, además de ser injustas, constituyen una clara violación de los derechos fundamentales de estas personas, quienes merecen ser tratadas con dignidad y respeto. Asimismo, condenamos el ambiente de terror que estas medidas generan, exponiendo a las comunidades inmigrantes en un estado de constante temor y vulnerabilidad”, argumentaron.
El comunicado concluye con el recordatorio del papel fundamental que desempeñan comunidades como la dominicana en la isla, “realizando cientos de miles de trabajos esenciales cada día, en los campos de la agricultura, el cuidado de personas mayores y niños, la limpieza de hogares, el mantenimiento de jardines y la construcción”.
Agregaron: “Su ausencia tendría un impacto devastador, generando una crisis humanitaria tanto en los Estados Unidos como en Puerto Rico. En la isla, se estima que la comunidad inmigrante está compuesta por varios cientos de miles de personas, de las cuales aproximadamente 200,000 son de origen dominicano, contribuyendo significativamente al desarrollo económico y social del país”.
La gobernadora argumentó que la isla, al estar bajo la jurisdicción de Estados Unidos, no puede darse el lujo de no cumplir con las políticas de Trump, entre otras cosas, porque peligrarían fondos federales para el territorio.
“Las órdenes ejecutivas, nosotros, Puerto Rico, no se puede dar el lujo de no cumplir con ellas. La misma orden ejecutiva habla de estado o territorio que no cumpla con esta orden pierde los fondos federales, así que Puerto Rico no está a favor de que haya personas que hayan delinquido y que tengan expediente criminal con estatus migratorio ilegal en Puerto Rico. Yo, en ese sentido, respaldo esa determinación”, declaró a preguntas de medios durante una conferencia de prensa el lunes.
González argumentó que Trump está cumpliendo con los compromisos de campaña que le fueron encomendados a través del voto de la mayoría de los estadounidenses.
“El pueblo de Estados Unidos votó por el presidente y esta fue una de las propuestas avaladas por el pueblo americano de sacar de las calles a gangas, criminales y personas que delinquen. En el caso de Puerto Rico, el efecto que esto va a tener es que vamos a tener más recursos para seguridad nacional; vamos a tener más recursos para combatir las drogas y la entrada de drogas a Puerto Rico…”, insistió.
“Que se saquen los criminales, yo creo que todo el mundo va a estar de acuerdo que cualquier persona que haya cometido delito estando de manera ilegal es necesaria su remoción. A mí lo que me preocupa son esas personas que llevan años viviendo aquí, que han sido ciudadanos de bien, pero no hayan completado su proceso (migratorio) de entrada a la isla”, matizó.
De paso, la primera ejecutiva rechazó que los operativos encabezados por agencias como ICE estén exclusivamente enfocados en la comunidad dominicana en Puerto Rico.
“Para mí lo más importante de esta reunión (con las agencias federales) es saber si esto, específicamente, se hizo para la comunidad dominicana; las agencias federales nos manifestaron que no, que esto no está dirigido a la comunidad dominicana, que es a todas las naciones por igual. Que el proceso de deportar no es nuevo…entre los que hay personas de origen chino, uzbeko, afganos, brasileños, rusos, colombianos, entre otras personas”, esbozó.
El foco de las agencias federales, según González, son los migrantes que han cometido delitos y no están residiendo legalmente en Puerto Rico.
“Van a perseguir a todos estos inmigrantes que han cometido delitos, y que todas estas personas van a ser arrestadas y deportadas. Esa es la orden que se ha dado a nivel de Estados Unidos y ellos la van a ejecutar. En Puerto Rico, hay gran cantidad de personas con estatus migratorio ilegal con crímenes tanto en la República Dominicana como en otros países de origen, como crímenes cometidos en Puerto Rico”, planteó.
Según la gobernadora, quienes cuenten con documentos que acrediten su estancia legal en la isla o se encuentren en el proceso para regularizar su estatus migratorio deberían continuarían en el país sin problema.
Sin embargo, en la ejecución, ICE alegadamente ha detenido a migrantes incluso con documentación legal para permanecer en Puerto Rico.
Sobre este particular, la gobernadora dijo: “Lo que ocurrió el domingo no fue una redada, como algunos han comentado; fue una operación dirigida a personas que tenían expediente criminal y que también tenían estatus migratorio ilegal en Puerto Rico. Esa es la información que nos dan hoy las agencias federales. Esos arrestos que hubo, los que estaban acompañando a esas personas, aunque no tengan un récord criminal, al estar al momento de ese arresto, también se arrestan. Pero no fue exclusivamente en Barrio Obrero, también hubo arrestos en el aeropuerto, en Carolina, ya que ellos estaban movilizados ayer en todos los aeropuertos en Puerto Rico”
“Para mí lo más importante es cómo manejamos los casos con las familias de las personas que están aquí. Nosotros hemos dado instrucciones al Departamento de la Familia; estamos haciendo lo propio con el Departamento de Educación, ASSMCA (Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción) y el resto de las agencias, para manejar esos casos de las familias que se separan con mayor sensibilidad…”, puntualizó.
En la conferencia se encontraban otros funcionarios de su gabinete como el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, y la del Departamento de Justicia, Janet Parra.
Los funcionarios se presentaron ante la prensa luego de que la gobernadora mantuviera un encuentro con representantes de agencias federales en la isla que manejan el tema migratorio para discutir el impacto en la isla de las órdenes ejecutivas de Trump.
Entre los presentes en la reunión se encontraba el fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico, Stephen Muldrow Lawyer; el jefe del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Joseph González; el agente especial para la División del Caribe de la Administración para el Control de Drogas, Michael Miranda; el alguacil de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, Wilmer Ocasio-Ibarra; la agente especial a cargo del Departamento de Seguridad Nacional (HSI) en San Juan, Rebbeca González Ramos; y el director de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en San Juan y director del Grupo Interagencial de la Frontera del Caribe, Roberto Vaquero.
Fermín Díaz, uno de los dominicanos detenidos en el operativo encabezado el domingo por agentes de ICE en Barrio Obrero, tuvo que ser liberado aproximadamente una hora después de ser detenido y llevado a un centro en Guaynabo, ya que no era a quien las autoridades buscaban.
El hombre relató a El Nuevo Día que los agentes, presuntamente, llegaron al lugar donde se encontraba en busca de otro individuo. Cuando Díaz les indicó que desconocía quien era la persona, le pidieron que mostrara sus documentos de residencia. Como no los pudo mostrar de inmediato, se lo llevaron.
Por su parte, la abogada de migración Julie Cruz Santana dijo al mismo medio que personas sin órdenes de deportación ni expediente criminal habían sido arrestadas por las autoridades federales en Puerto Rico.
En una conferencia este miércoles, la Unión Americana de Libertades Civiles de Puerto Rico (ACLU) junto a otras organizaciones anunció un frente de la sociedad civil en contra de las políticas migratorias del presidente y exigieron medidas de protección para la comunidad migrante.
“Decidimos formar este frente para denunciar la crisis humanitaria que han creado las órdenes administrativas adoptadas por el presidente Trump en enero de 2025, y para exigir que el gobierno de Puerto Rico defienda los derechos humanos de nuestra población, específicamente de la comunidad migrante”, indica una declaración del grupo.
“Estamos rechazando el modelo de gobernanza por decreto ejercido por el presidente Trump, no solamente porque es inconstitucional, ilegal, inválido, sino porque específicamente atropella los derechos civiles y humanos de nuestra población, en este particular de las personas migrantes”, añadieron.
Para los activistas, las acciones migratorias ordenadas por Trump son racistas y no resuelven las raíces del problema de migración en EE.UU.
“Estamos repudiando las órdenes de migración porque son racistas, selectivas, xenófobas y claramente inhumanas. Estas órdenes para nada resuelven el asunto de migración que se supone atienda el gobierno federal. Por el contrario, está provocando un ambiente de miedo en la población y produce un daño irreparable a las familias, incluso la posibilidad de separación”, plantearon los suscribientes.
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