Armerías en Arizona rechazan requisitos de venta
El gobierno del presidente Barack Obama se extralimitó en sus esfuerzos por detener el contrabando de armas para los narcotraficantes en México, al requerir indebidamente que los comerciantes en los estados fronterizos del suroeste reporten los casos en que los consumidores adquieren múltiples fusiles de alto poder, dijo el abogado de dos armerías de Arizona el miércoles.
Armerías en Arizona rechazan requisitos de venta que el gobierno de Barack Obama pretende imponer. Crédito: AP
WASHINGTON.- El abogado Richard Gardiner dijo a un panel de una corte federal de apelaciones que la directriz federal requiere que los comerciantes de armas de fuego creen un sistema de expedientes y que el gobierno carece de autoridad para emitir semejante orden.
La controversia se deriva de una orden dictada en 2011 por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) a los vendedores de armas en California, Arizona, Nuevo México y Texas. La disposición, emitida mediante una carta, obliga a los vendedores a reportar a la ATF cuando alguien, en un periodo de cinco días, compre dos o más armas semiautomáticas a las que pueda incorporarse una cartuchera desprendible y con un calibre superior a .22.
Según la ATF, este requisito es necesario para ayudar a que se detenga el flujo de armas que llegan a los cárteles mexicanos del narcotráfico.
El juez Harry T. Edwards, nombrado por el ex presidente demócrata Jimmy Carter, preguntó a Gardiner si el número de modelo en un fusil indicaría si éste estaba incluido en la orden de la ATF.
“Podría ser”, respondió Gardiner, pero consideró que la persona encargada de registrar el arma podría ser incapaz de determinarlo.
“¡Vamos, eso no puede ser cierto!”, dijo Edwards, al sugerir que el titular de una licencia federal para vender armas debería tener la capacidad de identificar esos fusiles.
Gardiner, quien representa al establecimiento J&G Sales, Ltd de Prescott, Arizona, y a Foothills Firearms LLC de Yuma, en el mismo estado, dijo que ningún apartado de la ley permite suponer que el titular de una licencia federal de venta de armas debería tener esos conocimientos.
La jueza Judith W. Rogers, nombrada por el ex mandatario demócrata Bill Clinton, preguntó si los tipos de fusiles cubiertos por la orden eran inusuales.
Gardiner respondió que no lo eran.
“Hay probablemente 100 millones de éstos en Estados Unidos, si no es que más”, señaló, antes de opinar que la definición es tan amplia que abarca incluso rifles para practicar tiro al blanco, cazar lobos, venados, osos o incluso animales menores.
El abogado del Departamento de Justicia, Michael Raab, dijo que los vendedores deberían tener la capacidad de determinar, al ver un modelo y fabricante, si cierto fusil está cubierto por la orden federal. Agregó que se notificó a los comerciantes la posibilidad de llamar a una rama de la ATF si tienen alguna duda.
“No sabemos de peticiones o confusiones hasta ahora”, añadió.
Otra jueza del panel, Karen LeCraft Henderson, nombrada por el ex presidente republicano George Bush padre, preguntó a Raab sobre una medida aprobada cada año por el Congreso, que prohíbe a la ATF el establecimiento de un registro nacional de armas de fuego. Raab destacó que la ATF requiere que los vendedores en todo el país reporten cuando alguien vende al menos dos pistolas o revólveres en cinco días, algo que no es sujeto de impugnación en este caso.
Raab dijo que la carta de la ATF que se discute en este caso tiene alcances “mucho más estrechos”.
