Tribunal frena intento de desacato contra gobierno de Trump por expulsiones a El Salvador

Un tribunal de apelaciones en Washington suspendió temporalmente el proceso iniciado por un juez federal para declarar en desacato al gobierno del presidente Donald Trump por haber desobedecido una orden judicial que prohibía la deportación masiva de migrantes hacia El Salvador.

La decisión, emitida este viernes, busca dar más tiempo a la corte para examinar los argumentos presentados por el Ejecutivo, que busca revertir el fallo del juez James Boasberg, publicó EFE.

El magistrado acusó esta semana al gobierno de haber actuado con “completo menosprecio” a la ley al ignorar una resolución que impedía el traslado de más de 200 migrantes —en su mayoría venezolanos— a la megacárcel salvadoreña conocida como Cecot.

Boasberg sostuvo que permitir que el Ejecutivo “anule” fallos judiciales equivaldría a vaciar de contenido la Constitución. “La Carta Magna no tolera la desobediencia intencional de sus órdenes, especialmente por parte de funcionarios que han jurado respetarla”, advirtió en una resolución de más de 40 páginas publicada el miércoles.

El conflicto se desató tras la invocación, el 14 de marzo, de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 por parte del presidente Trump, una norma históricamente reservada para situaciones de guerra.

Con base en esa ley, el gobierno ordenó la expulsión inmediata de cientos de migrantes, alegando que estaban vinculados a organizaciones criminales como el Tren de Aragua y la MS-13, recientemente designadas como grupos terroristas por Estados Unidos.

Un día después de esa medida, Boasberg prohibió su aplicación y ordenó detener dos vuelos que se dirigían a Centroamérica con decenas de migrantes a bordo. Sin embargo, las aeronaves no acataron la instrucción y aterrizaron en El Salvador, desencadenando una batalla legal sin precedentes.

La administración Trump ha defendido la operación alegando razones de seguridad nacional. No obstante, investigaciones de medios y defensores de derechos humanos han revelado que muchos de los deportados no tienen antecedentes penales ni nexos confirmados con pandillas.

El caso ha generado indignación entre organizaciones internacionales.

Human Rights Watch calificó las expulsiones como una forma de “desaparición forzada” y criticó la colaboración del gobierno salvadoreño, presidido por Nayib Bukele, quien ha recibido a los migrantes en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, una prisión de máxima seguridad ampliamente cuestionada por abusos y condiciones inhumanas.

Según fuentes oficiales, Estados Unidos paga $6 millones de dólares anuales a El Salvador como parte de un acuerdo bilateral —cuyos términos completos no han sido revelados— para mantener a los migrantes detenidos en su territorio.

La disputa legal sigue escalando. El presidente Trump sugirió incluso iniciar un juicio político contra el juez Boasberg, acusándolo de obstaculizar sus políticas migratorias.

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