Lío en casas para ex prisioneros de El Bronx
NUEVA YORK – Los 70 residentes de dos casas de El Bronx administradas por un programa de viviendas para ex prisioneros y ex drogadictos que buscan reintegrase a la sociedad, podrían ser desalojados de sus viviendas debido a un conflicto que mantienen desde hace cuatro meses el casero y la encargada del programa.
Mientras el casero, George Carvajal, acusa a la encargada del programa Hope Wisdom and Serenity, Ivette Rodríguez, de no pagar el alquiler desde hace cuatro meses, ella acusa a Carvajal de no reparar el inmueble.
En medio del conflicto están los 70 residentes, quienes aseguraron que ellos sólo quieren un lugar tranquilo donde empezar una nueva vida, y debido al problema no sólo se sienten “acosados” por el casero, sino que también, debido al incumplimiento de Rodríguez con el pago de los servicios, ya ConEdison les ha cortado la electricidad en dos ocasiones y por la falta de reparaciones tienen que vivir con paredes y piso en mal estado y baños con filtraciones.
Uno de los residentes perjudicados es Julio Rivera, de 32 años, quien está en libertad condicional tras cumplir dos años de cárcel por un caso de droga, y consiguió la habitación donde reside con otros tres hombres a través del Hunts Point Multi Service, donde participa en un programa de terapia de grupo para superar su problema.
“Yo soy electricista de profesión y debido a mis antecedentes penales me he sentido discriminado a la hora de conseguir empleo”, dijo Rivera. “Cuando uno sale de la cárcel lo único que uno quiere es un sitio tranquilo donde vivir y una oportunidad de trabajo para reintegrarse a la sociedad. Welfare paga nuestro alquiler a Rodríguez y ella le paga al casero y si ellos tiene problemas deberían resolverlo para que nosotros no salgamos perjudicados”, agregó Rivera.
Las casas, localizadas en el 1018 y 1020 de la avenida Woodycrest, tienen entre las dos 18 habitaciones, y son propiedad de L. Carvajal Properties.
George Carvajal dijo que en el contrato de alquiler con Rodríguez se establece que ésta debe pagar, además de $10,000 por el alquiler de las dos casas, los servicios de electricidad, agua y recogida de basura.
“Y ella ya me debe $40,000 por el alquiler y le debe $18,000 a la Ciudad por el servicio de agua, y ya le han cortado la electricidad en dos ocasiones por falta de pago”, aseguró Carvajal, quien acusó a Rodríguez de haber disuelto la organización mediante la cual recibe fondos gubernamentales, Hope Wisdom and Serenity.
“Lo que yo quiero es que ella (Rodríguez) me pague la deuda del alquiler y vuelva a registrar su organización con las autoridades, para que haya un control del programa que ella maneja”, dijo Carvajal.
En la División de Corporaciones del Departamento de Estado del Estado de Nueva York aparece la organización Hope Wisdom and Serenity como “inactiva, disuelta por proclamación y/o anulación de la autoridad”, desde el pasado 27 de julio de 2011.
Ivette Rodríguez se defendió diciendo que a Carvajal “sólo le importa el dinero y no se preocupa por reparar el inmueble”.
“Él (Carvajal) mantiene a estos residentes, que eran desamparados, en malas condiciones por no hacer reparaciones, porque a él sólo le importa el dinero”, dijo Rodríguez. “Hope Wisdom and Serenity asiste a estas personas con servicios que los ayudan a mejorar su vida, y aunque hemos tratado de negociar con Carvajal para que repare las viviendas ha sido imposible porque él sólo busca el dinero”, agregó.
Juan Rivera, de 48 años, un ex drogadicto que está en un programa de metadona para superar su adicción, manifestó que gracias a la asistencia de Rodríguez “me he mantenido fuera de las drogas”, y acusó al casero de “hostigar a los residentes con amenazas de desalojo”.
“Ivette ha venido tres veces a pagarle y él se ha negado a recibir el dinero del alquiler y no quiere negociar una salida”, dijo Rivera.
Carvajal no negó que Rodríguez ha querido pagarle, “pero sólo un mes de alquiler y con cheques que no son certificados”, y negó que no esté haciendo las reparaciones.
Nelson Echevarría y Axel Herasmo, dos de los residentes, dijeron que cada una de las partes debe cumplir con su obligación y resolver el conflicto en la Corte, lo que hasta el momento no ha ocurrido.