Editorial: Desregulación contra la gente

La regulación federal es un intervención del gobierno en teoría pensada para proteger al consumidor y al individuo. Pero las acciones desreguladoras de la administración Trump se basan en un improbable argumento de beneficio para la economía cuando su propósito real es ayudar a los dueños de la industria a lucrar, en detrimento del resto de la gente.

En algún caso, como con el estándar de emisiones de los vehículos en California, estas acciones desreguladoras son concebidas como castigo político. Imposible explicar de otra manera la decisión de su gobierno, anunciada ayer, de eliminar el derecho otorgado al estado, tal como la autoriza la Ley del Aire Limpio, a reducir la contaminación ambiental con estándares superiores al nivel federal. ¿Beneficio a la industria? No. La industria automotriz no pide la acción de la Casa Blanca contra California. En realidad se opone a ella. Pero el presidente Donald Trump la justifica diciendo que significa más empleos, como si hubiera una relación directa entre el nivel de contaminación de un auto y la cantidad de obreros que lo fabrican.

Es cierto que hay regulaciones cuyo cumplimiento significa un mayor costo a la industria. En este caso no es así. Tampoco se puede decir que la desregulación actual es responsable de una buena economía como lo hace Trump. En este caso, la desregulación, cuya naturaleza es beneficiar a los fabricantes en detrimento de los consumidores, aprovecha el resentimiento de un sector popular a todo lo que huela a gobierno federal como intervencionista y alega cumplir la idea conservadora de un gobierno pequeño.

Trump representa un populismo conservador gobernado por el sector empresarial. En su gabinete la influencia de los cabilderos es extraordinaria. Los departamentos de Defensa, Interior, Trabajo, la Agencia de Protección al Medio Ambiente y la Oficina del Representante Comercial están en manos de excabilderos que avanzan la agenda de los sectores que antes representaban oficialmente desde el gobierno.

La influencia empresarial puede ser peligrosa cuando intenta reducir las inspecciones federales. Por ejemplo, en los mataderos de cerdos. Aquí, las nuevas normas prontas para ser anunciadas asignan al sector privado una mayor vigilancia en la sanidad de sus propios procesos y el control de la cantidad de animales sacrificados. El sistema ya era defectuoso, con esta “modernización” es peor. Significa inspecciones realizadas por gente que no está preparada para ello y en menos tiempo. Ni hablar de las condiciones laborales riesgosas cuando única prioridad es mayor rapidez.

Uno de cada seis estadounidenses padece anualmente de enfermedades causadas por alimentos contaminados. La política de la administración Trump aumenta la posibilidad de que esto ocurra en vez de reducirla. De la misma manera abre las puertas a la contaminación del agua, el aire y el suelo al anular las regulaciones.

Por suerte, la proporción de normas eliminadas es aún pequeña. Por eso no tiene un impacto en una economía gigantesca como la estadounidense, como lo afirma el Presidente. Pero es suficiente para enfermar, contaminar y causar más accidentes laborales, llenando los bolsillos de unos pocos.