Alertan por nueva política de deportaciones

Denver/EFE – La revisión de miles de casos migratorios pendientes en cortes federales de Denver y Baltimore beneficiaría a ciertas personas al no verse forzadas a abandonar el país, pero por otra parte las dejaría en un “limbo legal” que les impediría regularizar su situación, indicaron varios dirigentes.

Durante una conferencia de prensa telefónica convocada por la Coalición de Colorado por los Derechos de los Inmigrantes (CIRC, por sus siglas en inglés) en Denver, Laura Lichter, presidente de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), afirmó que los inmigrantes deben informarse adecuadamente sobre la experiencia piloto en Denver y en Baltimore.

El pasado 25 de noviembre, el Gobierno federal anunció que las cortes de inmigración en esas dos ciudades habían sido elegidas para un programa experimental de seis semanas en el que los fiscales revisarán miles de casos migratorios (unos 7.800 en Denver y otros 5.000 en Baltimore) para determinar cuáles serán cerrados y cuáles seguirán abiertos.

La determinación se realizará según las nuevas políticas migratorias anunciadas en junio pasado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Justicia.

El nuevo procedimiento, conocido como “discreción de la fiscalía”, permite que la corte migratoria decida qué casos serán considerados como “de baja prioridad”, de modo que los recursos se enfoquen en otros casos.

Eventualmente, las lecciones aprendidas en Denver y en Baltimore se expandirán a más de 300.000 casos pendientes en todo el país, dijo Lichter.

La abogada estimó que sólo uno de cada 12 inmigrantes con casos pendientes ha sido formalmente acusado de algún delito, pero, dijo, eso no significa que los otros inmigrantes carezcan de antecedentes penales, sino que esa información aún no forma parte del correspondiente archivo.

“La discreción de la fiscalía puede aplicarse en cualquier momento, al inicio de los procedimientos o al final. La discreción de la fiscalía significa que las autoridades deciden cómo usarán sus recursos, pero no significa que ningún caso sea completamente cerrado”, afirmó Lichter.

Por eso, dijo, ella prefiere hablar de “casos congelados”, ya que si el inmigrante comete algún crimen o si se detecta alguna otra irregularidad migratoria, el caso podría reabrirse.

Además, los inmigrantes con casos “congelados” no reciben visas, tarjetas de residencia, ni permisos de trabajo.

“La discreción de la fiscalía tiene aspectos positivos, ya que permite que ciertas personas que han vivido aquí durante muchos años, por ejemplo, desde muy niños, o que personas ancianas, o que víctimas de tráfico de personas o de violencia doméstica se queden en el país”, dijo Lichter.

“Pero la cancelación de audiencias de deportación no significa que se cancele la orden de deportación”, afirmó la abogada, por lo que los inmigrantes quedan en una situación en la que su caso no tiene una resolución definitiva.

“Eso es lo que me sucede a mí. Mi audiencia fue cancelada, pero no sé qué pasará con mi deportación. Estoy en el limbo. No puedo salir del país, pero tampoco estoy legalmente aquí. No puedo trabajar. No puedo hacer nada. Me siento inútil”, afirmó Raúl Cárdenas, un inmigrante mexicano que en 2002 se casó una estadounidense y desde entonces busca regularizar su situación.

En abril pasado, Cárdenas recibió su orden de deportación, que quedó cancelada a mediados de noviembre, tras una campaña nacional de la Iglesia Unitaria Universalista para llamar la atención sobre el caso.

Por su parte, Gerardo Noriega, de 21 años, un dirigente juvenil indocumentado que testificó en febrero pasado en la legislatura de Colorado a favor de oportunidades para estudiantes indocumentados, tiene un orden de deportación, que podría cumplirse incluso este mes, luego de un aplazamiento anunciado en mayo pasado.

“Llegué a este país cuando tenía 9 años. Soy realmente estadounidense. Pasé casi toda mi vida aquí. Este es mi hogar. Solamente quiero contribuir con el país y devolver algo de lo que recibí”, dijo Noriega.