SNAP en Puerto Rico: USDA explica qué implicaría una transición al programa de cupones de alimentos en la isla
En entrevista exclusiva con El Diario, Carlos Ortiz Medina, director de la Oficina del Área del Caribe de USDA, dijo que la decisión final sobre una transición sigue en manos del Congreso
No se pueden comprar productos como alcohol, medicamentos, tabaco o alimentos calientes listos para comer con los cupones SNAP. Crédito: Jonathan Weiss | Shutterstock
Nueva York – Aunque el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) está listo para guiar a las autoridades en Puerto Rico en caso de que el territorio pase del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) al de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), la última palabra o decisión sobre este tema la tienen los legisladores en el Congreso de Estados Unidos que deben aprobar la transición.
Carlos Ortiz Medina, director de la Oficina del Área del Caribe de USDA explicó en entrevista exclusiva con El Diario que la posible integración de Puerto Rico a SNAP dependerá de si los congresistas incluyen una provisión a esos fines en el “Farm Bill” (Ley de Agricultura).
El 12 de noviembre pasado, mediante una resolución, el Congreso extendió el Farm Bill de 2018 hasta septiembre 30.
Esta ley incluye el financiamiento de los programas de agricultura y alimentos en Estados Unidos.
La vigencia de la legislación ómnibus fue extendida hasta el otoño, luego de que republicanos y demócratas no llegaran a un acuerdo sobre la totalidad del paquete.
“De parte de nosotros en el Ejecutivo, ya estamos haciendo lo que podemos hacer bajo lo que es la autoridad de nosotros, que es apoyar a Puerto Rico dentro de lo que nuestros poderes nos permiten, y apoyar en la estrategia para los puertorriqueños. Aquí lo que toma, y es en el aspecto político del que yo estoy fuera, es la lucha de Puerto Rico o lo que están haciendo en el Congreso para lograr una extensión en el Farm Bill para que se pueda dar SNAP. Al eso ocurrir, a mí me llegan las instrucciones de que se empiece la transición para trabajar en la misma”, aseguró Ortiz Medina.
“Este asunto de que Puerto Rico pueda entrar al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y salir del ‘block grant’ (asignación en bloque) que tienen que es el PAN es un asunto que la decisión se toma en el Congreso. Nosotros lo que hemos hecho, el compromiso de la Administración Biden-Harris, del secretario Tom Vilsack de USDA y de FNS (Servicio de Nutrición y Alimentos) es siempre ayudar a Puerto Rico, darle apoyo en todos los programas incluyendo los del PAN en la estrategia que ellos quieran desarrollar para ayudar a la nutrición de los puertorriqueños”, abundó el portavoz.
USDA orienta a las autoridades en Puerto Rico sobre SNAP
El director de la oficina del Caribe de USDA reveló que personal de la agencia federal lleva al menos dos años orientando a las autoridades en la isla, en particular al Departamento de la Familia, sobre lo que implicaría el cambio.
“El programa en Puerto Rico no tiene un componente de SNAP que se llama D-SNAP, de desastres. Puerto Rico no tiene eso; y en la región de nosotros, nos comunicamos con Louisiana, que son unos expertos en desastres, y nosotros nos llevamos una delegación de Puerto Rico, y ese es uno de varios viajes que hicimos… el análisis que hicimos incluyó llevar a Puerto Rico a estados que podrían mostrarle lo que ellos tienen para que P.R. tuviera una idea de cómo este estado trabaja ‘desastre’; cómo este estado trabaja el asunto de elegibilidad; cada distinto aspecto de lo que es el componente de un programa SNAP…”, añadió.
El Departamento, a través de la oficina de Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), es la entidad encargada de la distribución de los fondos del PAN.
PAN funciona bajo una asignación en bloque
Bajo la asignación en bloque para Puerto Rico, que se considera una versión limitada de SNAP, la isla recibe menos beneficios que los estados e incluso que las Islas Vírgenes y Guam.
En casos de desastres como huracanes, ante los que la isla se encuentra vulnerable por su posición geográfica, las autoridades locales tienen que solicitar la intervención del Congreso para ampliar la ayuda por emergencia.
“PAN recibe una cantidad fija de financiamiento federal cada año, llamada asignación en bloque. Contrario al financiamiento para SNAP, que se expande y se contrae dependiendo de la necesidad, el PAN debe mantenerse dentro de los límites establecidos de financiamiento independientemente de la necesidad. Como resultado, el PAN no se puede expandir automáticamente cuando la economía tropieza o ocurre un desastre natural”, detalla una entrada en la página web Center on Budget and Policy Priorities (CBPP), organización especializada en el tema.
“La asignación en bloque federal cubre todos los beneficios para alimentos del PAN y un 50 % de los costos administrativos, y Puerto Rico cubre el resto de los gastos administrativos”, precisan desde el “think tank”.
Cambio ayudaría a reducir la brecha del hambre
Ortiz Medina reconoció que la transición de un programa a otro ayudaría en la lucha para reducir los altos niveles de pobreza en la isla.
“Es cierto…si Puerto Rico estuviera bajo SNAP, los participantes reciben más beneficios. En un lugar, por ejemplo, como las Islas Vírgenes. Las Islas Vírgenes están un poquito más allá de nosotros y tienen los mismos retos en muchos aspectos por ser una isla. Bajo el PAN en Puerto Rico, hoy, un grupo familiar de una persona, recibe un máximo de $165 dólares. Ese mismo grupo familiar en Islas Vírgenes recibe un beneficio de $362”, comparó el representante con base en datos del Plan de Operación del PAN en Puerto Rico que se aprobó en diciembre.
“Una familia que pueda recibir más dinero para alimentos, pues es algo positivo porque entonces se reduce la brecha de la hambruna porque reciben más dinero para obtener más alimentos nutritivos”, puntualizó.
Los datos más actualizados de la Encuesta sobre la Comunidad de la Oficina del Censo de EE. UU., arrojaron que la pobreza general en Puerto Rico aumentó de 40.5% a 41.7%; de 54.9% a 57.6% en los menores de 18 años, y de 36.7% a 38.8% a nivel familiar.
Estudio de viabilidad de USDA sobre transición a SNAP
En el 2022, USDA divulgó un estudio de viabilidad para la implementación de SNAP en Puerto Rico a pedido del Congreso.
La investigación dirigida por Insight Policy Research, Inc. tenía dos objetivos principales. El primero, proveer una actualización detallada de los cambios administrativos, operacionales y de integridad del programa requeridos para la conversión del PAN a SNAP. El segundo era desarrollar un plan de implementación detallado con pasos específicos, cronogramas y costos estimados.
Uno de los datos clave es que la implementación total tomaría unos 10 años y constaría de cinco fases principales: cambios legislativos en Puerto Rico, desarrollo de regulaciones, diseño del programa, planificación, y prueba, adiestramiento y lanzamiento.
Sobre esto, Ortiz Medina aclaró que el periodo de 10 años no es absoluto.
“El estudio hace un estimado. La realidad es que Puerto Rico puede hacer una transición tan rápido como ellos la puedan hacer…Cuando estamos hablando de diseño, eso es un estimado del estudio. La realidad es que Puerto Rico una vez reciba el visto bueno del Congreso para hacer la transición, se van a tardar lo que ellos se puedan tardar, y puede ser menos de 10 años”, expuso.
La implementación de SNAP en Puerto Rico además requeriría una inversión sustancial de recursos humanos, destaca el informe.
“Para gestionar el trabajo, ADSEF formaría un comité directivo para la implementación del SNAP; personal y consultores adicionales de ADSEF tendrían que contribuir en puntos clave del proceso. De manera similar, FNS formaría un grupo de trabajo para la implementación del SNAP para brindar apoyo coordinado a ADSEF durante la implementación”, lee el documento.
838,000 hogares en Puerto Rico participarían de SNAP
De darse la transición, se estima que unos 838,000 hogares participarían de SNAP, partiendo de datos del 2019. Esto es aproximadamente 16% más que la participación en el PAN para ese mismo periodo.
En términos de costos administrativos, los estadísticas apuntan a que anualmente costaría entre $249 millones y $414 millones. Lo anterior incluye costos de certificación, emisión, control de fraude, operación y mantenimiento de sistemas de datos, entre otros.
“FNS incurriría en aproximadamente 54% de estos costos, incluyendo un 50% de los costos administrativos en Puerto Rico”, detalla el texto.
El papel de la Junta de Control Fiscal
El reporte además señala que el referido comité de implementación debe mantener constante comunicación con otros grupos de interés como la Junta de Control Fiscal, entidad federal que actualmente toma las decisiones sobre las finanzas de Puerto Rico en medio del proceso de quiebra bajo Título 3.
“Mientras la Junta tenga responsabilidad de supervisión del presupuesto de Puerto Rico, el comité directivo tendrá que proveer actualizaciones relacionadas con el presupuesto y cualquier otro requerimiento para la administración del programa especificado por la Junta”, especifican.
Al momento, hay dos legislaciones, una en Cámara y otra en Senado, que buscan facilitar la transición de PAN a SNAP. El ”Puerto Rico Nutrition Assistance Fairness Act” (S.949) y su versión en la Cámara, el H.R. 253, fueron presentados por la comisionada residente en Washington, la republicana Jenniffer González, y la demócrata de Nueva York, Kirsten Gillibrand, respectivamente.
A pesar del apoyo bipartidista y de múltiples organizaciones dentro y fuera de la isla, la inclusión de la isla en más programas federales no es bien vista por todos. Algunos sectores consideran que medidas de este tipo incentivan la dependencia.
Por ejemplo, el economista puertorriqueño Gustavo Vélez es uno de los que plantea que este tipo de esfuerzos no promueve el desarrollo económico de los ciudadanos y el reingreso al mercado laboral.
“Por décadas, el estado prefirió promover las ayudas económicas locales y federales como respuesta a la pobreza. El resultado ha sido que, en vez de que las asistencias sean un mecanismo temporal de transición hacia la autosuficiencia, estas se han convertido en un poderoso incentivo que desalienta el trabajo y el progreso económico de las personas”, planteó el especialista en un artículo el año pasado para el Instituto de Libertad Económica en el que analiza el fenómeno de la pobreza.
“El estado ha preferido ejercer su rol paternalista hacia el 40% de la población que vive bajo el nivel de pobreza como un mecanismo de control social y político. Las ayudas económicas envueltas en un discurso populista se han convertido en un poderoso instrumento electoral. Ayudas a cambio de votos han sido un poderoso binomio en la política insular desde tiempos ancestrales”, agregó.
Grupos de la diáspora como PRÁ plantean, por su parte, que la verdadera solución del problema de la pobreza está en la “autosuficiencia, el desarrollo de la economía local, la autogobernanza, la independencia energética y la soberanía alimentaria”.
