Urgen aprobar ley “Borrón y cuenta nueva” en NY para acabar con el estigma que sufren reclusos tras purgar sus condenas

Faltan solo unas semanas para que la Legislatura del Estado de Nueva York inicie labores, y con una serie de manifestaciones simultáneas, este jueves se unieron cientos de voces en varios rincones para implorar a la Asamblea y el Senado en Albany que aprueben la llamada ley “Borrón y cuenta nueva”, que tras un tiempo eliminaría el historial criminal a reclusos que recuperen su libertad. Se estima que el número de neoyorquinos con antecedentes penales que se beneficiarían es 2.3 millones; tan solo en 2020, terminaron de pagar sus sentencias un total de 18,000.

La medida facilitaría que los internos que hayan purgado sus penas satisfactoriamente y que no estén bajo supervisión comunitaria y no hayan incurrido en nuevos cargos o condenas, tengan el beneficio de “borrar” su pasado judicial dentro del sistema penal, lo que facilitaría su reinserción a la sociedad, dejando atrás el estigma que significa haber pisado una cárcel.

Durante un plantón en las escalinatas de la Alcaldía de la Ciudad de Nueva York, y Albany, Westchester, Hudson, Rochester y Syracuse, defensores, exreclusos y activistas urgieron a Albany a que esta vez no dejen en el tintero, como ocurrió en la sesión pasada, la iniciativa “Borrón y cuenta nueva”.

La pieza de ley busca que los historiales penales se eliminen automáticamente después de tres años para aquellos exreclusos que hayan sido condenados por delitos menores, y siete años para quienes enfrentaron sentencias por delitos mayores.

Con pancartas y testimonios, los manifestantes recalcaron que tras recuperar su libertad, actualmente cientos de miles de exreclusos neoyorquinos que ya cumplieron sus condenas con el sistema judicial, siguen batallando para retomar sus vidas, conseguir trabajo y vivienda.

Así lo mencionó David Delancey, de la organización Exodus, quien narró cómo exreclusos como él, quien estuvo más de 20 años tras las rejas, tras intentar retomar sus vidas se enfrentan a un muro de dificultades y obstáculos que los ponen en “nuevas rejas”.

“Si no aprueban la ley Borrón y cuenta nueva, personas como yo no vamos a poder tener una segunda oportunidad. Cuando yo salí de la cárcel presenté 45 aplicaciones intentando buscar una vivienda para estar con mi esposa y mis hijos. El rechazo que sentí a diario me hacía llorar todos los días con mi familia. Lo único que quería era ser beneficioso para esta sociedad”, comentó el hombre con antecedentes penales. “Déjennos trabajar, dénnos una segunda oportunidad en vez de ponernos en el infierno del castigo permanente”.

Joel Rivera, quien terminó su condena en el 2019, destacó que para personas latinas que no cuentan con estudios, cargas a cuestas con el historial criminal, les niega cualquier oportunidad de rehacer sus vidas.

“Gente como yo, que no sabemos escribir vemos todo más difícil, porque no se enfocan en nosotros. Yo aprendí a leer un poquito con programas como los que ofrecen Exodus y Cases, que son buenos, pero por haber estado preso desde 1994, los dos años que tengo libre han sido muy difíciles para tener estabilidad”, aseguró el exrecluso latino. “Hay trabajo, pero no son duraderos. Por eso espero sacar mi GED y que me den algo mejor, y por eso es importante que borren los récords de los que salimos, porque así podemos tener por fin derecho a mejores cosas y una mejor vida. Solo queremos mejores oportunidades”.

El senador estatal de Brooklyn, Jabari Brisport, quien respalda el proyecto, advirtió que urge aprobar la ley lo más pronto posible, no solo para que se ponga fin al estigma contra aquellos neoyorquinos que pasan por el sistema judicial, sino también para que haya mayor estabilidad en las comunidades más vulnerables como las latinas y las negras, que cuentan con el 80% de todas las personas con antecedentes penales de la ciudad.

“Estamos hablando de más de 2 millones de personas de Brooklyn, El Bronx, Queens, Buffalo y otras partes del estado, que necesitan trabajo y vivienda, que no tienen recursos básicos. Y eso genera inestabilidad y no da seguridad”, dijo el político, quien criticó a quienes se oponen a la iniciativa “Borrón y cuenta nueva”. “Los ricos de Long Island, como tienen trabajo, acceso a salud mental y vivienda se oponen, pero a ellos les digo que todos necesitamos y merecemos tener lo mismo que todos, y ya. Por eso debemos aprobar esto en enero y no esperar hasta junio”.

Anthony Posada, abogado de la asociación Legal Aid Society, destacó que aunque en el 2018 la Legislatura aprobó un proyecto que permite que ex reclusos pueden tratar de eliminar hasta dos antecedentes penales, en la práctica muy pocas personas califican, por lo que urgió a que se apruebe “Borrón y cuenta nueva” que sí beneficiaría a todos.

“Esta legislación cambiaría dramáticamente la vida de las personas que han tenido contacto con el sistema criminal, porque lo que sucede actualmente es que viven bajo un castigo permanente que no los deja acceder a mejores oportunidades, mejores trabajos, mejores maneras de vivienda”, dijo el defensor, agregando que la Gobernadora Kathy Hochul debe promover de manera directa la iniciativa, que no solo trae beneficios penales sino también económicos.

“La Gobernadora le debe esta ley a las personas que votaron por ella. Es el momento de hacerlo porque hemos esperado por muchos años y siempre llegan cerca del punto final y no aprueban la ley. Ella tiene que cumplir las promesas que hizo durante su campaña para ser elegida. Además, esta ley está en el marco de justicia económica, más allá del contexto de justicia criminal. Está ayudando a 2.3 millones de personas que actualmente tienen antecedentes y no pueden tener mejores oportunidades”, agregó Posada.

Dentro del clamor de los manifestantes se hizo también un llamado a Albany a que se amplíe el acceso a empleos bien remunerados y viviendas seguras, pues la mayoría de quienes salen de prisión siguen atrapados en la pobreza, como de evidenció un estudio del Centro Brennan. Su más reciente reporte mostró que pasar tiempo en prisión puede reducir los ingresos anuales de una persona a la mitad.
Además del beneficio que la legislación tendría en los millones de exreclusos que han pasado por las cárceles neoyorquinas y el sistema judicial, los promotores de la pieza de ley insisten en que sería un empuje positivo para la economía del Estado.

Se estima que la ley generaría más de $7,100 millones en ingresos para personas con antecedentes penales que se sumarían más fácilmente a la fuerza laboral, y a la vez contribuiría a ampliar los puestos de trabajo en todo el estado. Asimismo, ayudaría a las empresas a tener más empleados, aumentar la seguridad de las comunidades y luchar contra las desigualdades raciales en el sistema legal penal y la sociedad.

Aunque las condenas borradas no aparecerían en la mayoría de las verificaciones de antecedentes para empleos o vivienda, sí seguirán siendo accesibles para las autoridades.

“Borrón y cuenta nueva es sumamente importante para millones de personas que, años o décadas después de cumplir sus sentencias, siguen enfrentándose a obstáculos para acceder a empleos y viviendas que dificultan su sustento y el de sus familias”, manifestó Katie Schaffer, directora de defensa y organización del Centro de Alternativas Comunitarias de Brooklyn.

Al llamado a aprobar la ley se han sumado entidades empresariales como Fortune 500 (JP Morgan Chase, Verizon y Microsoft), el Consejo Empresarial del Estado de Nueva York, las Cámaras de Comercio el Business Council of New York State, que representa a 3,500 empresas, y las legislaturas locales de ciudades como Nueva York, Westchester, Buffalo y Albany, que aprobaron resoluciones en las que piden a Albany dar luz verde a ‘Borrón y cuenta nueva’. El proyecto de ley también cuenta con el apoyo de sindicatos que representan a más de 2 millones de trabajadores.

Hasta el momento la Gobernadora Hochul ni los líderes de las Cámaras alta y baja en Albany se han referido a la iniciativa, cuyo análisis ya recaerá en la próxima Legislatura, que asumirá en enero próximo.

Hasta el momento, estados como Utah, Connecticut, California y Michigan han aprobado leyes similares, y contando los días para que se inicie la sesión legislativa 2023, la coalición que aboga para que Nueva York se sume a esa movida, está promoviendo la campaña “Take action” para presionar a los legisladores y a la Gobernadora Hochul, a través de llamadas telefónicas a sus oficinas.

Datos sobre neoyorquinos con historial criminal

• 2.3 millones de neoyorquinos con antecedentes penales se verían beneficiados con la ley
• 80% de las personas en la ciudad de Nueva York con antecedentes penales son afroamericanos o latinos
• 18,000 reclusos terminaron de pagar sus sentencias en 2020 y recuperaron su libertad
• 500,000 personas en Estados Unidos salieron de prisión en 2020
• 2,3 millones de exreclusos pudieran obtener empleos de manera más fácil gracias a la ley
• $7,100 millones y más se estima generaría un aumento anual de ingresos de estos exreclusos
• $87 mil millones anuales en pérdida del PIB a nivel nacional ocasiona la exclusión de personas con antecedentes penales de la fuerza laboral
• 11% de los exreclusos a quienes se les borra el historia penal en estados donde ya es ley, tienen inicialmente más de probabilidades de tener un trabajo y ganar un 25% más
• 3 años después de purgar sus condenas por delitos menores se borrarían los antecedentes
• 7 años después sería el período para eliminar antecedentes de quienes enfrentaron sentencias por delitos mayores
• Las principales barreras a las que se enfrentan quienes purgan sus condenas son problemas para acceder a vivienda, educación y empleo
• Utah, Connecticut, California y Michigan ya aprobaron leyes similares
• Texas, Missouri y West Virginia están considerando los proyectos de “Borrón y cuenta nueva” también