Preocupa que Trump no respete la privacidad de datos personales de inmigrantes

Los datos personales que millones de inmigrantes han proporcionado a agencias del gobierno federal bajo promesa de que estos no sería utilizados en su contra, podrían muy pronto estar en manos de agencias que buscan deportarlos o del presidente Donald Trump para su uso político y propagandístico, dijeron este lunes activistas y expertos en leyes de privacidad.

Una pequeña cláusula contenida en la orden ejecutiva sobre “seguridad pública en el interior de Estados Unidos”, que lidia con prioridades de deportación y otras medidas para castigar a ciudades santuario e intensificar deportaciones, ha generado preocupación y temor entre los analistas.

La cláusula, sección 14 de esa orden, dice que las agencias federales no podrán incluir a personas no ciudadanas o que no sean residentes legales de las políticas de privacidad que aplican para los ciudadanos.

Este es el texto, traducido al español:

Sección 14. Ley de Privacidad. Las agencias se asegurarán de que sus políticas de privacidad excluyan a las personas que no sean ciudadanas de los Estados Unidos o residentes permanentes legales ,de las protecciones de la Ley de Privacidad en lo que respecta a la información de identificación personal.

No hay mucha claridad de parte del gobierno sobre la razón por la cual este sección se añadió a la orden ejecutiva sobre inmigración o por qué sería necesaria. El Departamento de Seguridad Nacional no contestó a solicitudes de información para aclarar la necesidad de esta cláusula, pero algunos expertos explicaron las posibles aplicaciones que explicarían su inclusión en la orden ejecutiva.

La práctica garantiza privacidad de información

Greg Nojeim, abogado del Centro para la Democracia y la Tecnología, dijo que esa parte de la orden ejecutiva era “algo un poco misterioso”.

“No ha habido hasta ahora una explicación sobre el por qué sería necesario hacer este ataque a la privacidad de los datos de personas que no son residentes ciudadanas, ¿Cuál sería el propósito?”, dijo Nojeim.

Explicó que la ley de privacidad que data de 1974 y dice que ninguna agencia del gobierno puede diseminar la información personal sobre individuos, a menos que el gobierno obtenga el consentimiento escrito de esa persona. También regula la forma en que una persona puede pedir y buscar cambios en un record público en manos de una agencia del gobierno.

Pero esa ley nunca benefició o se aplicó a personas no ciudadanas o no residentes legales, hasta que  los gobiernos de George Bush en 2007 y el de Obama en 2013 ampliaron esas protecciones a las bases de datos de agencias que contienen datos de ciudadanos y no ciudadanos en el mismo lugar. Una de esas agencias era DHS (Departamento de Seguridad Nacional, que incluye a ICE)

“El retirar este derecho ahora podría tener graves implicaciones”, dijo Nojeim.

Una de estas, es el más fácil acceso a la información entregada a USCIS por parte de los jóvenes que pidieron la Acción Diferida o DACA. Si bien es cierto que legalmente las autoridades migratorias de ICE pueden pedir esa información legalmente a la agencia hermana USCIS, la realidad es que para hacerlo tienen que cumplir con algunos pasos administrativos, retrasando el proceso.

Una vez que se emite esta “sección 14”, ya no tienen que hacer nada más que tomar los datos sin tanto trámite, agregó el experto.

Otros expertos sugirieron que es posible que el gobierno de Donald Trump quiera usar los datos en archivo de personas detenidas por DHS para hacer algún tipo de propaganda, por ejemplo a su medida de publicar los delitos o presuntos cometidos por inmigrantes arrestados en operativos de DHS o ICE en las llamadas “ciudades santuario” y así probar que estas están protegiendo a delincuentes.

En 2007, una orden del gobierno de Bush extendió el Acta de Privacidad a los no ciudadanos cuyos datos están en manos de DHS, pero esta medida de Trump daría al traste con esta decisión.

Peter Swire, profesor de ley y ética del Georgia Institute of Technology y experto en privacidad que ha asesorado y servido  a los gobiernos de Bill Clinton y Barack Obama, dijo que es probable que la orden tenga un efecto “más limitado”.

“Esta cláusula tiene que ver con la capacidad de un individuo de obtener una copia de sus archivos en manos del gobierno. En el caso de los inmigrantes, haría más difícil lograr acceso a estos documentos”, dijo Swire.

En todo caso, es difícil establecer cual fue la intención del gobierno. ¿Podría esto afectar los datos que un indocumentado entrega al IRS o al Seguro Social, por ejemplo?

Esto preocupa a Luis Perez, abogado de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Angeles CHIRLA.

“Las agencia federales siempre han garantizado que los datos entregados por los inmigrantes se usan para propósitos específicos”, dijo Perez. “Por ejemplo, un inmigrante presenta impuestos usando un ITIN. Si empieza a haber dudas de la privacidad de esos datos personales, estás invitando al inmigrante a no reportar sus impuestos y a no cooperar con el gobierno de otras maneras”.

Esto afectaría especialmente la relación entre la agencia USCIS, encargada de procesar beneficios migratorios y ciudadanía y los inmigrantes, ya que la filosofía de la agencia hasta ahora ha sido la de “construir puentes y confianza con la comunidad”.

“Bajo el gobierno de Obama la actitud de USCIS era, nada de lo que nos digan a nosotros se va a usar para deportarlos a menos que se cometan delitos”, dijo Perez. “Pero esta orden podría estar echando todo esto por la ventana”.