Editorial: En defensa de la ayuda para vivienda

Aunque en este momento la atención mediática está concentrada en la escalada bélica contra Irán, internamente no podemos bajar la guardia para elevar nuestra voz de protesta por las medidas que cada vez acorralan más a la comunidad inmigrante. El Gobierno federal sigue empecinado en hacer más difícil la vida de las personas que ya han echado raíces aquí.

En este momento se lleva a cabo el proceso de consultas públicas de una iniciativa sobre vivienda pública que podría convertirse en una verdadera pesadilla para miles de familias.

La nueva propuesta del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés) apunta a prohibir que familias con estatus migratorio mixto puedan acceder a hogares que reciben subvenciones del gobierno federal, como por ejemplo los programas de Sección 8, NYCHA (en Nueva York) o HACLA en Los Ángeles, por citar ejemplos.

De continuar adelante, esta normativa desplazará a decenas de miles de familias –incluidos casi 37,000 niños, la mayoría de los cuales son ciudadanos estadounidenses.

Tal como lo describen el National Housing Law Project y otras organizaciones de defensa de inquilinos, se trata de una medida cruel que desestabiliza a las comunidades, garantiza menos hogares asequibles y de paso ahonda la crisis de vivienda que estamos experimentando por los altos costos de los alquileres.

Pero para el gobierno lo que cuenta es seguir adelante con su campaña de aterrorizar más a las familias migrantes y vender a la base MAGA una retórica llena de falsedades. En un artículo de opinión publicado hace unos días, el secretario del HUD, Scott Turner, dijo que la norma propuesta pondría fin a “la era de los extranjeros ilegales y otros no ciudadanos no elegibles que explotan los recursos de vivienda pública”.

Eso es falso. Ya existe un proceso de verificación de datos y estatus migratorio para confirmar que los inquilinos reúnan los requisitos para recibir la ayuda de alquiler financiados por el HUD o para pagar una renta prorrateada cuando se trata de hogares con ocupantes de estatus mixto.

Ninguna familia debería perder su hogar debido al estatus migratorio de uno de sus miembros. Por eso es importante estar pendientes y participar en las consultas públicas sobre la normativa que se realizan hasta el 21 de abril.

Vale recordar que en el primer mandato de Trump hubo un proyecto similar que no entró en vigencia porque recibió un rechazo rotundo.

La única manera de hacer frente a las iniciativas draconianas de la Administración republicana es involucrándose, llamando a los oficiales electos de su distrito y en últimas circunstancias presentándose a las urnas. Hay que ser la voz de quienes no la tienen.