Ánimos caldeados por Rikers Island: cárcel no cerrará en 2027

La cárcel de Rikers Island, señalada por décadas de ser un penal donde pulula una cultura de violencia y reina la falta de programas efectivos de rehabilitación para los internos, no cerrará el 31 de agosto del 2027, como había ordenado una ley municipal, aprobada en 2019.

Así lo confirmó este miércoles Deanna Logan, directora de la Oficina de Justicia Criminal de la Alcaldía, durante una audiencia convocada por el Comité de Justicia Penal del Concejo Municipal para evaluar los avances del plan para el cierre de Rikers Island y las recomendaciones presentadas el mes pasado por la Comisión Independiente de Rikers.

“Agradecemos la transparencia y franqueza de la Comisión al reconocer que no hay manera de que Rikers cierre para 2027. Las expectativas originales se basaban en un cronograma antes de la pandemia y, por diversas razones, hoy son inalcanzables”, aseguró la funcionaria de la administración Adams, confirmando los temores de defensores de los reclusos de ese penal, donde tan solo este 2025, ya han muerto cinco internos.

Las palabras de la vocera de la Ciudad no cayeron nada bien entre los concejales, quienes arremetieron fuertemente contra la administración del alcalde, Eric Adams, a la que acusan de no estar haciendo “bien la tarea” para cumplir con el mandato del cierre de la cárcel. Tampoco para garantizar la integridad y protección de los más de 7,500 reclusos y casi 7,000 miembros del personal que trabajan allí actualmente.

“Tenemos el mandato legal y moral de cerrar Rikers Island, y ni Trump ni su títere Eric Adams pueden detenerlo“, aseguró la concejal Sandy Nurse, presidenta del Comité de Justicia Penal, quien además criticó la presencia de ICE en ese penal. “En las últimas seis semanas, cinco personas han muerto bajo custodia municipal, lo que se suma al ya inmenso dolor y sufrimiento causados ​​por el sistema carcelario de nuestra ciudad. Y sorprendentemente, estas muertes no han impulsado al alcalde Adams a actuar, quien continúa demorando la clara obligación legal de reducir las operaciones en Rikers”.

La concejal de origen latino cuestionó severamente a los representantes de la administración municipal y advirtió que no pueden seguir vendiendo la idea de que el encarcelamiento masivo brinda mayor seguridad, por lo que tras descalificar el trabajo poco efectivo que la Ciudad ha adelantado para cerrar Rikers urgió a las autoridades neoyorquinas que respeten el plan original para cerrar el penal a tiempo y cambiar la cultura carcelaria.

El exjuez Jonathan Lippman, quien preside la comisión revivida por el Concejo Municipal para analizar cómo clausurar el penal neoyorquino, aseguró que además de velar porque se construyan penales más pequeños y mejores condiciones, hay que cambiar la mentalidad carcelaria por lo que instó a que la Ciudad cree dos nuevos cago: un zar, encargado de ejecutar el plan y otro a cargo de promover el cambio en la cultura penitenciaria .

“Lo que está pasando es que si seguimos así, sin cambiar la cultura existente, seguimos en una puerta giratoria. Debe haber un funcionario específico que esté comprometido 24 horas en cambiar la cultura porque si cerramos Rikers y no cambiamos la cultura, esas cárceles nuevas o van a cambiar nada. Hay que revisar las políticas y procedimientos, y modificarlos y hacerlo ahora mismo y hay que trabajar con organizaciones de liderazgo sostenido”, recalcó Lippman. “Lo que pasa ahora es que los oficiales van a la academia, estudian leyes carcelarias y manejo de operaciones pero no saben cómo actuar con el 57% de los internos que sufren enfermedades mentales. No hay conexión. Necesitamos una evaluación total y cambio de todo. Mejores entrenamientos y cambios en procedimientos ya, antes de ir a las cárceles de los condados”.

El reporte de la Comisión señaló además que cerrar Rikers y promover un enfoque de atención médica para los internos que tienen condiciones mentales, le ahorrará a la Ciudad unos $2,400 millones.

El Plan establece estrategias como reducir de forma segura la población carcelaria mediante la aceleración del procesamiento de casos y la ampliación de las inversiones en salud mental y vivienda, disminuir la violencia y mejorar la cultura carcelaria mediante la implementación de prácticas de “alta fiabilidad” para la gestión de las cárceles, ofrecer apoyo para el bienestar del personal y convertir una de las cárceles actuales de Rikers en un laboratorio de reforma y transformar Rikers en un centro de energía renovable.

El Defensor del Pueblo, Jumaane Williams, se sumó al jalón de orejas para la Ciudad y aseguró que la administración Adams se ha quedado de brazos cruzados durante la mayor parte de su mandato, permitiendo que la disfunción en las cárceles se agravara mientras crece la población carcelaria que alcanzó mínimos históricos durante la pandemia

“Siendo honestos, la culpa del inminente incumplimiento de la Ciudad no puede atribuirse únicamente al alcalde Adams, pero eso no exime de la clara y directa incapacidad de implementar sistemas para cumplir con este plazo”, dijo el Defensor, destacando el elevado costo que significa mentener a cada neoyorquino en prisión, cuando esos fondos podrían invertirse de manera diferente.

“Si bien es imposible cuantificar la vida de una persona, la crisis en Rikers también le ha costado a la Ciudad de muchas otras maneras: mantener a una persona en prisión cuesta $400,000 al año. El cierre de Rikers Island y la transición a las cárceles propuestas en los condados le ahorrará a la ciudad $2,200 millones anuales en costos operativos y horas extra”, manifestó Williams. “El cierre de Rikers Island no solo debe ser una inversión en infraestructura (las nuevas cárceles en sí), sino también en las personas y las comunidades. La ciudad y el estado pueden reducir el número de personas encarceladas invirtiendo y ampliando el tratamiento y los servicios de salud mental, tanto para pacientes hospitalizados como en la comunidad”.

Darren Mack, codirector de la organización Freedom Agenda, que lleva años abogando por mejoras en las condiciones de los internos y el cierre de Rikers, pidió a la administración municipal que no ignore las recomendaciones de la Comisión y no extienda el plan de cierre.

“Los sobrevivientes de Rikers, nuestras familias y un creciente movimiento neoyorquino reconocen que la Isla de la Tortura alimenta los ciclos de violencia en lugar de interrumpirlos, a la vez que desvía recursos de las cosas que realmente funcionan, como viviendas con apoyo, tratamiento de salud mental de calidad, educación y oportunidades laborales”, dijo el defensor. “El reciente informe de la Comisión Independiente de Rikers reitera que cerrar Rikers no solo es posible, sino también urgente y práctico, y llama a nuestra Ciudad a invertir en soluciones probadas para la seguridad comunitaria”.

Los legisladores criticaron además la manera cómo se están desarrollando los planes para construir cuatro cárceles más pequeñas en Brooklyn, Queens, El Bronx y Manhattan, donde según los planes, se mantendría privados de la libertad a 4,500 reclusos, meta de encarcelamiento que todavía está muy lejana.

“Estoy muy decepcionado de la labor que ustedes están haciendo. Es inaceptable. Estoy muy molesto. Ustedes hacen lo que quieren”, aseguró visiblemente alterado el concejal de Brooklyn Lincoln Restler, quien no solo criticó la falta de avances y de programas de rehabilitación de los reclusos de Rikers sino la manera cómo se está construyendo una cárcel en su condado. “Me dan respuestas ineptas. Las labores de demolición y las obras que están haciendo son terribles. Mi comunidad ya ha perdido la buena voluntad con gente trabajando y haciendo ruido por las construcciones a las 4 y 5 de la mañana. NO hay respuesta por parte de ustedes ni hay un plan”.

Como una manera de contribuir con el proceso para garantizar que se reduzca el número de personas encarceladas “innecesariamente” y se amplíen programas de rehabilitación y supervisión que resulten más efectivos, el Concejo Municipal también abogó para que en la actual Legislatura se apruebe un paquete de nuevas leyes.

Dentro de las iniciativas propuestas, el Concejo busca dar luz verde a un articulado que requeriría que el Departamento de Servicios Sociales (DSS) amplíe los parámetros de elegibilidad para cualquier programa existente de vivienda con apoyo administrado y financiado en su totalidad por la ciudad.
Asimismo, otra pieza de ley que requeriría que el Departamento de Correccionales (DOC) garantice que los internos con un proceso penal pendiente cuenten con la tecnología y el apoyo necesarios para recibir y revisar de forma segura las pruebas de sus casos.

Establecer un programa integral de evaluación de necesidades para identificar las condiciones o circunstancias psicosociales en el momento del arresto de una persona, crear una Oficina de Coordinador para el Cierre de Rikers Island con un coordinador de tiempo completo y personal que reporte directamente al Alcalde y que el DOC realice un estudio para determinar cualquier ineficiencia en el programa de liberación temprana, son otras de las normas que se adelantan en el Concejo.

Al final de la audiencia, y tras el rosario de quejas recibidas, Deanna Logan, directora de la Oficina de Justicia Criminal de la Alcaldía, defendió el trabajo adelantado por la Ciudad de cara al cierre de Rikers y los logros que se han implementado.

Asimismo, advirtió que la Ciudad no quiere que nadie pase ni un día más de lo necesario en la cárcel y “seguirán promoviendo programas como Alternativas al Encarcelamiento, Libertad Supervisada y Viviendas de Transición, que ayudan a miles de personas a salir de la cárcel cada año”.

Datos

• 2027 era la fecha pautada para cerrar Rikers Island
• 2030 incluso podría ser la fecha real de clausura
• 7,500 presos hay actualmente en Rikers
• 4,500 es la cifra requerida para cerrar Rikers Island
• 6,000 es el personal de nómina que trabaja en Rikers actualmente
• 1,000 adicionales trabajan prestando servicios sociales
• 4 cárceles pequeñas en Queens, Manhattan, El Bronx y Brooklyn albergarían a los internos
• 57% de los presos de Rikers Island sufren enfermedades mentales
• $2,400 millones se ahorraría la Ciudad tras cierre de Rikers y manejo de internos mentales con programas de salud y vivienda