Recortes de Medicaid de Trump ponen en riesgo a personas con discapacidad

Este año se conmemoran 35 años de la aprobación de la Ley para Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés), una legislación histórica que reconoció los derechos civiles de millones de personas con discapacidad.

Esta ley no solo prohibió la discriminación, sino que abrió las puertas a la inclusión en áreas clave como el empleo, la movilidad, la vida independiente y el acceso a espacios públicos.

Sin embargo, a pesar del aniversario, el panorama actual para este sector de la población es preocupante.

El motivo de alarma proviene de los efectos proyectados tras la aprobación de la reforma fiscal del expresidente Donald Trump, la cual contempla un recorte de aproximadamente un billón de dólares a Medicaid en los próximos años.

Para muchos estadounidenses con discapacidades intelectuales y del desarrollo, Medicaid no es solo un beneficio de salud: es un salvavidas, ya que financia servicios esenciales en el hogar y la comunidad que hacen posible una vida digna e independiente.

Estos servicios incluyen desde el apoyo básico en actividades cotidianas como bañarse, vestirse o comer, hasta programas residenciales, entrenadores laborales y tecnologías de asistencia.

Sin ellos, los principios de la ADA —igualdad, autonomía e inclusión— pierden sustento en la práctica.

Los recortes amenazan con reducir servicios disponibles, alargar listas de espera y, en muchos casos, eliminar completamente la asistencia que permite a miles de personas con discapacidad mantenerse fuera de hospitales o instituciones.

“Imagina perder al profesional que te ayuda a alistarte para ir al trabajo, o al asistente que te ayuda a cepillarte los dientes”, señala un activista, ilustrando las consecuencias humanas de esta decisión.

Además, los recortes impactan directamente a los proveedores comunitarios que ofrecen estos servicios, muchos de los cuales ya enfrentan dificultades debido a la falta de inversión.

Estos centros dependen casi exclusivamente de los reembolsos estatales de Medicaid para operar, por lo que una disminución tan significativa podría obligarlos a cerrar programas, despedir personal e incluso desaparecer por completo.

El problema se agrava con la escasez nacional de profesionales de apoyo directo (DSP). Estos trabajadores, esenciales para la atención diaria, a menudo ganan sueldos bajos y en muchos casos también dependen de Medicaid.

Sin mejoras en las tarifas de reembolso, los proveedores no podrán competir con otros sectores como el de comida rápida o el comercio minorista, donde los salarios por hora son más atractivos.

El resultado podría ser un retroceso masivo: personas con discapacidad obligadas a depender de sus familias —muchas de las cuales deberán abandonar sus trabajos para cuidar de sus seres queridos— o quedar completamente sin acceso a atención si no cuentan con redes de apoyo.

Aún es difícil calcular el impacto total de estos recortes, pero expertos advierten que será devastador. Lo que está en juego no es solo un presupuesto: son décadas de lucha por la equidad y la inclusión.

Como concluyen los defensores del sector, “un recorte de casi un billón de dólares a Medicaid no es solo un ajuste fiscal: es un golpe directo al corazón del progreso logrado desde la ADA”.

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