SNAP para Puerto Rico: gobernadora envía carta a miembros de comités en el Congreso para insistir en la transición
Jenniffer González afirma que su Administración continuará presionando para que la transición del PAN al SNAP en la isla sea incluida en Farm Bill
El representante republicano Glenn Thompson es el presidente del comité de Agricultura de la Cámara. Crédito: AP
Nueva York – La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, planteó en una carta enviada a líderes de los comités de Agricultura tanto en la Cámara como en el Senado federal que su Administración continuará insistiendo para que la transición del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) al de SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria) en la isla sea incluida en la próxima extensión de “Farm Bill” (Ley Agrícola).
“Puerto Rico enfrenta retos en varios frentes ligados a la legislación de ‘Farm Bill’, incluyendo asistencia nutricional. Contrario a los 50 estados, Washington D.C., Guam y las Islas Vírgenes estadounidenses, Puerto Rico no participa en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). En su lugar, administra el Programa de Asistencia Nutricional (PAN), una subvención en bloque limitada financiada cada año por el Congreso que, al momento, provee beneficios para más de 1.2 millones de participantes”, expone la gobernadora en la misiva con fecha del 7 de febrero.
González procede a mencionar las limitaciones en cuanto a fondos federales que, entre otras cosas, no otorgan flexibilidad al territorio para aumentar el financiamiento en medio de escenarios de desastres como huracanes, por ejemplo.
“Comparado con el PAN, SNAP, no solo provee mayor financiamiento, pero además incluye características programáticas que asisten a los beneficiarios con empleo y entrenamiento y apoya con mayor asistencia durante periodos de emergencia a través de ‘Disaster-SNAP’”, continuó.
La gobernadora además les recordó a los legisladores federales que presentó un proyecto mientras era comisionada residente para permitir que Puerto Rico participara en SNAP.
“Durante mi tiempo sirviendo en el Congreso, más recientemente introduje el H.R. 253, Puerto Rico Nutrition Assistance Fairness Act, una legislación bipartidista que delinea el camino hacia la transición. Como gobernadora, yo he instruido a los miembros de mi gabinete para una gran alineación a SNAP para no solo mejorar las actuales operaciones en preparación a una potencial transición”, expuso la republicana al tiempo que destacó el respaldo multisectorial en años recientes para presionar por la transición en Washington D.C.
El Puerto Rico Nutrition Assistance Fairness Act le requiere al territorio someter al Departamento de Agricultura (USDA) un plan de operaciones para la transición a SNAP. A su vez, USDA debe proveer el entrenamiento y la asistencia técnica apropiada para facilitar que Puerto Rico formule ese plan.
Por otro lado, la primera mandataria argumentó en la carta que, aunque el incremento de $50 millones para el PAN en la legislación de Farm Bill introducida en la Cámara de Representantes es histórico, la intención de su Administración es continuar abogando por el cambio de programas.
“El año pasado, el Comité de Agricultura de la Cámara aprobó el H.R. 8467, Farm, Food, and National Security Act. La Sección 4124 incluye un incremento de $50 millones para el PAN. Si se aprueba, esta sería la primera vez en casi 20 años que la base de la subvención en bloque aumentaría. No hay duda de que recursos adicionales son necesarios para cubrir tanto un beneficio de asistencia nutricional más robusto y apoyar el trabajo en curso que nos acerca más a SNAP para Puerto Rico”, señaló.
La misiva añade: “Aun así, residentes en la isla que necesitan esta asistencia, grupos de interés que apoyan mayor asistencia nutricional y oportunidades de desarrollo económico, al igual que mi Administración y yo, nos mantenemos comprometidos en trabajar hacia la meta de una transición en la próxima Ley Agrícola”.
La primera ejecutiva destacó que la Sección 74.4 de la legislación introducida en la Cámara incluye Tropical Plant Health Initiative que ayudarían a promover oportunidades de investigación para cultivos como café, cacao y plátanos, entre otros.
Según González, estos cultivos son esenciales para la producción agrícola en Puerto Rico. En esa dirección, mencionó que introdujo legislaciones similares en el pasado Congreso 118 como el H.R.3856, Mango Plant Health Initiative y el H.R.1455 o Plantain and Banana Plant Health Initiative Act.
La carta fue enviada a los republicanos Glenn Thompson, presidente del comité de Agricultura de la Cámara; John Boozman, quien ocupa la misma posición pero en el Senado; Angela Dawn Craig, miembro demócrata de alto rango en el comité de la Cámara; y Amy Jean Klobuchar, demócrata de alto rango en el comité senatorial.
En este Congreso, los republicanos tienen mayoría tanto en Cámara como en Senado. En el anterior, aún con una mínima mayoría demócrata en el Senado, no fue posible avanzar con una legislación de consenso que incluyera la transición de Puerto Rico a SNAP.
González ha tenido que lidiar con la oposición de miembros de su propio partido a nivel nacional que se resisten a incluir la transición por considerar que representaría una inversión considerable de dinero.
Un estudio de viabilidad de SNAP para la isla divulgado por USDA en el 2022 arrojó que,
de darse la transición, se estima que unos 838,000 hogares participarían de SNAP, partiendo de datos del 2019. Esto es aproximadamente 16% más que la participación en el PAN para ese mismo periodo.
Si se aprobara el cambio desde la Legislatura federal, el territorio recibiría cerca de $4,500 millones al año, en comparación con los $2,900 millones anuales actuales.
En términos administrativos, las estadísticas apuntan a que anualmente costaría entre $249 millones y $414 millones. Lo anterior incluye costos de certificación, emisión, control de fraude, operación y mantenimiento de sistemas de datos, entre otros.
Thompson ha alegado que Puerto Rico no está preparado para ajustarse a los requisitos labores que implica la inserción a SNAP. Sin embargo, las autoridades en Puerto Rico empezaron a ajustar la infraestructura gubernamental y de informática desde hace varios años para cumplir con los requisitos federales. El año pasado, el Departamento de la Familia, a través de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), comenzó a implementar “Cuna de Talentos” en virtud de la Ley de Innovación y Oportunidad de la Fuerza Laboral (WIOA) bajo la que se proveen los fondos para impulsar el mismo.
El fin del programa piloto era que beneficiarios del PAN se inserten en el mercado laboral, continúen estudios o realicen trabajo voluntario, esto para demostrarle al gobierno federal que la isla puede cumplir con las condiciones que impone SNAP a los beneficiarios.
No está claro si González continuará con la iniciativa “Cuna de talentos” encaminada por la administración pasada del gobernador Pedro Pierluisi.
American Relief Act o Ley de Alivio Estadounidense extendió hasta el 14 de marzo de 2025 los niveles de financiamiento del gobierno. La ley además amplió el Farm Bill de 2018 hasta el 30 de septiembre de este año.
La Ley de Agricultura, que cubre un sinnúmero de programas agrícolas y de asistencia nutricional, es una ómnibus que se supone tenga vigencia por cinco años. Sin embargo, ya ha sido prorrogada en varias ocasiones ante la imposibilidad de que los miembros del Congreso se pongan de acuerdo sobre su contenido final.
La legislación de 2018 expiró el 30 de septiembre de 2023.
Un reporte del Servicio de Investigación del Congreso (CRS) actualizado el 26 de diciembre pasado señala que, en el pasado Congreso 118, el comité de Agricultura de la Cámara reportó el H.R. 8467 para reautorizar Farm Bill el 23 de mayo. En el caso del comité de Agricultura del Senado, ese organismo introdujo su versión o S. 5335 el 18 de noviembre. El borrador del Senado incluía la transición a SNAP para Puerto Rico, pero el de la Cámara, no.
“Las recientes leyes agrícolas han afrontado obstáculos legislativos para su promulgación como votos insuficientes para ser aprobados en el pleno de la Cámara, vetos presidenciales y retrasos que han resultado en extensiones a corto plazo”, resume el documento oficial sobre el curso de la evaluación.
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