Fuente de ICE dice que Administración Trump ha deportado a más de 100,000 migrantes

Nueva York – Una fuente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo que las autoridades migratorias han deportado a más de 100,000 personas desde que el presidente Donald Trump asumió el poder hace poco más de dos meses.

El New York Post reportó este martes que los oficiales de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) habían realizado más de 113,000 arrestos y completado unas 100,000 deportaciones desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo el 20 de enero.

“Él está haciendo para lo que se votó por él. Sin rodeos”, indicó al NYP una fuente de ICE a la que no se le identificó por nombre.

No se proveyeron detalles de cuántos de los arrestados eran criminales convictos, el estatus de sus casos ni su nacionalidad. Sin embargo, el informe añade que fuentes creen que la mayoría fueron removidos a México.

La información que el medio reseña como exclusiva no ha sido confirmada por el DHS.

Las cifras contrastan con reportes de hace un mes que apuntaban a que la Administración Trump no estaba cumpliendo con las metas establecidas de arrestos de ICE de entre 1,200 y 2,500 al día.

A principios de marzo, medios como NPR reportaron que los arrestos migratorios encabezados por agentes de ICE alcanzaban los 1,000 diarios, lo que estaba por debajo de las expectativas y llevó a que el Gobierno dejara de hacer actualizaciones diarias.

Bajo este cálculo, para el primer mes de Trump en el cargo, las detenciones ascendían a unas 20,000.

Por su parte, Fox News reportó que, en el año fiscal 2024, las operaciones de remoción por parte de ICE se calculaban en unos 33,242 arrestos. Mientras que, entre enero 20 a marzo 10 de este año, el número era de 32,809.

De esos arrestos, 14,111 correspondían a criminales convictos y 9,980 tenían cargos criminales pendientes, según un reporte a mediados del mes pasado.

Por otro lado, Axios reseñó a principios de marzo que el número de migrantes que ingresó ilegalmente por la frontera sur cayó en febrero al nivel más bajo en décadas.

La Patrulla Fronteriza (CBP) registró alrededor de 8,300 detenciones de migrantes en la frontera en febrero, según cita Axios. En enero, las cifras de la CBP apuntaban a unos 29,100, por debajo de los 47,300 del mes anterior.

Parte del slogan de campaña de Trump fue que atacarían la “invasión” migratoria en EE.UU. bajo un discurso inclinado a criminalizar a esa población en general.

Inmediatamente después de su juramentación, el presidente firmó una orden para declarar una emergencia en la frontera, para entre otras cosas, enviar a miles de efectivos adicionales a esa zona. El decreto ordenó la movilización de elementos de las Fuerzas Armadas, incluyendo miembros de la Reserva y de la Guardia Nacional, para avanzar con las deportaciones masivas.

El documento del 20 de enero además dispuso la construcción adicional de barreras físicas en la frontera sur.

“El secretario de Defensa y la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, en consulta con el fiscal general, deben tomar toda acción apropiada, consistente con la ley, para priorizar la impedancia y la negación de la entrada física no autorizada de extranjeros a través de la frontera sur de Estados Unidos, y asegurar el uso de políticas de fuerza que prioricen la seguridad y la protección del personal de Seguridad Nacional y de los miembros de las Fuerzas Armadas”, lee parte de la orden ejecutiva.

La Administración incluso ha pedido la ayuda del Congreso para financiar los costos que implica el recrudecimiento de la política antimigratoria de Trump. En el nuevo presupuesto federal se contemplan más de $400 millones para ICE para propósitos de colocar más camas en centros de detención, así como para transporte de indocumentados, entre otros.

Pero no todos aplauden los esfuerzos antimigrantes del Gobierno. Por ejemplo, abogados de Seattle encabezan una demanda, que fue presentada esta semana, contra el DHS por deportar a terceros países a personas que simplemente no cuentan con estatus legal para residir en Estados Unidos.

El pleito de clase se basa en los casos de cuatro migrantes con orden final de deportación que se espera que sean trasladados a países que nunca fueron considerados en sus procesos iniciales de deportación.

Por las pasadas semanas, migrantes han sido deportados a países como El Salvador y a la Base de Guantánamo en Cuba, en lugar de a su país de origen, sin pasar por el trámite de una corte de migración.

El argumento de la Administración Trump es que la prioridad es arrestar y deportar a “lo peor de lo peor”.

Para tratar de probar su punto, la secretaria del DHS, Kristi Noem, visitó la semana pasada la cárcel en El Salvador a donde han trasladado a decenas de venezolanos bajo el alegato de que son miembros de pandillas como el Tren de Aragua (TdA) y MS-13 (Mara Salvatrucha).

Fotos desde el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), muestran a Noem frente a celdas repletas de prisioneros.

“La gente necesita ver esa imagen”, defendió Noem sobre la exposición de su visita en la cárcel.

“Ellos necesitan ver que EE.UU. va a usar cada herramienta que tenemos para hacer a nuestras comunidades más seguras, y que es consecuencia de alguien que es terrorista”, sostuvo en una entrevista por Fox News anoche.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se ha sumado al discurso del gobierno de EE.UU., y alegó este lunes que las personas deportadas a su país son “asesinos” y “delincuentes de alto perfil”.

Ayer, EE.UU. anunció que deportó al país centroamericano a otras 17 personas a las que acusa de pertenecer a las bandas criminales. El 15 de marzo, el Gobierno expulsó a más de 200 venezolanos bajo argumentos similares, a pesar de una orden judicial se lo prohibía.

Cabe señalar que la referida cárcel de máxima seguridad en Tecoluca, símbolo de la llamada guerra contra las pandillas sobre la que insiste Bukele, ha sido señalada por organismos internacionales por las condiciones de hacinamiento y porque no se le garantizan a los internos los derechos humanos mínimos.

Los abogados de 30 de los venezolanos deportados hasta la megacárcel le solicitaron ayer a la encargada de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Raquel Caballero, que verifique la situación en la que se encuentran los recluidos. Jaime Ortega y Salvador Ríos negaron que sus clientes pertenezcan a la pandilla trasnacional Tren de Aragua. Los representantes legales presentaron un escrito en el que solicitaron el acompañamiento de Caballero.

“Venimos a pedir la garantía de sus derechos humanos que consideramos nosotros que han sido violentado por el sistema imperante en El Salvador”, declaró Ríos a medios de prensa.

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