Más años de espera para inmigrantes legales

Una decisión emitida este lunes por una Corte Suprema dividida significará muchos años de espera para hijos que cumplieron la mayoría de edad esperando entrar a Estados Unidos legalmente junto a la visa de residencia de sus padres.

En una decisión 5-4, el tribunal supremo dio la razón al gobierno federal y a la Junta de Apelaciones de Inmigración y revirtió una decisión anterior del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito que hace unos meses había decidido que estos jóvenes si calificarían para la residencia con sus padres.

El gobierno alegó que según la ley, tenían que ir “al final de la línea” y hacer su propia petición de visa.

“Esto significa que las decenas de miles que han esperado en línea, algunos de ellos desde que tenían 1 o 2 años de edad, pero que ya cumplieron 21 años, no podrán entrar en la petición de ajuste de los padres y no podrán reunirse con ellos en los Estados Unidos”, dijo Carl Schusterman, uno de los abogados que presentó la demanda ahora rechazada por la Corte Suprema.

Según Shusterman, en países como México o Filipinas que ya tienen largos tiempos de espera en categorías con cantidad limitadas de visas, la decisión podría significar que las familias no se reunirán jamás.

“Parece que queremos hablar de algo que va más rápido o más lento cuando en realidad con las restricciones de hoy, un mexicano en esta situación tendría un tiempo de espera de más de 100 años por el largo de la línea. Los filipinos son casi 30 años, etc”, agregó Shusterman.

Ahora que se habla de una reforma migratoria y que políticos republicanos como Marco Rubio sugieren que los indocumentados que están en el país deben estar “al final de la Línea”, casos como éste ilustran lo larga que puede resultar esa línea para algunos inmigrantes.

“Estas son personas que están haciendo su proceso de manera legal y para quienes el Congreso aprobó una ley, y sin embargo, el gobierno la interpreta de manera estrecha, obligando a estas imposibles esperas”, expresó Shusterman.

Un ejemplo de un caso relevante es el de la clienta de Shusterman & Associates Rosalina Cuellar de Osorio, cuya madre, ciudadana estadounidense, pidió a su hija por “Prioridad F3” (como hija casada de ciudadano). En la petición se incluyó como derivado al hijo menor de Cuellar de Osorio, que en ese momento, 1998, tenía 13 años.

No obstante, para el momento en que llegó la fecha de prioridad de la visa, el jovencito había cumplido 21 años y según el gobierno federal, supuestamente ya no calificaba para inmigrar a pesar de que en 2002 el Congreso aprobó una ley llamada el Acta de Protección de Estatus de Menores CSPA. Debía comenzar el proceso, una vez más.

El caso es Scialabba v. De Osorio, No. 12-930.