Un año de la Promesa

Este 30 de junio que marcan los puertorriqueños su primer aniversario, se ha quedado sin cumplir la promesa que ofrecía la ley PROMESA, de prevenir un descarrilamiento fiscal para Puerto Rico. De hecho, las condiciones para 3,4 millones de personas en Puerto Rico y para sus familias en los estados sólo han empeorado.

Cuando el Congreso y el Presidente Obama aprobaron la ley PROMESA hace un año, la tasa de desempleo en Puerto Rico estaba al 11,2%, más del doble de la tasa nacional de Estados Unidos. Además, 150 escuelas públicas habían sido clausuradas, parte de una serie de recortes de servicios públicos para reducir el presupuesto del gobierno de la isla.

Frente a una economía en contracción y la escasez de servicios vitales, cientos de miles de personas abandonaron la isla. Un año más tarde, la tasa de desempleo es del 11 por ciento, 184 escuelas más han sido cerradas, y aún más familias se han visto obligadas a abandonar sus hogares.

Grupos laborales, comunitarios y de derechos humanos, incluyendo nuestra red VAMOS4PR, se opuso a PROMESA cuando fue presentada al Congreso, porque consideramos que las medidas que puso en marcha para hacer frente a la crisis favorecieron los intereses de los acreedores por encima de los de las familias trabajadoras. Una Junta de Supervisión Financiera que no fue elegida recibió el control total sobre las decisiones que tienen que ver con la economía de la isla. Y hasta la fecha de hoy, la Junta consistentemente ha respondido a los problemas económicos de la isla de una sola forma — pidiendo más recortes a los servicios públicos.

Gobernador Rosselló presentó un presupuesto para el 2018 con más de $800 millones en recortes a servicios esenciales, la Junta lo rechazó y le dijo que si no añade más recortes, cumplirán con sus amenazas de instituir ceses y reducciones de salarios para los empleados públicos. Nos parece inhumano jugar con las vidas de los empleados públicos de esta forma. Los maestros y otros empleados públicos proporcionan servicios vitales en sus comunidades, y su salario les permite sustentar a sus familias y consumir localmente. Si reciben recortes en sus entradas, y la economía local parará en seco.

La economía de Puerto Rico no se remediará sólo por medio de recortes. Sólo las soluciones que ponen más dinero en los bolsillos de las familias trabajadoras y defienden los derechos de los trabajadores pondrán la economía de Puerto Rico de nuevo en el camino correcto. Y las empresas que operan en la isla se han aprovechado por demasiado tiempo de exenciones de impuestos que han atrofiado el crecimiento de la economía de Puerto Rico. Las empresas deben pagar su parte justa para asegurar la salud financiera a largo plazo.

En la actualidad, el Título III bajo PROMESA han colocado las decisiones sobre partes de la reestructuración de la deuda en manos de la Juez Laura Taylor Swain, en un tribunal federal de bancarrota. Para asegurar los intereses del pueblo puertorriqueño por encima de los de los bancos codiciosos y los tenedores de bonos, creemos que su enfoque y el de los responsables de las decisiones por la isla debe guiarse por tres principios básicos.

En primer lugar, no deben hacerse pagos a los tenedores de bonos antes de que se levante la economía de la isla.

En segundo lugar, debe hacerse una auditoría de la deuda completa. Los puertorriqueños merecen saber qué se les pide que paguen. Y los informes preliminares de una comisión de auditoría independiente del año pasado encontraron que la mitad de la deuda probablemente fue adquirida en violación de las leyes puertorriqueñas y su constitución.

Y tercero, la deuda debe ser reestructurada en su total, no por partes. Ahora que la Junta de Supervisión Financiera rechazó un acuerdo aparte para la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, esa deuda debería ser incluída en el proceso de reestructuración supervisado por la Juez Swain, junto con la deuda del Banco Gubernamental de Desarrollo y otros emisores de deuda. Esto puede ayudar a proteger a los puertorriqueños más vulnerables de verse obligados a pagar por una deuda negociada con términos que favorecen los intereses de los tenedores de bonos.

Desde que PROMESA fue aprobada, decenas de miles de personas en Puerto Rico y en los estados se han tirado a las calles una y otra vez para exigir que los intereses del pueblo puertorriqueño sean colocados por encima de los de los tenedores de bonos. Pero en las reuniones de los comités del Congreso y en las reuniones de la Junta de Supervisión Financiera, quienes han tomado la mayor parte de la atención han sido han sido representantes de los tenedores de bonos. Es inaceptable que los banqueros y los fondos de cobertura reciban ganancias en los que los niños y los jubilados sufren.

Las familias puertorriqueñas temen por su futuro. Los niños se quedan sin escuelas, y los jóvenes no saben si podrán asistir a la universidad o conseguir trabajos con buenos salarios. Los jubilados temen por sus pensiones y el acceso a los servicios de salud. Las familias jóvenes quedan apretadas por la falta de oportunidades económicas.

Esto es injusto y anti-democrático y VAMOS4PR continuará su lucha para combatirlo. Seguimos educando e informando a los puertorriqueños y otras personas en los Estados Unidos sobre las penurias que sufre el pueblo en la isla y seguimos aumentado nuestra coalición para exigir soluciones que funcionen a largo plazo. Nuestra lucha comenzó antes de PROMESA, y continuará hasta que los puertorriqueños puedan realizar una promesa para un futuro próspero.

(Héctor Figueroa es presidente de la 32BJ SEIU, una de las uniones más grandes del país, con 163,000 miembros. Operamos en 11 estados y en Washington DC donde residen más de 3 millones de puertorriqueños).