Cómo aplica ICE las prioridades de deportación
Aunque la Suprema Corte permite a la Administración Biden aplicar sus guías de deportación, un reporte del American Immigration Council indica que la operación de agentes de ICE puede resultar "turbia", debido a la discrecionalidad tanto en las detenciones como en los casos elaborados por fiscales de la agencia
Luego de una decisión de la Corte Suprema, la oficina de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) restableció las prioridades de deportación del gobierno del presidente Joe Biden.
“La realidad de la política de aplicación, sin embargo, es más turbia“, reconoce el American Immigration Council (AIC). “Los agentes del gobierno tienen discreción inherente para decidir cómo enfocar sus recursos. Las preguntas son en qué nivel se están estableciendo las prioridades (en un espectro que va desde los agentes en el terreno a los que se les permite hacer lo que quieran, hasta las oficinas centrales que dictan cómo pasan su tiempo)”.
Todas las oficinas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) retomaron las guías de septiembre del 2021, establecidas por el secretario Alejandro Mayorkas.
“El memorando establece tres categorías amplias de prioridades de aplicación: amenazas a la seguridad nacional (es decir, preocupaciones de terrorismo); amenazas a la seguridad pública (definidas en parte por antecedentes penales)”, indica un reporte de (AIC).
Hay otra categoría sobre a quién se persigue, recuerda la organización: “cualquier persona que ingresó a los EE.UU. sin autorización después del 1 de noviembre de 2020”.
Destaca que en el grupo también se establece como una prioridad de deportación a quienes sean “un peligro para la frontera”, eso puede incluir a inmigrantes indocumentados sin récord criminal.
El AIC explica que aunque los fiscales deben seguir las pautas, éstas podrían enfrentar complicaciones al momento de ser aplicadas, ya que oficiales deberán determinar si inician nuevos casos, además de determinar la suspensión de persecución de otros que tienen avances en el proceso de deportación.
“El memorando de Mayorkas no especificó exactamente qué deberían hacer las agencias con las personas que no caen en esas categorías”, acota la organización. “OPLA había recibido orientación preliminar en el verano de 2021, pero las oficinas de todo el país no la implementaron correctamente”.
OPLA es la Oficina del Asesor Legal Principal, desde donde se emitió un lineamiento para empatar con la orden de Mayorkas.
Ante la complejida en al aplicación de las guías, los expertos sugieren a inmigrantes indocumentados realizar un plan ante una eventual cercanía con ICE.
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