Jueza impide que Trump corte financiación de Planned Parenthood bajo el “proyecto de ley grande y hermoso”
La jueza ordena al Departamento de Salud que "tome todas medidas necesarias para garantizar que sigan desembolsando los fondos de Medicaid" a Planned Parenthood
Muchos integrantes de Planned Parenthood se verán obligados a despedir a su personal y reducir los servicios. Crédito: Mariam Zuhaib | AP
Una jueza prohibió de manera temporal a la administración del presidente Donald Trump revocar la financiación de Medicaid para Planned Parenthood, congelando parcialmente una disposición de la ley “One Big Beautiful Bill Act” apenas unos días después de que el ejecutivo la convirtiera en ley.
El mandato de restricción temporal de la jueza federal de distrito, Indira Talwani, tiene una duración de 14 días y ordena al Departamento de Salud y Servicios Humanos que “tome todas las medidas necesarias para garantizar que se sigan desembolsando los fondos de Medicaid” a Planned Parenthood. La decisión, que se produjo tras una demanda de Planned Parenthood, no aplica a ningún otro proveedor de atención médica.
La demanda se dirige a una parte particular del proyecto de ley de política interna de Trump que recortaría cualquier financiación federal de Medicaid a grupos “principalmente dedicados a servicios de planificación familiar, salud reproductiva y atención médica relacionada” que brindan abortos.
La resolución no menciona directamente a Planned Parenthood por su nombre, pero el grupo sostiene que es un “intento descarado de aprovechar el poder adquisitivo del gobierno para atacar y penalizar a Planned Parenthood y señalarla inadmisiblemente para darle un trato desfavorable“.
Los fondos federales de Medicaid ya no pueden ser usados para cubrir abortos, excepto en casos de violación, incesto o peligro para la vida de la madre.
No obstante, Planned Parenthood alega que esa nueva disposición dificultaría el acceso de las pacientes a los servicios no vinculados con el aborto que brindan los miembros locales del grupo, como las pruebas de detección de cáncer e infecciones de transmisión sexual.
Asimismo, la agencia dijo que más de la mitad de sus pacientes utilizan Medicaid, por lo que un corte de financiación tendría “efectos devastadores” en el grupo y sus aliados locales, empujando a algunos centros de salud locales cerrar.
Muchos integrantes de Planned Parenthood se verán obligados a despedir a su personal y reducir los servicios, con graves consecuencias para la cantidad de pacientes atendidos en esos centros, incluso si no usan Medicaid para acceder a los servicios.
Peor aún, los miembros podrían verse obligados a cerrar una cifra considerable de sus centros de salud en Estados Unidos, muchos de los cuales están en zonas rurales o marginadas sin proveedores alternativos, de acuerdo con la demanda, informó CBS News.
Planned Parenthood (y sus filiales de Massachusetts y Utah, que se unieron a la demanda) expresaron en una declaración que estaban “agradecidos de que el tribunal actuara rápidamente para bloquear esta ley inconstitucional que ataca a los proveedores y pacientes de Planned Parenthood”.
En respuesta al dictamen de la jueza, un funcionario de la Casa Blanca señaló lo siguiente: “La administración Trump está poniendo fin al uso forzado de dólares de los contribuyentes federales para financiar o promover el aborto electivo, una posición de sentido común con la que está de acuerdo la abrumadora mayoría de los estadounidenses”.
Susan B. Anthony, de Pro-Life America, opositora al aborto, criticó la demanda y alego que el proyecto de ley de Trump corto la financiación a la “industria del aborto”.
“La desesperación de Planned Parenthood se hace evidente a medida que recurren nuevamente a los tribunales para solucionar una crisis que ellos mismos crearon”, manifestó Katie Daniel, directora de asuntos legales y asesora de políticas del grupo, en un comunicado el lunes.
Por otro lado, la Corte Suprema sentenció el mes pasado que Carolina del Sur puede impedir que Planned Parenthood participe en el programa Medicaid del estado, encontrando que la agencia no podía demandar al estado bajo una ley de derechos civiles.
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