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Departamento de Justicia denuncia al juez James Boasberg por comentarios “indebidos” sobre Trump

Pam Bondi ordenó al jefe de gabinete, que presentara la denuncia contra James Boasberg citando un caso que vincula migrantes llevados a El Salvador

A inicios de 2025, el gobierno de Trump presentó una denuncia parecida contra la jueza de distrito de Washington D.C., Ana Reyes.

A inicios de 2025, el gobierno de Trump presentó una denuncia parecida contra la jueza de distrito de Washington D.C., Ana Reyes. Crédito: Julia Demaree Nikhinson | AP

El Departamento de Justicia (DOJ) presentó una denuncia por mala conducta contra el juez principal del Tribunal de Distrito de EE.UU., James Boasberg, quien se ha enfrentado con el gobierno del presidente Donald Trump durante varios meses por sus deportaciones de hombres venezolanos a El Salvador.

La denuncia acusa al magistrado de “hacer comentarios públicos indebidos sobre el presidente Trump y su administración”, de acuerdo con una copia del documento.

La fiscal general, Pam Bondi, ordenó al jefe de gabinete, Chad Mizelle, que presentara la denuncia, informó una fuente del DOJ al CBS News.

En la denuncia, se cita la asistencia de Boasberg a una Conferencia Judicial de Estados Unidos el 11 de marzo, en la que el juez alertó que la administración republicana podría “ignorar los fallos de los tribunales federales” y desencadenar una “crisis constitucional”.

Asimismo, Mizelle cita la gestión del juez en un caso que vinculaba a supuestos integrantes de la banda transnacional Tren de Aragua, quienes fueron llevados a una cárcel de El Salvador a inicios de 2025. Boasberg ordenó que los aviones volvieran el 15 de marzo, luego de que el gobierno de Trump expulsara a los hombres en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros.

Luego, el magistrado celebró audiencias en el caso en las que criticó duramente la conducta de los abogados del DOJ y cuestionó si la administración republicana actúa de buena fe para garantizar el debido proceso a quienes ha expulsado del país o pretende expulsar.

Durante el proceso, el juez Boasberg presionó a la presidencia por medio de litigios complejos, a veces dándole al gobierno menos de 48 horas para responder y amenazando con empezar un proceso penal por desacato y el nombramiento de un fiscal externo contra altos funcionarios de la Casa Blanca por incumplir una orden que ya había sido anulada, dijo Mizelle.

Bondi escribió en la red social X que los comentarios del juez “han socavado la integridad del poder judicial y no vamos a tolerarlo”.

La denuncia se dirigió a Sri Srinivasan, Juez Presidente del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia. Por lo general, las denuncias contra jueces son revisadas primero por el juez presidente del circuito de apelaciones, quien puede desestimarlas o remitirlas a una comisión para una averiguación. Después, un consejo de jueces decide si se deben tomar medidas correctivas, que pueden incluir entre ellas amonestar al juez en cuestión y evitar la asignación de nuevos casos.

Los magistrados solo pueden ser destituidos por medio de un proceso de impeachment, que necesita que dos tercios de los senadores voten para deponerlos.

A inicios de 2025, el gobierno de Trump presentó una denuncia parecida contra la jueza de distrito de Washington D.C., Ana Reyes, por lo que llamó de “conducta indebida hostil y flagrante” en una audiencia celebrada en febrero sobre los intentos de la administración republicana de prohibir el acceso de militares transgénero a las fuerzas armadas. El Tribunal de Apelaciones de Washington D.C. todavía no ha abordado la denuncia de Reyes.

Juez acusa a Casa Blanca de Trump de “obstruccionismo”

En abril pasado, Boasberg señaló que había causa probable para encontrar al gobierno republicano en desacato criminal, por lo que dijo que era su desafío a su orden de hacer retroceder los aviones que trasladaban a los migrantes venezolanos con destino a El Salvador.

Decenas de hombres fueron subidos a dos aviones el 15 de marzo, llevadas a El Salvador y puestas bajo la custodia de la CECOT, una cárcel de máxima seguridad, pese a una orden emitida por el mismo juez de detener las expulsiones y devolver los aviones.

En este sentido, Boasberg indicó en su decisión de abril que las acciones de Trump “demuestran un desprecio deliberado” por su orden que prohíbe a la administración transferir a ciertos migrantes a la custodia salvadoreña bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, que previamente había sido invocada solo tres veces en la historia de Estados Unidos, mientras el país estaba en guerra.

Además, acusó al gobierno de “aumentar el obstruccionismo” y “obstruccionismo” por su rechazo a responder preguntas sencillas que buscaban resolver si los ciudadanos que fueron deportados solamente bajo la proclamación del presidente fueron transferidos fuera de la custodia estadounidense tras la emisión de la orden del juez de la prohibición de su deportación.

“Los demandados no aportan ninguna razón convincente para evitar la conclusión que parece obvia a partir de la exposición de los hechos antes mencionada: que incumplieron deliberadamente la orden escrita de este tribunal y, por separado, su mandato oral que delineaba explícitamente lo que implicaba el cumplimiento”, escribió Boasberg.

La dirección del caso por parte del Boasberg ha provocado críticas por parte de la Casa Blanca de Trump. En el mes de marzo, el ejecutivo republicano tildó al juez de “corrupto” y pidió su destitución.

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