Cámara en Puerto Rico aprueba extender hasta el 2032 quema de carbón de AES pese a oposición de grupos medioambientales
El proyecto 267 extendería las operaciones de la planta de carbón AES Puerto Rico hasta el 2032 y eliminaría las metas intermedias de energía renovable
Para una transición efectiva a energía renovable en Puerto Rico, organizaciones medioambientales entienden que se deben privilegiar los paneles solares en techos. Crédito: Dennis M. Rivera Pichardo | AP
Nueva York – La Cámara de Representantes de Puerto Rico aprobó este jueves con los votos de miembros del oficialista Partido Nuevo Progresista (PNP) el proyecto 267 que extendería las operaciones de la planta de carbón AES, ubicada en Guayama, hasta el 2032.
La medida, que fue propuesta inicialmente por la gobernadora Jenniffer González Colón del mismo partido, retrasaría las metas intermedias establecidas bajo la “Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico” (Ley-17-2019).
De hecho, una de las cosas que hace el proyecto al que se le dio paso en la Cámara es enmendar la Ley 17. Entre otras cosas, el estatuto establecía que, para el 2050, la isla debía satisfacer en un 100% sus necesidades de energía con fuentes renovables. Además señalaba que la isla debía cumplir con metas intermedias de 40% energía renovable para el 2025, y 60% en el 2040.
Con respecto a la quema de carbón, la pieza legislativa disponía para la suspensión de esos procesos antes del 1 de enero de 2028.
Si el 267 completa el trámite legislativo, las metas intermedias quedarán sin efecto y la fecha para quemar carbón se extenderá hasta el 31 de diciembre del año 2032.
La exposición de motivos de la legislación argumenta que Puerto Rico no va a poder cumplir con las metas intermedias establecidas en la Ley 17 y en la de Diversificación Energética por Medio de Energía Renovable Sostenible y Alterna en Puerto Rico, (Ley Núm. 82-2010).
“La gran demanda mundial de fuentes renovables, junto con las limitaciones impuestas por las metas intermedias incluidas en la mencionada ley, han mantenido los precios de fuentes de generación renovables demasiado altos. Necesitamos energía limpia pero también necesitamos energía que nuestra gente pueda pagar”, plantea el documento legislativo.
Según los legisladores del PNP que suscribieron la medida, las disposiciones de la referida ley han imposibilitado que el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) le dé paso a fuentes de generación más limpias y costo-eficientes en la ruta para transicionar hacia un 100% de renovables en el 2050.
“Esto, a su vez, ha dificultado que podamos sustituir las generatrices viejas con un sistema de energía confiable, asequible, estable y seguro, a un costo razonable”, argumentaron.
“Para atender esta situación de emergencia, necesitamos revisar las medidas impuestas en la ley que ponen trabas a una efectiva transformación de nuestra cartera de generación, y atemperarlas a la realidad de los tiempos y a la realidad que vive nuestra gente. Siempre manteniendo la meta impuesta de que, en 2050, contemos con un sistema eléctrico en Puerto Rico cuya generación provenga en el 100% de fuentes renovables”, añadieron los representantes en la explicación del proyecto.
La propuesta inicial de la Administración González Colón era ampliar la fecha del 2028 al 2030. Sin embargo, ante el llamado de Josué Colón, zar de energía nombrado por la gobernadora, quien sugirió enmiendas para mover la fecha límite hasta el 2035, se decidió por el 2032. Colón hizo la recomendación durante una vista pública de la Comisión de Gobierno de la Cámara.
El presidente de ese organismo, el novoprogresista Victor Parés, defendió el contenido del proyecto ante el pleno.
“Esta medida legislativa, señor Presidente, mueve la fecha al 31 de diciembre del año 2032. No obstante, este cambio de fecha va de la mano, señor Presidente, porque esta legislación obliga a buscar fuentes de energía dirigidas a dar estabilidad al sistema y continuidad”, indicó Parés, según citó ayer El Vocero en un artículo.
“Vemos la importancia, fuera de pensamientos políticos, ideología, de cualquier señalamiento fuera de esta acción legislativa, la necesidad señor Presidente de que hoy esta Cámara Representantes apruebe esta legislación. Que además garantiza que el precio del kilovatio hora…sea a un costo razonable, a un costo que sea para el cliente residencial, para el cliente industrial, para el comerciante”, añadió el representante en defensa de la medida.
Oposición de varios sectores al proyecto 267
El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara, Héctor Ferrer Santiago, indicó que, con el proyecto, el PNP quiere continuar amarrando a la isla a un modelo energético sucio, costoso y obsoleto.
“El gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP) extendió la quema de carbón hasta el 2032. Acaban de aprobar el proyecto 267, tanto en el Ejecutivo así como en el Legislativo, quieren continuar amarrando a Puerto Rico a un modelo energético sucio, costoso y obsoleto. Ah, pero no bajan las medidas para iniciar un proceso para salir del contrato de LUMA. ¡Se les ve la costura!”, compartió a través de su cuenta en Facebook.
Grupos medioambientales también se sumaron al repudio contra el avance de la medida en la Cámara.
Ruth Santiago, abogada integrante del Comité Diálogo Ambiental, catalogó como un “golpe bajo” al pueblo puertorriqueño la aprobación del proyecto.
“En lugar de defender a las personas que los pusieron en el poder y escuchar su rechazo a este proyecto, los legisladores prefirieron hacerse del lado de la poderosa industria de combustibles fósiles que nos contamina y nos envenena a diario. No solamente ignoraron la enorme evidencia que demostraba el daño que hace la carbonera AES, sino que además nos ponen a merced de los peores efectos del cambio climático y condiciones aún más precarias de salud pública. Seguiremos respirando aire contaminado, nuestro suelo seguirá repleto de cenizas y el agua que bebemos continuará expuesto a elementos tóxicos”, indicó en declaraciones enviadas a El Diario.
La también exmiembro del Consejo Asesor de Justicia Ambiental de la Casa Blanca bajo la administración de Joe Biden argumentó que la energía solar de la que se benefician miles de puertorriqueños a través de placas solares supera la provista por AES en sus días de máxima capacidad.
“Ni la Cámara de Representantes ni la industria inescrupulosa de combustibles fósiles puede tapar el sol con la mano. Puerto Rico goza de una abundante fuente de luz solar, de la cual se nutren los sistemas de placas en techos y el almacenamiento de electricidad en baterías. Esta tecnología instalada por abonados y abonadas superan en su capacidad (más de 1034 MW en paneles solares en techos y 2000 MW en baterías) a la energía provista por AES en sus días de máxima capacidad –que son pocos– cuando generan entre 454 y 510 MW, la cifra más cercana a su capacidad máxima”, detalló Santiago.
La activista medioambiental, que aboga por incentivar la energía solar distribuida en techos, aseguró que la transición a renovables continuará a pesar de medidas como la reseñada.
“A pesar del grave error en aprobar este proyecto, la transición energética que se gesta en Puerto Rico a través de tecnología solar en techos y baterías seguirá su curso, ya que hoy en día representa casi un 10% de generación. La ciencia y la situación energética son imperantes, y continuaremos luchando para que cada hogar puertorriqueño tenga acceso a un sistema de energía solar que traiga bienestar y seguridad eléctrica”, puntualizó.
Otro que se expresó en contra de la pieza legislativa fue el exrepresentante independiente Luis Rául Torres, quien en el pasado cuatrienio enfocó buena parte de su gestión a fiscalizar el organigrama energético en Puerto Rico.
“Algunos legisladores del PNP argumentaron que la continuidad de la planta AES en Guayama es crucial para mantener un nivel de generación adecuado y precios competitivos, especialmente durante picos de demanda. Sin embargo, esta extensión ha sido fuertemente criticada por diversos sectores que señalan los riesgos ambientales y de salud asociados con la quema de carbón. La continuidad del uso de carbón para la generación eléctrica es peligroso y es un retroceso en la política de energía renovable. La quema de carbón es una de las formas de generación más perjudiciales para el medioambiente y la salud pública”, expuso desde su cuenta de Twitter.
A juicio de Torres, prolongar la quema de carbón puede tener consecuencias adversas a largo plazo para la salud pública y el medioambiente.
“Además, esta extensión podría desalentar inversiones en fuentes de energía renovable, retrasando la transición hacia un sistema energético más sostenible y limpio. Aunque la extensión de la quema de carbón hasta 2032 puede ofrecer una solución temporal a los desafíos energéticos inmediatos de Puerto Rico, es imperativo que las autoridades y las empresas involucradas actúen con transparencia y responsabilidad. Deben priorizarse políticas que promuevan la inversión en energías renovables y se garantice una transición justa que considere tanto las necesidades energéticas como el impacto en la salud, el bienestar de las comunidades afectadas y el daño ambiental a las tierras y fuentes de agua circundantes, así como al aire”, expuso Torres al tiempo que destacó el costo que acarrea el manejo y la disposición de las cenizas que al momento se pagan con fondos públicos.
El 267 tiene que ser aprobado también por el Senado antes de pasar a la firma de la gobernadora para convertirse en ley.
