Gobierno firme contra la 287g

Secretaria de Seguridad minimiza su efectividad

Guía de Regalos

Gobierno firme contra la 287g
La Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Janet Napolitano.
Foto: Antonieta Cadiz

WASHINGTON, D.C.- La Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) Janet Napolitano, tiene tanta confianza en Comunidades Seguras, que ayer aseguró ante el Congreso que no seguirá expandiendo el programa 287g.

Este autoriza a oficiales locales y estatales a inspeccionar a personas para comprobar su estatus migratorio y les permite retenerlos por violaciones a leyes de inmigración, hasta que sean puestos bajo la custodia de autoridades migratorias.

“A la luz de la activación nacional de Comunidades Seguras, el presupuesto redujo el financiamiento para el programa 287g en 17 millones de dólares. El proceso de chequeo de Comunidades Seguras para identificar y deportar criminales extranjeros, es más consistente, eficiente y rentable”, dijo en su testimonio en el Congreso.

La Secretaria de DHS explicó que para implementar la reducción, el Servicio de Control de Inmigración (ICE), discontinuará los acuerdos menos productivos de 287g en aquellas jurisdicciones donde Comunidades Seguras ya está implementada. “También suspenderé la consideración de cualquier petición para nuevos grupos de trabajo sobre 287g”, detalló.

Organizaciones hispanas y pro inmigrantes tenían la percepción de que la agencia se inclinaría por esta dirección, aunque hasta ahora, no se ha realizado ningún anuncio concreto al respecto.

“Lo que se estaba viendo, es que las acciones que estaban tomando, indicaban una discontinuación de 287g y fortalecer Comunidades Seguras. Todas las señales estaban revelando eso”, aseguró a La Opinión Clarissa Martínez, directora de inmigración y campañas del Consejo Nacional de la Raza.

Comunidades Seguras se encuentra activo en 71% del país, es decir en 2,274 jurisdicciones de un total de 3,181. California tiene el 100% de 46,660 zonas activadas, a pesar de la oposición a nivel local de áreas como San Francisco.

Después de serias controversias respecto al carácter optativo del sistema, el gobierno dejó claro que no existe opción de eludirlo. El programa ingresa las huellas dactilares de personas detenidas, en jurisdicciones suscritas a él y las contrasta con las bases de dato federales del FBI y DHS, para indagar sobre el estatus migratorio.

“El presupuesto considera la implementación nacional de Comunidades Seguras. Esta es una herramienta importante en los esfuerzos de enfocar los recursos de control de inmigración en las personas con alta prioridad, que amenazan la seguridad pública”, dijo Napolitano.

Legisladores de Alabama como Robert Aderholt (R) cuestionaron ayer a la Secretaria del DHS, respecto a por qué el programa se ha implementado sólo en 55% de las jurisdicciones del estado.

Napolitano por su parte, explicó que el programa estaba siendo disputado en las cortes por grupos que lo califican como injusto.

El gobierno debe responder todavía a las recomendaciones del grupo de trabajo sobre Comunidades Seguras, presentadas en un reporte difundido el año pasado. Fuentes al interior del Congreso esperan que se realice un anuncio al respecto, en las próximas semanas. Sin embargo, pocos creen que se puedan acallar por completo, las críticas respecto a este sistema. Sobre todo considerando que personas como Arturo Venegas, ex jefe de la Policía de Sacramento, renunciara al grupo de trabajo antes de entregar las recomendaciones. El aseguró que esto no arreglaría las fisuras del programa.

“Estamos preocupados por las ofensas de tráfico menores. Esperamos que si se realiza alguna decisión sobre el grupo de trabajo, DHS elimine este tipo de infracciones de Comunidades Seguras. Una decisión como ésta sería substancial”, explicó a La Opinión Marshall Fitz, director de política migratoria del Centro para el Progreso Americano.

“Esto alienta a la policía local a enfocarse en ciertos conductores y luego usar violaciones menores de tráfico como un pretexto para revisar su estatus migratorio”, agregó.

El grupo de trabajo también insistió en que las víctimas y testigos de crímenes domésticos no deben ser objeto de medidas policiales, que permitan su ingreso a Comunidades Seguras.