Dominicana y PR contra el crimen

San Juan/INS – Los jefes de los cuestionados cuerpos policiales de Puerto Rico y República Dominicana se reunieron ayer en San Juan para abordar el problemática del narcotráfico.

El superintendente de la Policía de Puerto Rico, Emilio Díaz Colón, recibió al jefe de la Policía de República Dominicana, general José Polanco en el cuartel general de Hato Rey.

Durante la reunión, los jefes policíacos discutieron asuntos relacionados a la unión de esfuerzos entre Puerto Rico y República Dominicana en la lucha contra el narcotráfico.

Ambos cuerpos policiales buscan crear alianzas para lograr una disminución en la delincuencia, en medio de críticas por la gestión de ambos cuerpos.

En Puerto Rico, la uniformada se encuentra desarrollando desde septiembre pasado el denominado Plan de la Reforma Integrada de la Policía, lo que según el jefe de la uniformada “asegurará” los derechos civiles de la población.

La iniciativa surgió luego del informe del Deparatamento de Justicia federal que denunció violaciones de los derechos civiles por parte de la Policía, entre otras irregularidades.

Díaz Colón ha dicho que el plan de la Policía de Puerto Rico contiene 137 iniciativas y adoptará todas las medidas adicionales que proponga el Departamento de Justicia de Estados Unidos que atiendan las deficiencias en la uniformada. El plan incluye reformar y reestructurar el proceso de investigaciones administrativas, la creación de los Comités Regionales de Interacción Ciudadana, el establecimiento de un nuevo código de conducta, una guía de disciplina progresiva y un reglamento de querellas administrativas.

Mientras, la policía dominicana fue denunciada el pasado 25 de octubre por la organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) por las prácticas de arbitrariedad, impunidad y violencia con que se maneja ese cuerpo de seguridad.

En el informe titulado “Cállate si no quieres que te matemos: violaciones de derechos humanos cometidas por la policía en República Dominicana”, la organización documenta decenas de casos de homicidio, tortura y malos tratos a manos de agentes de la Policía contra ciudadanos. Entre enero y julio de 2011, 154 personas resultaron muertas en incidentes con la Policía, frente a 125 en el mismo periodo de 2010.

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