Condenan a tres empresarios corruptos en Bogotá

Bogotá/EFE – Tres empresarios involucrados en un escándalo por contrataciones de obras públicas en Bogotá, que hizo caer al anterior alcalde la ciudad, fueron condenados ayer a siete años y cinco meses de cárcel cada uno, y un cuarto a seis años.

Fuentes judiciales informaron de que el juez Ignacio Martínez condenó a los hermanos Manuel y Miguel Nule y al primo de éstos Guido Nule a 89 meses de cárcel por peculado por apropiación, mientras que sobre Mauricio Galofre recayó una condena de 72 meses por el mismo delito.

Para el juez Martínez, no hay duda alguna de que los miembros del llamado Grupo Nule incurrieron en actos de corrupción por sobornos y otras anomalías dentro de una serie de contratos con el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y otras entidades.

Se trata de la primera condena a los Nule, quienes también están acusados de haber incurrido en los delitos de fraude procesal, falsedad en documento privado, concierto para delinquir y cohecho.

Los afectados solo han aceptado el delito por el que fueron condenados este jueves.

Los Nule y Galofre están recluidos en la cárcel bogotana de La Picota desde el 12 de abril pasado.

Los hermanos, su primo y el socio Galofre habían regresado a Colombia el 4 de abril tras permanecer algunos meses en el exterior, después de declararse en bancarrota y abandonar algunas obras por las que había recibido unos 500 millones de dólares en anticipos.

Al parecer, el conglomerado recibió presiones y millonarias exigencias en dinero por parte de congresistas y funcionarios de la Alcaldía de Bogotá a cambio de ser favorecidos con las obras.

En el llamado “carrusel de la contratación” están también involucrados y detenidos el suspendido alcalde mayor de Bogotá, Samuel Moreno, y su hermano, el senador Iván Moreno, así como el excontrolador de cuentas de la ciudad Miguel Ángel Moralesrussi, y la exdirectora del IDU Liliana Pardo, aunque todos han negado las acusaciones.

Los Nule construían obras para el sistema articulado de autobuses de transporte público y otras infraestructuras en las calles y avenidas de la capital colombiana, cuando se declararon en quiebra y abandonaron el país en el primer semestre del año pasado.