¿Qué opciones tienen los hondureños y nicaragüenses tras la cancelación del TPS?
Los beneficiarios del TPS deben buscar nuevas opciones. De no hacerlo, corren el riesgo de quedar en situación migratoria irregular o enfrentar la deportación
Nicaragua y Honduras siguen siendo países con altos niveles de pobreza, violencia y migración forzada Crédito: Lenin Nolly | AP
Tras el anuncio oficial de que Estados Unidos eliminará el Estatus de Protección Temporal para nicaragüenses y hondureños, miles de personas quedarán en riesgo de deportación y deberán buscar vías legales alternativas para permanecer en el país. Así lo advirtió la abogada de inmigración Rosaly Chaviano en entrevista con Telemundo 51.
Según Chaviano, el panorama es especialmente complicado para quienes ya agotaron la posibilidad de obtener una residencia legal por la vía familiar. “Muchas de estas personas ya exploraron esa opción y no la tienen”, señaló.
Ahora, la mayoría se verá obligada a acudir a recursos como el asilo político, otras peticiones familiares pendientes o a cualquier vía legal que se adapte a su situación particular.
El asilo como opción para los hondureños y nicaragüenses, pero con obstáculos
Aunque el asilo aparece como una de las salidas más viables, no está exento de dificultades. La abogada recordó que esta solicitud debe presentarse dentro del primer año desde la entrada al país.
No obstante, existen excepciones, como cambios significativos en las condiciones del país de origen o cambios en el estatus migratorio, como la pérdida del TPS, que podrían abrir la puerta a una aplicación tardía.
“Si realmente tienen ese miedo (a regresar), deben aplicar al asilo”, enfatizó Chaviano.
En el caso de los nicaragüenses, el panorama es aún más complejo, ya que muchos han denunciado que su país no los acepta de regreso, lo que podría obligar a Estados Unidos a buscar terceros países para deportarlos, como ha ocurrido con otras nacionalidades.
La demanda que podría cambiar el curso
Paralelamente, diversas organizaciones presentaron una demanda ante el Tribunal Federal del Distrito Norte de California para detener la cancelación del TPS, al considerar que el Departamento de Seguridad Nacional no siguió los procedimientos legales establecidos.
Se espera que los jueces evalúen pronto si se concede una pausa administrativa mientras avanza el proceso legal.
Esta demanda, según Chaviano, es clave en la estrategia legal para proteger a los afectados.
“Es súper importante, porque las cortes federales son las únicas que podrían frenar esta medida. Y si se aprueba la certificación de clase para los beneficiarios, se podría extender el TPS mientras se busca otra vía de regularización”, explicó.
Fecha límite: septiembre de 2025
El TPS para Nicaragua y Honduras fue otorgado originalmente tras el paso del huracán Mitch en 1998.
La reciente decisión del gobierno estadounidense —que será efectiva el 8 de septiembre de 2025 para Nicaragua, y también afectará a más de 72.000 hondureños— argumenta que ya no existen las condiciones que justificaron la medida.
Sin embargo, expertos y defensores de derechos humanos han cuestionado esa visión. Advierten que tanto Nicaragua como Honduras siguen siendo países con altos niveles de pobreza, violencia y migración forzada.
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