¿Quiénes son los 16 funcionarios del régimen de Maduro sancionados por EE.UU.?
Entre los miembros del régimen de Maduro sancionados por Estados Unidos están militares, funcionarios del ente electoral, de la Asamblea Nacional y del TSJ
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este jueves a 16 funcionarios del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, entre militares, miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE), de la Asamblea Nacional (AN) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), por proclamar “falsamente” la victoria del líder chavista en las elecciones presidenciales del 28 de julio.
“En lugar de respetar la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas, Maduro y sus representantes han proclamado falsamente su victoria mientras reprimen e intimidan a la oposición democrática en un intento ilegítimo de aferrarse al poder“, declaró en un comunicado el secretario de Estado, Antony Blinken.
Asimismo, el Departamento de Estado prohibió la entrada al país de “funcionarios alineados con Maduro que han socabado el proceso electoral en venezuela y que son responsables de los actos de represión”.
Con las medidas anunciadas hoy, hasta la fecha hay más de 140 funcionarios venezolanos sancionados por el Tesoro estadounidense y cerca de 2,000 personas están sujetas a restricciones de visado por parte del Departamento de Estado estadounidense.
“Estados Unidos seguirá promoviendo la rendición de cuentas por parte de quienes socavan la democracia en Venezuela”, advirtió Blinken.
Estos son los perfiles de los 16 funcionarios del régimen chavista sancionados, de acuerdo con el Departamento del Tesoro de EE.UU.:
Miembros del TSJ
Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez y Fanny Beatriz Márquez Cordero: presidenta y vicepresidenta, respectivamente, del TSJ y miembros de la Sala Electoral. Las acusan de certificar la “afirmación infundada” de Maduro de que había ganado las elecciones “a pesar de las acusaciones bien fundadas de fraude electoral generalizado en las elecciones de julio”.
Antonio Figueroa Arizaleta: magistrado del TSJ, alineado con Maduro, desde 2014 y actualmente se desempeña en la Sala Constitucional del TSJ. Figueroa apoyó la decisión de la Sala Electoral de revisar y certificar la afirmación del CNE de que Maduro ganó las elecciones. En 2019, Canadá sancionó a Figueroa por socavar la democracia.
Malaquias Gil Rodríguez y Juan Carlos Hidalgo Pandares: presidente y vicepresidente, respectivamente, de la Sala Político Administrativa del TSJ. El Tesoro los señala por “obstruir la democracia al descalificar la candidatura presidencial de Machado.”
Edward Miguel Briceño Cisneros: juez especial del Tribunal Primero de Primera Instancia alineado con Maduro con jurisdicción sobre terrorismo. Briceño emitió una orden de captura contra Edmundo González menos de una hora después de que el Ministerio Público la solicitara.
Luis Ernesto Duenez Reyes:fiscal del Ministerio Público alineado con Maduro. En su cargo, Duenez emitió la solicitud oficial de la orden de captura contra el candidato presidencial opositor Edmundo González, que luego fue emitida por Briceño.
Miembros del CNE y AN
Antonio José Meneses Rodríguez: Secretario General del CNE en funciones desde agosto de 2023. Lo señalan por varias irregularidades antes del proceso de votación del 28 de julio. Antes de servir en el CNE, también firmó el documento de la Contraloría que confirma la inhabilitación de la líder opositora María Corina Machado.
Rosalba Gil Pacheco: rectora del CNE y se desempeña desde 2023 como presidenta de la Comisión de Registro Civil y Electoral del CNE alineado con Maduro. Gil Pacheco “ha obstruido la democracia“. Además, según el Tesoro Gil Pacheco “declaró a Maduro ganador de las elecciones presidenciales sin publicar los resultados a nivel de distrito y sin realizar las auditorías requeridas del sistema de votación electrónica del país”.
Pedro José Infante Aparicio: primer vicepresidente de la Asamblea Nacional alineada con Maduro. Parte de la campaña “Furia Bolivariana” lanzada en enero de 2024 contra la oposición democrática. En ese cargo, “la comisión citó a varios miembros de la oposición en procesos aparentemente con motivaciones políticas”.
Fuerzas de seguridad del régimen
Dinorah Yoselin Bustamante Puerta: fiscal del Tribunal de Primera Instancia Especializado de Venezuela, una oficina dentro de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, alineada con Maduro. Además, según fuentes de los medios de comunicación, Bustamante obstruyó la democracia y el estado de derecho al iniciar procesos con motivaciones políticas, que resultaron en la detención arbitraria de miembros de la Asamblea Nacional de 2015 reconocida por los EE. UU.
Domingo Antonio Hernández Larez: el Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, alineada con Maduro, en el cargo desde julio de 2021. Fue denunciado por un defensor de derechos humanos en 2019 como “represor de parte de Maduro”.
Elio Ramon Estrada Paredes: el comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, en el cargo desde julio de 2023. En ese cargo, Estrada lidera la Dirección Antiterrorista de la GNB. Estrada lideró a la GNB “en la detención de miles de manifestantes pacíficos a favor de la democracia después de las elecciones del 28 de julio”.
Johan Alexander Hernández Larez: Es el comandante de la REDI Capital de la GNB. Larez fue anteriormente el general de división de la Zona de Defensa Integral del Estado Miranda, o Zona Operativa de Defensa Integral del Estado Miranda, comúnmente conocida como ZODI Estado Miranda.
Asdrúbal José Brito Hernández: el director de Investigaciones Criminales de la DGCIM. Es identificado como un torturador en los informes de las Naciones Unidas y, según múltiples artículos de prensa, la DGCIM ha liderado una campaña coordinada de “Operación Tun Tun” “para acosar, detener y arrestar arbitrariamente a miembros de la oposición y de la sociedad civil después de las elecciones“.
Miguel Antonio Muñoz Palacios: el subdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia, el servicio de inteligencia alineado con Maduro, desde 2021. Muñoz es uno de los principales líderes del Grupo Pitbull de Venezuela, que “tenía la tarea de hacer el ‘trabajo sucio’ y no existían parámetros legales sobre lo que se les encomendaba hacer.
También se creía que el Grupo Pitbull “era responsable de secuestros y asesinatos”. “Es probable que el grupo secuestrara a personas para presionarlas para que le dieran dinero al Grupo Pitbull. El Grupo Pitbull utilizó ese dinero para otros fines operativos”, dice el Tesoro.
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