Respiro para estudiantes indocumentados

Sigue a El Diario NY en Facebook
Respiro para estudiantes indocumentados
Estudiantes participan en una sesión del Comité de Educación Superior de Georgia donde se discutió sobre la medida que no permitía a los indocumentados acceder a colegios y universidades.
Foto: ap

Atlanta/EFE – Una propuesta de ley que pretendía negar el acceso de estudiantes indocumentados a las universidades públicas de Georgia fue diferida esta semana temporalmente en la legislatura luego de una audiencia pública en la que detractores de la misma abarrotaron la sala para exponer su oposición.

La propuesta HB59 buscaba exigir a las 35 universidades públicas del estado a verificar el estatus migratorio de todos los estudiantes que quisieran matricularse.

Durante la sesión, los legisladores escucharon más de una decena de emotivos testimonios de estudiantes y activistas que explicaron las consecuencias negativas que la medida tendría y tan solo uno a favor, el del activista a favor de restringir la inmigración ilegal, D.A. King, que indicó que esperaba que la medida se “haga ley y no sólo una política dentro del sistema universitario”.

La iniciativa fue postergada y sin fecha para ser retomada si ese fuera el caso.

Actualmente en Georgia existe una regla que limita el acceso de estudiantes indocumentados a cinco de las universidades públicas con cupo limitado.

La restricción, aprobada el pasado año por la Junta de Regentes de Georgia, da prioridad a residentes legales y ciudadanos que quieran estudiar en las cinco universidades públicas más prestigiosas del estado.

Las universidades que actualmente deben implementar la medida son Georgia College & State University, Medical College of Georgia, Georgia State University, Georgia Institute of Technology y University of Georgia, que de acuerdo con cifras de la Junta de Regentes de Georgia tenían en total a 29 estudiantes indocumentados registrados el pasado año.

Previo a la entrada en vigencia de esta política, las universidades públicas de Georgia permitían la matrícula de inmigrantes indocumentados, aunque éstos no podían recibir ayuda federal o estatal y debían pagar la tarifa reservada para quienes no son residentes del estado.