Evalúan estrategia contra ley de Alabama

WASHINGTON/ap – Dirigentes de varias organizaciones críticas a la ley que desde septiembre restringe las actividades de inmigrantes sin documentos en Alabama dijeron que evalúan cuál estrategia deberán seguir para perseguir la abolición de la medida legal.

La directora del Centro Nacional para Derecho Migratorio, Marielena Hincapié, dijo en conferencia de prensa que la prioridad de las organizaciones ha estado en litigar la ley ante los tribunales y en atender las necesidades de las familias afectadas.

“Esta es una crisis humanitaria creada por el hombre… Solo ahora las comunidades se están agrupando para preparar una agenda para el mes próximo, indicó.

La legislación, que permite a las autoridades interrogar a personas sospechosas de estar en el país sin permiso y detenerlas sin derecho a fianza, ha provocado el éxodo de familias, de trabajadores de la construcción, jardinería y del campo y la ausencia de una importante cantidad de estudiantes hispanos en las escuelas públicas.

Mary Bauer, directora legal de la organización Southern Poverty Law Center (Bufete de Abogados para los Marginados del Sur) ubicó en 2.285 la cantidad de estudiantes hispanos ausentes de las escuelas el primer lunes tras la aprobación de la ley, advirtió no poseer una cifra más actualizada pero precisó que algunos han vuelto a clases posteriormente.

La presidenta del Consejo Nacional de la Raza Janet Murguía dijo que varias organizaciones actualmente analizan cuál sería la mejor respuesta a la ley de Alabama, donde un boicot como el aplicado a Arizona “no tendría el mismo efecto. Son circunstancias diferentes, y no está claro en este momento qué sería lo más conveniente”.

Una corte federal de apelaciones bloqueó la semana pasada de forma temporal parte de ley de inmigración de Alabama, considerada la más estricta en Estados Unidos, al disponer que ese estado no puede obligar a las escuelas a que verifiquen la condición migratoria de los estudiantes.

La Corte de Apelaciones del 11mo circuito emitió su fallo ante la impugnación a la ley que presentó el gobierno del presidente Barack Obama, el cual argumento que la normativa podría tensar las relaciones con países latinoamericanos.

La asesora legal de la Unión Estadounidense para los Derechos Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) Joanne Lin exhortó al Instituto de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) la suspensión inmediata en Alabama de los programas 287(g) y Comunidades Seguras.

“Hasta donde sabemos, DHS (refiriéndose a las siglas en inglés del departamento de seguridad nacional) no ha alterado en absoluto su operación en Alabama, y actualmente sigue procesando para deportación a personas que han sido arrestadas o identificadas según la misma ley que el Departamento de Justicia ha impugnado como anticonstitucional”, agregó Lin.

“Estos son programas federales que implican cooperación con policías locales y estatales. Pero ahora con la nueva ley, es claro que la policía de Alabama ya no puede seguir siendo un socio confiable para DHE en la implementación de prioridades federales”, dijo.

Comunidades Seguras autoriza a los policías municipales a procesar las huellas dactilares de los detenidos en varias bases de datos federales para determinar si la persona se encuentra ilegalmente en el país, mientras que el 287(g) permite a los policías locales indagar el estatus migratorio de los detenidos en las cárceles.