Chile desmantela red de lavado de activos del Tren de Aragua
La red transnacional movió más de $13,5 millones de dólares fuera de Chile. Al menos 52 personas fueron detenidas en Santiago y en otras regiones del país
La red empleaba sociedades falsas, cuentas bancarias ficticias, transacciones en criptomonedas y otros métodos para lavar dinero. Crédito: Deutsche Welle
Las autoridades chilenas informaron sobre el desmantelamiento de una red de lavado de activos vinculada a la banda internacional Tren de Aragua, que logró sacar de Chile más de $13,5 millones de dólares procedentes de actividades criminales.
Al menos 52 personas, en su mayoría extranjeros, fueron detenidas en Santiago y en otras regiones del país, como Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Valparaíso, O’Higgins y Bíobío.
“Al crimen organizado se le ataca”
“Para combatir al crimen organizado no basta con que detengamos a los delincuentes que forman parte de sus redes. Al crimen organizado se le ataca, se le desarma y se le destruye quitándole el dinero, desarticulando su estructura financiera”, sostuvo en rueda de prensa el fiscal general, Ángel Valencia, en declaraciones recogidas por la agencia Efe.
La red empleaba sociedades falsas, cuentas bancarias ficticias, transacciones en criptomonedas y otros métodos para lavar dinero proveniente de delitos como sicariato, secuestro, extorsión, trata de personas y narcotráfico, indicó el fiscal general.
El dinero salía de Chile hacia el extranjero
El dinero salía del país a través de criptomonedas hacia países como Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Paraguay, México, España y Argentina, reportaron las autoridades.
“Los sujetos que delinquen son -para estas redes- reemplazables, pero no lo es ni el dinero ni su patrimonio ni las redes que usan para sacar el dinero del país”, agregó Valencia.
El Tren de Aragua nació en las cárceles de Venezuela y se ha extendido en los últimos años por Colombia, Perú, Bolivia y Chile.
“La sofisticación del esquema de lavado, que logró evadir los sistemas de detección de operaciones sospechosas de instituciones públicas y privadas, evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y cooperación entre entidades”, concluyó el fiscal.
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