Gobernadora de Puerto Rico cataloga como gran victoria contra LUMA fallo de jueza federal Taylor Swain
Laura Taylor Swain rechazó el recurso presentado por LUMA Energy para trasladar la demanda por incumplimiento de contrato al foro federal
Manifestación en contra de la compañía LUMA Energy en San Juan, Puerto Rico. Crédito: Thais Llorca | EFE
NUEVA YORK – La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, dijo que la decisión de una jueza del tribunal federal en la isla para mantener una de las demandas de la Administración contra LUMA Energy en el foro estatal es una gran victoria contra el operador.
“Esta es la primera gran victoria que el gobierno de Puerto Rico nos apuntamos defendiendo al consumidor…Te dije a ti que íbamos a cancelar este contrato dando las herramientas y haciendo las cosas en ley. Mientras muchos decían por qué no en enero, por qué no en febrero, nos dedicamos a evaluar el contrato, a tomar todas las medidas para agotar todos los remedios legales posibles para vindicar los derechos de los puertorriqueños que hoy no tienen métricas (de desempeño) y que se incumple con el contrato original”, declaró González ayer por medio de un mensaje en video.
Este viernes, la jueza federal Laura Taylor Swain, que preside el caso por la quiebra del gobierno de Puerto Rico bajo Título III de la Ley PROMESA (Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico) desestimó sin perjuicio el recurso presentado por LUMA Energy para que el pleito que presentó la Aministración González por incumplimientos contractuales se viera en ese foro y no en el estatal.
Este caso fue el primero presentado por el gobierno de González contra LUMA, compañía privada encargada de la red eléctrica en el archipiélago en medio de la creciente presión pública para que se le cancele el contrato por su incapacidad de brindar un servicio eficiente a los boricuas, evitar las interrupciones en el servicio y agilizar la modernización del sistema.
LUMA le había solicitado en agosto pasado a la jueza del Distrito Sur de Nueva York que aprobara el traslado al tribunal federal del caso por alegado incumplimiento con el Contrato de Operación y Mantenimiento (OMA) bajo el argumento de que la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) sostienen incorrectamente que las controversias son de naturaleza técnica.
“Hoy, el tribunal federal en el caso de la jueza (Laura Taylor) Swain literalmente desestimó el reclamo que estaba haciendo LUMA sobre la demanda que incoáramos el gobierno de Puerto Rico, específicamente, la oficina para las alianzas público privadas (AAPP) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para reclamar las incongruencias en más de siete áreas en las que ellos han estado incumpliendo”, expuso la primera mandataria.
“Esta decisión de más de 24, 25 páginas que hace la jueza Swain demuestra que el pueblo de Puerto Rico está siendo representado hábilmente y que tenemos todos los argumentos en derecho para poder sostener nuestras reclamaciones al componente de LUMA”, consideró la funcionaria.
La gobernadora sostuvo que son varios los reclamos de incumplimiento que presentó su Administración contra la empresa encargada de los activos de transmisión y distribución en la isla desde el 2021.
“Nosotros estamos alegando en ese caso que LUMA tenía mal manejo de fondos federales; segundo, presupuestos operacionales no de acuerdo con lo que se estaba haciendo; tercero, estábamos reclamando el apagón de abril de 2025, que es el único apagón que hemos tenido en este Gobierno. Recuerden que todo el mundo decía, LUMA decía en diciembre del año pasado, que para verano de este año íbamos a tener más de 36 días sin luz, y logramos, con todas las medidas que he tomado, evitar esos apagones y ya no estamos hablando de apagones, porque hemos añadido más de 1,200 megavatios de energía”, enumeró.
“Lo cuarto que estábamos reclamando el Gobierno y que son incumplimientos contractuales incluye el manejo de la vegetación. Tienen fondos asignados por el Congreso y por FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) para cortar la vegetación y evitar la interferencia con las líneas de transmisión y distribución y ese es otro de los alegaciones que hacemos sobre incumplimiento de contrato”, continuó la gobernadora.
La primera ejecutiva destacó que, cumplir con la presentación de los estados financieros auditados, otro de los incumplimientos alegados en la demanda, es clave para poder salir de la Junta de Control Fiscal (FOMBPR), organismo federal que administra las finanzas del territorio desde el 2016.
“Quinto, la entrega de informes financieros. Al día de hoy, yo quiero cumplir con uno de los requisitos que tiene el gobierno de Puerto Rico para poder salir de la Junta de Supervisión Fiscal (FOMBPR), ¿y cuáles son esos?, cuatro presupuestos balanceados certificados por la Junta que ya logramos el primero…y el otro es tener los estados financieros auditados del gobierno de Puerto Rico. No se entregan desde el 2023, porque LUMA se ha negado a dar la información correspondiente a la AEE para entonces la Autoridad poder hacer sus estados financieros, y, por ende, el gobierno de Puerto Rico…”, señaló González.
La gobernadora explicó, citando la decisión de Taylor Swain, que aún con el apoyo de la Junta a la solicitud de LUMA para mover el pleito a la corte federal, la jueza determinó que el pleito no surge de PROMESA ni del proceso de quiebra de la AEE, “sino de la interpretación de un contrato regido por el derecho federal y las leyes de Puerto Rico”.
“Primero, dice la jueza que la naturaleza puramente contractual de la controversia regida es por el derecho estatal…Segundo, la ausencia de un impacto inmediato y directo sobre sobre la administración del caso de Título III de PREPA (AEE), el caso de la quiebra. Tercero, el hecho de que el propio contrato, que yo heredé, sobre LUMA y el gobierno de Puerto Rico establece que las disputas deben resolverse primero en el Tribunal de Primera Instancia en Puerto Rico…”, abundó la también presidenta de Partido Nuevo Progresista (PNP).
En otra resolución que el Tribunal Supremo emitió el jueves, el foro decidió que no tenía jurisdicción para intervenir hasta que no se resolviera el pedido de LUMA para el traslado del caso al foro federal.
En específico, la Administración González le pidió al máximo foro en Puerto Rico, mediante un recurso de certificación intrajurisdiccional, que atendiera “con urgencia” los asuntos de derecho y de alto interés público del caso, ya que se trata de un servicio esencial para los ciudadanos.
El anterior fue uno de los recursos que el gobierno de Puerto Rico presentó el 11 de diciembre para tratar de adelantar la salida de la empresa. Esa misma fecha, las autoridades en la isla anunciaron que habían pedido la anulación del contrato de LUMA.
En el interdicto preliminar a esos fines, González y su equipo argumentan que la Carta-Extensión que suscribió el gobierno de Puerto Rico con la empresa, el 30 de noviembre de 2022, para extender indefinidamente la vigencia del Acuerdo Suplementario bajo el que operaba LUMA es ilegal.
El 16 de diciembre, la Administración presentó dos pleitos adicionales ante el Tribunal de Primera Instancia que buscan el mismo resultado: declarar nulo el contrato.
En respuesta a la decisión de Taylor Swain, LUMA indicó, mediante un comunicado, que revisarán el documento para determinar los próximos pasos.
“Es importante tener en cuenta que esta decisión de ninguna manera valida los intentos del gobierno de Puerto Rico de cancelar un contrato y una extensión legalmente vinculantes creados, negociados y ejecutados por el Gobierno de Puerto Rico”, planteó el consorcio.
La entidad argumentó que la jueza federal confirmó en su decisión que el tribunal federal tiene jurisdicción sobre asuntos que afectan los procedimientos de quiebra de la AEE. “Cualquier intento de distorsionar la decisión sería prematuro, ya que se debe respetar el proceso judicial”, expuso LUMA.
“Nuestro equipo seguirá enfocado en continuar sirviendo a nuestros casi 1.5 millones de clientes, mejorando el sistema eléctrico para dar a la gente de Puerto Rico el servicio que esperan y merecen. Estamos comprometidos con esta misión y no nos distraeremos con acciones motivadas políticamente que solo sirven para poner en peligro o retrasar la transformación del sistema eléctrico”, concluyó la compañía en las declaraciones escritas.
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