Intensifican campaña para que gobernadora de Puerto Rico vete proyecto PS63 que limitaría el acceso a información pública

NUEVA YORK – Issel Masses, directora ejecutiva de la organización Sembrando Sentido, alertó que el Proyecto del Senado 63, que se encuentra ante la consideración de la gobernadora de Puerto Rico para su promulgación, no solamente le complicaría el acceso a la información a miembros de la prensa, sino a cualquier ciudadano que requiera datos de agencias de gobierno.

En entrevista con El Diario, la experta en política pública insistió en que el PS63, aprobado en la legislatura estatal el mes pasado, impondría requisitos adicionales para la obtención de información, como la extensión de los plazos de las agencias gubernamentales para responder a las solicitudes, entre otros.

La última versión del proyecto, acordado en comité de conferencia de la Cámara de Representantes y el Senado, aumenta los plazos de respuesta de 10 a 20 días hábiles, con posibles prórrogas que pueden llegar a los 50 en casos de archivos que excedan las 300 páginas o daten de más de tres años.

“Para nosotros (la ampliación de) el plazo (de entrega de información) no es lo único altamente peligroso aquí, y quiero aclararlo, porque el plazo es lo que en efecto es más llamativo, pero no necesariamente es lo peor…En efecto, el tema de los plazos puede afectar a todo el mundo…Un padre que en verano está buscando cómo solicitar que su hijo logre acceso a educación especial. Si tú tienes que solicitar información de estatus de esa solicitud, de si faltan papeles para poder asegurar que tu hijo tenga el servicio necesario, todas esas cosas ahora pueden caer fácilmente en esos 50 días”, explicó la experta.

“Estamos hablando que, si estás pidiendo esa información en verano, tu hijo empezó clases y tú todavía no tienes una respuesta, y no es una respuesta de servicio, es una a tu solicitud de servicio”, continuó Masses.

A juicio de la fundadora de Sembrando Sentido, las nuevas restricciones, a nivel general, complicarían el acceso a servicios esenciales para los puertorriqueños.

“Aquí hay unas consecuencias bien graves para el diario vivir de la gente en su lucha por adquirir servicios esenciales…Hoy por hoy para conseguir cualquier servicio es un día perdido”, anticipó.

“Si la información está en línea, ellos no te tienen ni que contestar esa solicitud de información”, añadió la entrevistada sobre el alcance de la legislación.

Múltiples organizaciones de prensa y de la sociedad civil llevan meses alertando sobre el impacto nocivo que tendría el proyecto de convertirse en ley en términos de acceso a información pública, transparencia y rendición de cuentas del Gobierno.

El PS 63 enmienda la Ley 141 de 2019 o “Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública”.

La medida fue presentada por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, del oficialista Partido Nuevo Progresista (PNP).

Masses, quien fungió como consultora de gobernanza en el Banco Mundial, también cuestionó que el proyecto aprobado establezca que información pública es aquella que esté recogida en un documento.

“O sea que, si yo te pido unas comunicaciones entre los contratistas y la Junta de Subastas como licitador, ¿me vas a decir que no porque está en diferentes emails o diferentes repositorios de información?”, cuestionó.

Enmiendas a la ley son una “trampa”

Para la activista, cambios como el anterior serían una especie de “trampa” para hacer más difícil que las personas puedan adquirir información.

En esa dirección también mencionó una provisión para que un documento público sea catalogado como confidencial por medio de un reglamento o a través de determinaciones judiciales, lo que, a su juicio, es “más que inconstitucional”.

“Un jefe de agencia puede actualizar un reglamento y poner en ese reglamento que esa información es confidencial”, precisó.

“El proceso de un reglamento en Puerto Rico es altamente opaco en el que Sembrando Sentido, y, estoy segura que muchas otras organizaciones, hemos tenido que ir hasta los tribunales para pedir reglamentos, porque muchos de los reglamentos no se publican y no pasan por los debidos procesos en ley para actualizarlos correctamente. (Bajo el PS63) un jefe de agencia puede actualizar un reglamento sin el debido proceso, declarar algo confidencial y se acabó. Y claro, tú lo puedes llevar al tribunal, pero seamos sinceros, quién tiene tiempo, dinero y energía para retar cada cosa que injustamente se declare confidencial”, argumentó la especialista.

Aumento en la burocracia

La líder comunitaria planteó que, lejos de reducir la burocracia, discurso en el que insiste la gobernadora Jenniffer González, las enmiendas a la Ley 141 van en la dirección contraria.

“La cantidad de burocracia que esto añade y la migraña que le puede provocar a algunos jefes que se tienen que enfocar en cosas importantes y urgentes, definitivamente, es disruptivo de una manera que todavía no podemos calcular, pero que no cabe duda que va contra los compromisos en la plataforma de gobierno de Jenniffer González”, contrastó.

La también podcaster estimó que las imposiciones propuestas dilatarán excesivamente los procesos de requerimiento de información, lo que, a su vez, podría complicarle el trabajo a los funcionarios.

“Le causa un peso al jefe de agencia. Hay jefes de agencia que no reciben muchas solicitudes de información. Pero, hay jefes en agencias como, por ejemplo, el secretario de Educación, de Familia, de ASSMCA (Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Addicción), en las que muchas personas solicitan información que ahora van a tener que estar copiando al jefe de la agencia”, puntualizó.

Otro asunto que preocupa a los opositores de la medida es el impacto que pudiera tener en la inversión comercial en Puerto Rico.

“La mayoría de las solicitudes (de información) vienen del sector privado…La realidad es que los datos indican que el sector privado es el mayor solicitante de información. ¿Por qué piden información?, porque quieren saber si la subasta se adjudicó justamente; quieren entender por qué la tarifa subió; quieren entender si el mercado tiene las condiciones para hacer un tipo de inversión; quieren saber por qué la factura de luz subió miles de pesos de un día a otros. Cualquiera de esas cosas se va a ver crasamente perjudicada, el hacer negocios en un país en quiebra. Hacer negocios se va a hacer más difícil”, avisó.

En ese contexto, Masses indicó que los nuevos requisitos que obligarían a los solicitantes a proveer su dirección postal y correo electrónico en cada pedido podrían coaccionarlos a no iniciar el proceso por miedo a persecución.

“¿Tú crees que un contratista que está pensando que la subasta se dio injustamente va a querer que el jefe de agencia sepa que está pidiendo la información del expediente para analizar y determinar si retar la decisión? Claro que no. Eso crea más tensiones y se presta para el carpeteo y las represalias. Nosotros reconocemos y en la ley ya está que la persona tiene que dar información de dónde recibir la información que está solicitando, el correo electrónico o su dirección, pero no se estaba pidiendo ambas y se estaba protegiendo la identidad de la persona que solicitaba cuando esa persona quería que se protegiera. Eso se elimina”, previó.

“Absolutamente nada en esa medida es salvable“

A preguntas sobre si identificaron algún aspecto positivo o bueno de las enmiendas, respondió: “Absolutamente nada en esa medida es salvable, nada. De hecho, las multas que estipulan ahí, les estás quitando discreción al tribunal para tomar decisiones. Estas determinando unas multas que al final las paga el pueblo de Puerto Rico, no el jefe de agencia negligente, no el oficial que evadió cumplir con su rol, estaremos pagándolo nosotros y recae en el pueblo la cuenta a pagar. Ni siquiera en esa instancia es salvable las propuestas de enmiendas”.

Masses se refiere a la disposición que establece que el solicitante tendrá 30 días para acudir al tribunal si se le niega la información. Las agencias se exponen a multas de hasta $100 diarios o un máximo de $18,000 si incumplen con la resoluciones judiciales.

Al argumento de Rivera Schatz de que lo que se busca es facilitar el manejo de documentos en caso de información compleja, planteó: “Nadie del Gobierno ha presentado un solo dato, ni siquiera una anécdota, que estoy segura que pueden existir…para sustentar eso. En cambio, nosotros, la sociedad civil, ha presentado un sinnúmero de datos. Sembrando Sentido hizo un análisis del gasto en tecnología (el Gobierno), gastos que ya sobrepasan los $750 millones de dólares al año, mientras no ha aumentado la transparencia en las páginas del Gobierno…pero, eso sí que no se fiscaliza desde la Legislatura”.

El presidente senatorial también ha cuestionado que varias de las organizaciones que se opusieron a la ley original por entender que era deficiente, ahora se pronuncian en contra de las enmiendas.

“Que una ley estaba coja no significa que le vas a terminar de cortar la otra pata“

Masses le restó peso a este argumento bajo la premisa de que lo anterior no es justificación para que se destruya la ley.

“El hecho de que una ley estaba coja no significa que le vas a terminar de cortar la otra pata y que ahora no podemos hablar porque hablamos de la cojera que venía con esa ley. La sociedad civil, no solo la prensa, lleva años presentando propuestas de acceso a la información muchísimo más robustas y no lo decimos nosotros…Nosotros hemos trabajado con muchísimos peritos en la materia, incluyendo el Centro para la Ley y la Democracia (CLD), para traer alternativas que viabilicen el acceso a la información. Sí es ciertos que muchas personas en la sociedad civil y sobre todo la prensa no estaban contentas con esta ley, porque les dificultaba el acceso…Ahora, también se lo ha facilitado a otros, sobre todo a comunidades, que antes no tenían un mecanismo claro para obtener información y ahora sí lo tienen. Se ha ganado en unas cosas, se ha perdido en otras”, abundó.

Resaltó que, del proyecto convertirse en ley, según el referido Centro, Puerto Rico estaría por debajo de Irán y de Venezuela en cuanto al marco legal de acceso a la información pública.

La activista reveló que, diariamente, llaman a La Fortaleza, residencia oficial de la gobernadora, para continuar presionndo para que esta vete la medida. Más de 50 organizaciones, entre las que se encuentra Sembrando Sentido, le entregaron al equipo de la gobernadora una carta en la que se especifican las razones de la oposición al PS63. Adicional, más de 10 organizaciones internacionales, que incluyen al International Press Institute, la Asociación Interamericana de Prensa, Reporteros Sin Fronteras, y la Sociedad Americana de Periodistas y Autores, se han sumado al llamado.

A nivel del Congreso, funcionarios como los representantes Pablo José Hernández (comisionado residente), Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez, todos demócratas, se han expresado en contra.

Campaña en video del CPI

Esta semana, el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), que ha encabezado buena parte de los esfuerzos contra el PS63, lanzó una campaña audiovisual con el respaldo de Filmes Zapatero.

El video educa sobre el impacto que tendría el proyecto en la vida diaria de los puertorriqueños de no ser vetado por la gobernadora y pide la movilización ciudadanía en rechazo.

Luego de que se le diera paso en el Capitolo en San Juan, el proyecto fue enviado a González, el 5 de diciembre. La mandataria tiene dos opciones: firmarlo para que se convierta en ley o vetarlo. La también presidenta del PNP tiene hasta el 4 de enero próximo para ejecutar su decisión.

Masses dijo que la respuesta de la Administración es que continúan evaluando el proyecto.

Aunque no quiso adelantar las estrategias de la coalición en caso de que la gobernadora firme el PS63, la activista reconoció que disputar una ley como esta en los tribunales tendría que hacerse por partes.

“Este tipo de ley, como hay tantas enmiendas y se estarían haciendo tantos cambios, es muy poco probable que puedas retar la ley. Tú puedes retar diferentes disposiciones que se levantan en pleitos de acceso a la información, y eso, punto por punto, se puede ir debatiendo en el tribunal. Eso cuesta dinero; eso cuesta tiempo; eso cuesta energía, que muchos de nosotros, lamentablemente, no tenemos. Las organizaciones sin fines de lucro están, sobre todo en estos momentos, en una situación de precariedad extrema y estamos haciendo de tripas corazones. La realidad es que retar algo en el tribunal no es fácil”, reconoció.

Sembrando Sentido es una organización sin fines de lucro 501(c)(3) que se creó hace unos cinco años. Es además una fuente no partidista de información y acción que se enfoca en la promoción de la transparencia, la rendición de cuentas, la eficiencia en el uso de fondos públicos y en medidas anticorrupción.

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