El Otro Puerto Rico y su propuesta para evitar más desplazamientos por alquileres a corto plazo y Ley 22
Una de las recomendaciones de la organización es regular los alquileres a corto plazo a través de plataformas como Airbnb y derogar la Ley 22 bajo la que extranjeros se relocalizan en la isla
Una casa abandonada en Morovis, Puerto Rico, tras el huracán María. Crédito: Ramón Espinosa | AP
Nueva York – El Otro Puerto Rico reafirmó que su propuesta para regular la industria de alquileres a corto plazo (ACP) que lideran compañías como Airbnb no van dirigidas a prohibir este tipo de alojamiento en la isla, sino a evitar mayor desplazamiento de locales, y por ende, “una isla sin puertorriqueños”.
“No es que van a perder la oportunidad de alquiler; es que cuando estamos enfrentando una crisis de vivienda que está afectando a mucha gente en la costa y se ve que está creciendo el problema, tenemos que hacer algo para regular la industria. No es que queremos quitar esta actividad económica para las familias puertorriqueñas”, planteó a El Diario Christina Mojica, analista de política pública de la organización.
Este mes, el grupo que trabaja por acceso a vivienda digna, segura y asequible para los locales emplazó a que los líderes políticos en la isla, y, particularmente, los que se miden en las elecciones del próximo 5 de noviembre a que se comprometan con la “Propuesta de Política Pública para la creación de la Ley de Acceso a la Vivienda Digna”.
Aunque el documento incluye varias recomendaciones adicionales a la regulación de los ACP, como la derogación de la Ley 22 o Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico; cambios en la otorgación de títulos de propiedad y usucapión; y moratoria y paralización en la construcción costera, el asunto de los ACP es uno de los que reviste mayor prioridad.
“Eso está pasando mucho en áreas comerciales, en las costas de Puerto Rico. En mi opinión, lo más importante es regular los arrendamientos a corto plazo, porque entendemos que es una actividad económica que ayuda a las familias puertorriqueñas. Nosotros no queremos eliminar (ese tipo de negocio); solamente regularlo porque tus derechos terminan donde empiezan los míos, entonces tenemos que asegurarnos de tener vivienda digna para todos los puertorriqueños”, insistió.
Mojica puso como ejemplo el caso del Viejo San Juan en la capital de Puerto Rico, y cómo los alquileres a corto plazo que empezaron en esa zona colonial ya se extienden a la de Puerta de Tierra.
La investigadora boricua nacida en Nueva Jersey además se refirió a estadísticas de National Low Income Housing Coalition contenidas en la propuesta de la organización que apuntan a que las listas diarias de Airbnb aumentaron en promedio un 31% desde el huracán María, en el 2017, hasta 2020.
También señaló que datos de AirDNA arrojaron que en Puerto Rico se registraron más de 30,000 listados únicos de alquileres a corto plazo de 2014 a 2020. “Contrariamente a algunas representaciones, la mayoría de los listados no provienen de propietarios que alquilan habitaciones vacías para obtener ingresos adicionales. Aproximadamente, el 83% de los listados en Puerto Rico eran para viviendas enteras, mientras que solo el 15% eran para habitaciones privadas y el 2% restante era para habitaciones de hotel o compartidas”, lee parte del documento divulgado por la organización.
Adicional, Mojica mencionó las cifras del Índice de Asequibilidad de la Vivienda, preparado por la firma Estudios Técnicos, que revelan que en los pasados 3 años, los puertorriqueños han perdido un 42% de su capacidad para comprar una residencia y las rentas a largo plazo se han disparado de un promedio de $800 mensuales a $2,341 en los pasados 5 años.
Permiso oficial de zonificación
Parte de la propuesta para lograr un balance entre los beneficios económicos de las familias a través de los ACP, la oferta disponible de unidades de vivienda y la estabilidad del mercado va en la dirección de que los propietarios de inmuebles interesados en que sus propiedades se establezcan o permanezcan como ACP deben obtener un permiso especial de zonificación.
“A modo de excepción, en casos de zonificación residencial en las que se permitan usos comerciales como hospederías o en las áreas de zonificación mixta donde coexistan usos residenciales y comerciales, podrán existir ACP cuando en una propiedad principal unifamiliar, no arrienden la totalidad de la unidad residencial, sino que se limite el espacio del ACP a una habitación o habitaciones que no excedan el 20% del total de espacio habitable de la propiedad. Cuando las propiedades sean multifamiliares podrá arrendarse aquella porción de la propiedad que no exceda el 25% del total de espacio habitable de la propiedad”, especifica el texto de la propuesta.
Adicional, se recomienda establecer un “Registro de Propietarios de Arrendamientos a Corto Plazo” con la información de contacto para asegurar que los vecinos de la comunidad puedan comunicarse directamente con el dueño (a) o proceder legalmente contra ellos en caso de ser necesario.
En febrero de este año, Airbnb se atribuyó haber recaudado más de $70 millones de dólares en concepto de Impuesto de Ocupación de Habitaciones (Room Occupancy Tax).
En julio de 2022, la plataforma de alquiler divulgó los resultados de un estudio realizado por la firma Oxford Economics que arrojó que, en el 2021, Airbnb contribuyó con $872.4 millones al Producto Interno Bruto (PIB) de la isla, al tiempo que impulsó la creación de 24,000 empleos.
Insisten en la derogación de la Ley 22
La Ley 22 que otorga exenciones contributivas a extranjeros que se relocalicen en la isla bajo promesa de inversión es también otra batalla central de los integrantes de El Otro Puerto Rico.
En cuanto a la ley aprobada en la legislatura local, la entidad insistió en el pedido para su derogación.
“Hay muchos números, pero lo que está pasando en Puerto Rico se puede ver. Vemos los lock boxes en Viejo San Juan, en Santurce, en Aguadilla, fuera de las propiedades. Sabemos que esos lock boxes son de los Airbnb. Estamos viendo que hay un aumento en turismo; rompimos récord en turismo en los últimos años, y cada año seguimos rompiendo más récords desde huracán María”, planteó Mojica.
Según la investigadora, la Ley 22 no solo reduce las probabilidades de que boricuas compren propiedades a un precio asequible debido a la burbuja inmobiliaria que crea, sino que dispara los precios de otros bienes y servicios.
“Cuando sube la renta, el costo de los negocios alrededor sube también. Eso causa más desplazamiento; es indirecto, pero es una forma de desplazamiento”, señaló.
La estudiante de Economía además destacó la baja en ingresos al fisco como resultado de los impuestos que los beneficiarios de la Ley 22 dejan de pagar por concepto de dividendos, intereses y ganancias de capital.
“Estamos viendo también que los beneficios que nos prometieron los que apoyan la Ley 22, no los estamos viendo en Puerto Rico. Hemos perdido $2.22 mil millones en ingresos”, mencionó.
Mojica se refiere a los fondos que ha perdido el Departamento de Hacienda desde 2017 hasta 2023.
“Las proyecciones indican una mayor erosión de los ingresos gubernamentales, con una pérdida estimada de $4.5 mil millones esperada de 2020 a 2026 debido a la Ley 22”, especifica otra parte de la propuesta de El Otro Puerto Rico que cita el Informe de Gastos Tributarios de Puerto Rico para el año fiscal 2024.
La entrevistada rechazó que la oposición a la Ley 22 en la isla sea reflejo de un rechazo a la presencia de estadounidenses.
“No es que no queremos extranjeros y estadounidenses en Puerto Rico. No tiene que ver con eso. Es que tenemos que priorizar los puertorriqueños y su derecho a vivienda digna…Eso es lo más importante. Tampoco estamos en contra de los dueños de negocios. Es que los puertorriqueños tengan la posibilidad de comprar una casa. Ahora mismo las compras en efectivo en Puerto Rico han aumentado significativamente, y lo que estamos viendo en nuestros datos es que esas ventas en efectivo mayormente están viniendo de beneficiarios de la Ley 22”, destacó.
Con la propuesta, además se buscan añadir 107,000 unidades de vivienda asequible al mercado en Puerto Rico en un periodo no mayor de 10 años; reducir en un 35% el inventario de propiedades en estado de desuso o abandono en Puerto Rico que, actualmente, se estima en 300,000 unidades; y erradicar la construcción ilegal en la Zona Marítimo Terrestre para garantizar la estabilidad del ecosistema costero y el acceso a las playas como un bien de dominio público.
Los activistas pasarán lista para ver qué políticos y candidatos le dieron el visto bueno a la propuesta. A esos fines, le dieron hasta el 30 de agosto para que respondieran.
“No tenemos mucho tiempo, pero estamos trabajando duro para hablar con los candidatos y políticos sobre nuestra propuesta. Como yo lo veo, estos problemas no son nuevos en el país. Nosotros sabemos que los alquileres a corto plazo son un problema; sabemos que estos espacios han aumentado casi el doble en P.R. desde el 2020; sabemos que hay una crisis de vivienda. Yo puedo ver desde mi casa, una abandonada al lado y otra detrás de mí, y yo vivo en Hato Rey, que no es un área como Río Piedras que tiene muchas casas abandonadas. Yo creo que estos problemas son visibles, conocidos, y la mayoría de la propuesta son los datos; probando que es un problema”, puntualizó la analista.
